Algo es seguro en el esquema que Maximiliano Pullaro concibe para reformar la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. El momento de hacerlo habrá de resolverse antes del final de este año. Y la integración venidera del máximo tribunal no se va a ultimar con la ubicación de candidatos propios. «La que viene no va a ser la Corte de Pullaro», dice el gobernador.
No hay quien no acepte que la oportunidad histórica para producir el reemplazo de una Corte Suprema de seis miembros, de muy fuerte gravitación en la vida de los santafesinos y escasa visibilidad, es inmejorable. Cinco de sus seis miembros tienen más de 75 años que es el límite de edad fijado por la Constitución Nacional con acuerdo legislativo. La capacidad de resistencia de los actuales ministros, aunque se espera, está reducida no por lo que dice el DNI sino por la fortaleza política del colectivo que tienen enfrente. El gobernador tiene un holgado control en las dos cámaras de la Legislatura. Pero la Corte actual ha sido un factor decisivo como garante de un establishment político, especialmente los senadores de la provincia entre otros factores institucionales de menguado prestigio y legitimidad, pero vivos.
En las mesas reducidas de planificación política del oficialismo el gobierno el plan de construir una nueva Corte estuvo el mismo 11 de diciembre. La dificultad no estuvo en empujar a los que se van sino definir a los que vienen. Que en principio serán siete ya que habrá modificaciones para introducir un miembro adicional que produzca desempate.
Paciente y silencioso constructor de su proyección nacional, Pullaro tiene muy fresco el antecedente de Gerardo Morales en Jujuy, que a diez días de asumir logró la ampliación de cinco a nueve miembros del superior tribunal de su provincia, a la vez que designó a cuatro relevantes dirigentes de su partido político como flamantes ministros. Ese camino no le interesa. Pero en su entorno sí buscarán que los nuevos miembros de la Corte santafesina acrediten no solo solvencia jurídica sino que puedan producir acciones de Estado coordinadas. Vale decir que no buscan técnicos sino también políticos. No necesariamente dirigentes de la política sino referentes que sepan moverse en política.
Pero Pullaro no solamente tiene que decidir nombres sino, con los nombres, qué modelo de Corte Suprema quiere. Y un rasgo fundamental de la que viene es si prefiere mantener o no el poder burocrático del máximo tribunal, que atraviesa la historia de la Corte y a sus propios ministros. Y que se constituye no con las facultades jurisdiccionales, esto es la capacidad de dictar las sentencias de última instancia, que son las esenciales del Poder Judicial. La que le da un poder enorme y corporativo son las facultades de gobierno y administración en la Justicia. En eso al menos hay varios legisladores que esperan cambios.
¿Quiere Pullaro mantener esas facultades en las manos de un puñado de personas no votadas regularmente por la ciudadanía? Si busca cambiarlo tiene que hacer algo que también está en agenda de muy corto plazo: reformar la Constitución de Santa Fe. Para esto habrá que definir cómo se construyen los consensos políticos. Que deberían ser más amplios que entre cuatro paredes como parece en la melodía del presente para cambiar a los cortesanos.
El reto que tiene Santa Fe es si para su venidera Corte prevé, como empezó a pensarse en la Constitución Nacional del 94, autonomizar las funciones de gobierno de las decisiones judiciales superiores básicamente el dictado de sentencia. Tradicionalmente no hubo en Santa Fe, hasta la gestión del socialista Hermes Binner que empezó a enunciarla, una mirada crítica a las funciones de gobierno del Poder Judicial, las que les permiten manejar recursos económicos y personal, de manera legal pero muy discrecional. En todos los gobiernos peronistas previos la Corte santafesina fue una corporación que autogobernaba la Justicia. Las decisiones del electorado, es decir las preferencias soberanas de la sociedad civil, no afectaban las capacidades de destinar plata del Poder Judicial porque a este lo gobierna una Corte inamovible y no el pueblo al votar un gobernador con sus mecanismos de administración y gobierno. Esta es una discusión que se irá tornando audible.
El debate de refundar la Corte viene parejo con el de rebanarle constitucionalmente sus excesos. Un grupo de académicos cercanos a las funciones políticas tantea la desmesura del máximo tribunal santafesino. «Ser cabeza política de un poder del Estado, ser muy pocos, dominar los juris con seis votos sobre diez, manejar un enorme presupuesto y dictar sentencias de última instancia es una seria concentración de poder no acorde al modelo republicano», dice uno de ellos.
Con sus fallos más conspicuos, la Corte actual en Santa Fe es el reaseguro del statu quo político. En los últimos dos años le han permitido a un histórico referente legislativo, el senador peronista Armando Traferri, eludir las imputaciones por corrupción avaladas por jueces distintos, privilegio que no tuvieron Cristina Kirchner ni Mauricio Macri, que fueron investigados en funciones sin ser desaforados. La inmunidad de arresto estaba garantizada. La Corte le aseguró no ser investigado mientras sus pares senadores, que se negaron a hacerlo, no lo habiliten.
