El diputado provincial (MC) del PJ, quien promovió la denuncia en 2015, celebró el fallo del Tribunal Oral Federal que condenó, entre otros, a la ex intendenta, Aída Ayala, y a Jacinto Sampayo. “Me parece que el monto de las condenas un tanto exiguo en comparación con el daño patrimonial al erario público de la ciudad de Resistencia, pero de todas maneras es un alivio saber que llegó la justicia ante un hecho de corrupción aberrante”, consideró.
Cabe destacar, además, que la ex jefa Comunal quedó inhabilitada de por vida para el ejercicio de las funciones públicas.
Sanchez recordó que, tras obtener la documentación respaldatoria, impulsó la denuncia en el año 2015, junto a un grupo de legisladores de la entonces bancada oficialista. Por esos tiempos Aída Ayala “no sólo era intendente de Resistencia, sino tenía pretensiones de llegar a la gobernación del Chaco”, subrayó.
“Hubo mucha tardanza en orden al juzgado competente, pero luego tuvo un importante impulso cuando, ya en el juzgado federal, fue llevada adelante por el fiscal Patricio Sabadini, a quien reconozco por su trabajo, como también el de la jueza Zunilda Niremperger”, remarcó el ex legislador.
IRREGULARIDADES
Sánchez celebró que se haya dictado condena ante un “hecho de corrupción muy marcado” a través de lo que fue la empresa PIMP y el manejo de la recolección de residuos de la ciudad de Resistencia. “Hablamos de un contrato no sólo leonino para los intereses de la ciudad de Resistencia, sino que incluso abarcaba el mandato constitucional de Aída Ayala y excedía el de Capitanich; tal es así que recién durante la gestión de Gustavo Martínez el Municipio pudo desprenderse de PIMP”, señaló.
En ese sentido, apuntó que “era una empresa que ni siquiera tenía registro ante la AFIP, no tenía ni un camión ni un empleado, pero insólitamente se le concedió un contrato millonario para la recolección de residuos con sobreprecios que fueron determinados ahora en esta causa judicial”. “Se avasalló todo tipo de legislación y ordenanzas, llevándose por delante toda la legislación imperante en materia de contrataciones”, indicó.
En síntesis, el impulsor de la denuncia consideró que “si bien hubo que esperar, la justicia llegó y sienta un precedente para que nunca más, sobre la base de un servicio público que debe ser eficiente, se pretenda esconder un escandaloso hecho de corrupción”.
