El Gobierno de Javier Milei aplicó desde sus inicios un fuerte recorte del gasto público y una revisión de todas las contrataciones del Estado, que derivó en numerosos despidos. Ahora, la vicepresidenta Victoria Villarruel aplicará el control del presentismo en el Senado.
Se trata de una práctica “anti ñoquis”, en referencia a aquellas personas que perciben un sueldo por un trabajo que en la práctica no realizan, como la misma funcionaria calificó en sus redes sociales, donde mencionó: “Damos inicio a la época de caza de ñoquis”.
De esta manera, desde la semana que viene se llevará a cabo un proceso de reempadronamiento de los empleados para instalar el mecanismo de control de acceso y presentismo. Será mediante huella dactilar.
Comenzará el próximo lunes y se extenderá por un plazo de 40 días, con fecha de finalización el 19 de julio. Cuenta con el acuerdo de la Asociación del Personal Legislativo (APL), principal gremio del Congreso que conduce Norberto Di Próspero.
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En los próximos días, los empleados del Senado deberán completar un formulario con la actualización de sus datos personales. Alcanza a todos los trabajadores comprendidos en el estatuto del empleado legislativo. Solo quedarán exceptuados los integrantes de la planta transitoria que cumplan funciones en los despachos de los legisladores.
De esta manera, se controlará el presentismo mediante la lectura de datos biométricos, que ya está vigente en la Cámara de Diputados y que en el Senado fue instaurado en 2018, pero se suspendió en 2020, como consecuencia de la pandemia de coronavirus, cuando Cristina Kirchner lo presidía.
El caso es que una vez finalizada la pandemia y levantadas las restricciones, el control de ingreso y de presentismo nunca volvió a ponerse en marcha. Además, también desapareció casi en su totalidad la base de datos de las huellas dactilares. El Senado cuenta en la actualidad con una planta cercana a los 4700 empleados entre permanentes y transitorios.
La decisión de volver a controlar el presentismo se suma a la creación de una comisión especial que tiene como objetivo realizar un “análisis integral de los recursos humanos” y revisar los nombramientos de los dos últimos años de CFK al frente de la Cámara Alta.
Al respecto, los gremios del Senado rechazaron la iniciativa y se negaron a integrar la comisión. Incluso uno de ellos, APL, presentó una impugnación formal, ya que consideran que la decisión de revisar nombramientos en la planta de personal va en contra del estatuto de los empleados del Congreso. Allí, aseguran, se garantiza estabilidad una vez superado el año de antigüedad.
