La Sala Contencioso Administrativo Federal N° 7 a cargo del juez Walter Lara Correa obligó a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a retomar los planes vigentes de seguridad alimentaria «de manera cabal, estricta y sin dilación o interrupción alguna». Lo cual significa que la funcionaria deberá reactivar la llegada de mercadería a los comedores y merenderos pertenezcan o no a organizaciones sociales.
La decisión provino luego que dirigente Juan Grabois impulsase una acción colectiva contra la ministra a través del Centro de Estudios Legales y Sociales -CELS- para que cumpla con los convenios sobre entrega de alimentos que Pettovello suspendió alegando que existían graves irregularidades.
Lo cierto es que la justicia ahora lo obliga a retomar la ayuda alimentaria de manera inmediata aunque le reconoce la facultad de «reestructurar, revisar y auditar la ejecución de los diferentes programas y/o planes» como también la potestad de crear nuevos programas «complementarios» para garantizar la alimentación de los sectores más excluidos de la sociedad.
El fallo significó un duro golpe a la resistencia de Pettovello de enviar alimentos a los comedores bajo el argumento de irregularidades y en el entorno de Grabois no descartan que el gobierno apele la medida la próxima semana.
«La ministra tiene la facultad de auditar todos los comedores pero mientras tanto, tiene la obligación de suministrar los alimentos a los sectores más vulnerables que son los que asisten a los comedores y merenderos», explicaron a LPO desde el entorno del dirigente social.
Lo cual, insiste el juez, no trae aparejada la imposibilidad del ejercicio del poder de policía que detenta la autoridad de contralor sobre los comedores y/o merenderos «preinscriptos» y/o «matriculados».
A su vez, Walter Lara Correa obliga al Estado Nacional, a través del Ministerio de Capital Humano «presentar un informe mensual acerca del desarrollo de las políticas públicas vinculadas con los comedores y/o merenderos, que tiene por finalidad la satisfacción del colectivo que allí asisten y la cantidad de población beneficiada discriminada por su ubicación geográfica».
Lo más grave es que los programas de ayuda alimentaria ya cuentan con partidas presupuestarias que se están subejecutando a la vez que su incumplimiento significa la violación de compromisos internacionales como el Programa de Naciones Unidas.
Ante el fallo, Grabois explicó en su cuenta de X que «desde el mes de diciembre distintos espacios comunitarios dejaron de recibir alimentos para sus comedores. Por eso, en el mes de febrero iniciamos esta acción así como también denuncie penalmente a la ministra».
«La medida cautelar es un paso importante para que se cumplan las partidas presupuestarias ya asignadas para los programas de alimentación a través de los comedores y se ejecuten los fondos entregados por el Programa de Naciones Unidas».
«Esta decisión judicial llega en un contexto en el que, según los propios datos oficiales, la pobreza aumenta y el empleo cae y se vuelve más precario», concluyó Grabois.
