La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Neuquén logró interponer una traba a la aplicación de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, cuya reglamentación dio a conocer el Gobierno este lunes, lo que disparó una serie de cuestionamientos y demandas judiciales en todo el país.
La jueza María Victoria Bacci avaló el pedido de los estatales neuquinos e hizo lugar a la cautelar presentada por el apoderado del gremio en la provincia, Juan Kairuz. Hasta tanto haya una sentencia definitiva, Bacci ordenó a la provincia que aplique las normas locales de los convenios colectivos. Además, pidió citar al Estado nacional.
Para los trabajadores de ATE, el gravamen en su provincia afecta “grave e irreparablemente” sus derechos de forma “arbitraria e ilícita”. Además, afirmaron que avanza “ilegalmente” sobre las autonomías provinciales y municipales. Los estatales alegaron que todo el título V de la ley 27.743 no fue aprobado “conforme lo establece la Constitución” y que viola el principio de “progresividad” en materias de derecho social y económico.
“La normativa nacional, al pretender derogar leyes provinciales, y las normas de los CCT del sector público provincial que prohíben computar el 40% de los ingresos de los trabajadores estatales, fuerza a que la medida cautelar peticionada sea el un único medio para evitar la afectación de los ingresos de aquellos”, se lee en el fallo de Bacci, al que tuvo acceso LA NACION.
Los trabajadores fundamentan la urgencia del pedido al sostener que el Estado Provincial debe pagar el suelo de los trabajadores en los próximos días y que estos “sufrirán un gravísimo menoscabo de no dictarse la cautelar peticionada”. Sobre el “carácter alimentario” del salario, posan la “imposible reparación” del perjuicio.
Según ATE, la provincia de Neuquén tiene la obligación “constitucional” de no aplicar la reglamentación del gravamen, para mantener las leyes provinciales.
Para las autoridades provinciales, que no presentaron reparos a la medida que impulsó ATE: “Existe una fuerte presunción contraria a su compatibilidad con la Constitución Nacional y con los pactos internacionales de derechos humanos que consagran el principio de progresividad”.
