Con la idea de dar una “sensación de seguridad” ante la ola de robos con gran impacto en la opinión pública, la Policía del Chaco viene desplegando en la provincia operativos a los que englobó como “Operativo Generalato”. Oficialmente se informó que el mismo consiste en el control vehicular e identificación de personas. Sin embargo, por sus características, son nada más que las típicas razzias policiales, arbitrarias e inconstitucionales que se vienen replicando desde el inicio de la actual gestión.
En cada ocasión, estas aparatosas intervenciones, desproporcionadas y de escasa efectividad, concluyen, paradójicamente, con una gran cantidad de personas demoradas, las cuales en su enorme mayoría son por contravenciones o faltas menores, con la seria sospecha de que hayan sido inventadas para justificar las detenciones. En las imágenes que difunde la Policía se puede confirmar incluso a quiénes apuntan: varones jóvenes, morochos y de barrios vulnerables. Es decir, el típico perfil que el “olfato policial” (y vecinal) califica de sospechoso.
Para muestra, basta con detallar lo informado por la prensa de la Policía del Chaco los días 7 y 8 de septiembre pasado. En el primer operativo, se detalló que, durante la madrugada, los efectivos de la Dirección General de Seguridad Metropolitana controlaron 841 motocicletas e identificaron a 880 personas.
Detuvieron a un hombre por infracción del Código Penal (no especificaron el delito) y a 51 personas por contravenciones (tampoco aclararon cuáles). En lo que respecta a secuestros, los agentes incautaron nueve motos, cantidades ínfimas de marihuana, 30 envoltorios de cocaína con un peso de 21,8 gramos, un celular, una “tuca” (el último tramo de un cigarrillo de marihuana), una pipa, una bicicleta rodado 29 y la suma de 192 mil pesos. Para llevar a cabo el procedimiento, hubo una coordinación general entre 200 efectivos que trabajaron en conjunto, además de 31 móviles, 72 motocicletas, un filmador y un drone.
En tanto que el 8 de septiembre, también en el marco del “Operativo Generalato”, se informó que se realizaron recorridas en barrios del Gran Resistencia, conforme lo dispuesto por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Hugo Matkovich. Casi 600 motocicletas fueron controladas, siete de ellas incautadas por no contar con las documentaciones correspondientes.
Unas 500 personas fueron identificadas mediante el Si.Ge.Bi. para corroborar que no presenten alguna causa pendiente con la Justicia. Además, 40 personas fueron detenidas por diferentes contravenciones y 26 “bochitas” de cocaína con un peso total de 8 gramos fueron incautados a un joven quien también poseía 73 mil pesos. Por otro lado, secuestraron un celular y una hidrolavadora e iniciaron actuaciones judiciales por “Supuesta Investigación Actuada” para determinar sus procedencias.
Principio de legalidad
Ante estos operativos de dudosa legalidad que se vienen promocionando intensamente en los medios del Chaco, la Defensora General Adjunta, Gisela Gauna Wirz presentó el lunes sendos pedidos de informes, dirigidos al Ministro Matkovich y al Jefe de Policía, Fernando Romero. Solicitó que se brinde detalles respecto del “Operativo Generalato”, a través del cual se vienen informando sobre un “creciente número de personas identificadas y demoradas por contravenciones”.
Puntualmente, pidió la remisión del instrumento respectivo a fin de poder conocer sus objetivos, la determinación clara y precisa de las personas que deban ser identificadas, puestas a disposición de los Juzgados de Faltas y momento que se producen dichas notificaciones, así como cualquier otra directiva.
Asimismo, pidió que se facilite a la Defensoría General las cifras desde que el mencionado operativo fue puesto en marcha con relación a la cantidad de personas identificadas y contraventoras, con mención expresa de la comisaría y fecha a la cual las mismas fueron trasladadas.
Gauna Wirz explicó que el pedido de informes obedece a que se ha constatado por parte del Ministerio Público de la Defensa que “se ha omitido en varias oportunidades dar aviso a la autoridad judicial de turno, y a que han sido desestimadas causas contravencionales por no contar con los presupuestos mínimos para que pueda considerarse que existió una contravención, como así también, a que las personas que son ‘identificadas’ responden generalmente al estereotipo de ‘hombre joven, pobre y morocho’ (etiquetamiento social)”.
“Cabe destacar que la labor desplegada por la policía en nombre de la seguridad de la población, debe ser respetuosa del principio de legalidad, que no es un formalismo inútil, sino que evita que impulsos paranoicos, moralistas u oportunistas sobre la criminalidad desborden los límites del derecho penal y se conviertan en populismo punitivo, donde no se cuestiona validez moral y jurídica de las medidas con tal de ganar legitimidad política”, remarcó la Defensora General Adjunta.
Además, subrayó que es sabido es que a “menor estado social y económico le corresponde más Estado policial” y que “el dolor institucional se convierte en la continuación del dolor provocado por la pobreza, la violencia y marginación. También, a mayor etiquetamiento de grupos de personas, mayor el pánico y racismo hacia estos grupos”.
Destacó que “el control social se puede efectuar a través de socializar e integrar a los jóvenes y no de marginarlos y etiquetarlos”. Y finalizó con una recomendación para los integrantes de la policía chaqueña: “Sean debidamente capacitados a fin que al momento de llevar a cabo sus funciones de detención e investigación no influyan sus prejuicios, estigmas y sesgos cognitivos y respeten en todo momento los derechos humanos de las personas y el Estado de derecho en general”.