También fue muy ruidosa una resolución reciente de la Corte Suprema en favor del poderoso empresario Sergio Taselli, imputado por una causa de grave daño ambiental por derrame de material tóxico en su empresa Petroquímica Capitán Bermúdez, 15 kilómetros al norte de Rosario. Esa demanda tiene perspectivas de reparaciones multimillonarias y penas de prisión para sus responsables. La Corte intervino en el caso de manera intempestiva en una resolución intermedia, sin que el proceso hubiera llegado a su fin o existiera sentencia definitiva, en una medida que favoreció a Taselli. Que un tribunal superior abriera un recurso de queja sin gravamen irreparable es inédito. También lo hicieron que como hubo empate 3 a 3 la Corte nombró un juez ad hoc para desnivelar. Ese conjuez desequilibró a favor del fuerte empresario sin que la Corte hubiera notificado a la fiscalía nunca del empate en este caso, de la fecha del sorteo de ese conjuez, ni tampoco la asignación del mismo.
La Corte en 2022 también falló en favor de la validez de que la Legislatura se haya otorgado a sí misma las facultades disciplinarias a los fiscales. Eso ocurrió en ocasión de que cinco senadores fueran denunciados por manejos irregulares con subsidios, pesquisa que estaba en manos de un fiscal, Sebastián Narvaja, que terminó denunciado por un abogado allegado a un senador. Un claro cambio legal para proteger al establishment que el máximo tribunal avaló por 4 votos a 2. Una jueza advirtió que era un claro caso de amedrentamiento para inmovilizar a fiscales que, con el nuevo esquema, se lo pensarían bien antes de impulsar pesquisas que tocaran intereses de legisladores.
La relación del presidente de la Corte de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, con el senador Traferri es muy estrecha. A tal punto que el hijo de Gutiérrez alcanzó el cargo de secretario Legislativo en el Senado durante la gestión de Omar Perotti. Gutiérrez encabezó efímeramente por el NES, un grupo peronista lidago a Traferri, una precandidatura que mandó a medir para gobernador en 2020.
Los otros ministros que provienen del peronismo son María Angélica Gastaldi, que fue tres veces legisladora partidaria, y Roberto Falistocco, ex secretario de Asuntos Legislativos del gobernador justicialista Víctor Reviglio. Y Eduardo Spuller, impulsado a la Corte por Carlos Reutemann. Sus votos suelen unirse junto al de Mario Netri, en votaciones que reflejan las expectativas de los poderes formales que tienen mayor gravitación en la provincia. Netri, quien ya anunció su retiro, llegó al máximo tribunal impulsado por el radical Horacio Usandizaga en pacto con Reutemann.
A estos cinco miembros de la Corte en principio los deja afuera sus más de 75 años. Y en base los invitarán a dar un paso al costado que casi con certeza resistirán con amparos por la permanencia. El gobierno provincial tiene muy presente que la Constitución fija a los 65 años y que el acuerdo Legislativo puede prorrogar 10 años más. Y que el precedente imperante es el llamado fallo Schiffrin que establece a los 75 años el límite para la función judicial. Algo que dicen en el pullarismo queda revalidado con el caso de Ana María Figueroa, camarista de Casación Penal, quien no consiguió acuerdo del Senado y debió acogerse a la jubilación.
¿Qué pasa si pese a esto hay resistencia? En el gobierno provincial no vacilan: juicio político y disputa frontal. Tienen en cuenta que cinco de los seis ministros ya tramitaron sus jubilaciones. Pueden dar pelea pero desde sus propios actos, afirman en el oficialismo, son conscientes de que están en tiempo de descuento.
«Se tienen que ir sin chistar, con la dignidad de la edad cumplida y con un retiro incomparable. Si se van ahora se jubilan con sueldos que llegan hasta los 12 millones de pesos y en unos meses con la reforma jubilatoria eso va a bajar a 9 millones con nuevos topes. Si son inteligentes salen ahora y se aseguran tres palos», en clave material y en lunfa un funcionario del círculo rojo de Pullaro.
Eso prefigura los argumentos legales y políticos. «No pueden hacer un zigzag con todo para justificar cualquier cosa. Cuando defendieron a Traferri para hacerlo esquivar una imputación judicial, los ministros se basaron en el principio de los fueros de la Constitución provincial por encima de la Nacional. Ahora que les conviene se hamacan para el otro lado con amparos y lo que vale es lo que dice la Constitución nacional. En el medio del desprestigio de la Justicia y de su ineficiencia, un mínimo sentido de la coherencia y la dignidad no haría mal», le dice a LPO.
Un amparo para mantenerse en sus cargos implicará que los supremos santafesinos ganen tiempo. Que será de cualquier cosa, menos de paz. El sexto ministro de la Corte, Daniel Erbetta, está en una posición relativa diferente. Tiene 70 años por lo que puede mantenerse en su cargo. No obstante en el oficialismo hay miradas enojosas hacia él que no se aplacan por el paso del tiempo. Esto porque como presidente del Tribunal Electoral de la Provincia el año pasado dictaminó la incorporación del voto a partir de los 16 años en Santa Fe para elecciones provinciales cuando el proceso del comicio estaba en su último tramo. «Acá hubo gobernadores que ganaron por un puñado de votos. Si alguien salía abajo por 1.500 votos se iba a abrir un proceso interminable de demanda y todo porque se incorporaban de golpe 65 mil votantes en la provincia», deslizó un legislador.
