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La ciudad de Resistencia avanzará con un proceso de titularización de los inmuebles en donde funciona bomberos voluntarios

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El intendente Gustavo Martínez recibió a referentes de Bomberos Voluntarios San Fernando y de Bomberos Voluntarios Zona Sur, para coordinar un proceso que permita la titularización de los terrenos municipales en donde funcionan sus cuarteles, con el objetivo de optimizar la prestación de ese servicio vital para la comunidad.

En una reunión gestionada por Gustavo Doldán, titular de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Resistencia, el Jefe comunal reconoció la gran labor que llevan adelante los bomberos voluntarios en forma desinteresada, con un fuerte compromiso y vocación de servicio.

En ese marco, el intendente Martínez manifestó que la inquietud presentada por esos servidores generó la necesidad de que la Ciudad analice la situación y comience a generar los mecanismos pertinentes para la titularización de estos inmuebles, lo que permitirá que estas asociaciones civiles puedan acceder a beneficios de créditos y subsidios para equipamiento, para formación y para logística que son indispensables para el servicio tan fundamental que prestan diariamente.

“Nos vamos a comprometer desde esta gestión a trabajar junto a ellos para lograr que crezcan y se consoliden estos cuarteles”, manifestó Martínez, señalando a su vez, la preocupación de los vecinos por permanentes focos de incendio registrados por día. “Hay que apostar a la formación de más de un centenar de operarios, algo que será indispensable para la vida de la Ciudad”, señaló.

BRINDAR RESPALDO A UN SERVICIO FUNDAMENTAL

Doldán aseguró que desde ese organismo se realizó una presentación sobre un pedido de propiedad para los cuarteles de bomberos. “Ellos prestan un servicio muy importante hacia nuestra comunidad y esto nos facilitaría mucho la adquisición futura de créditos y de otras iniciativas que los bomberos requieren realizar. Como por ejemplo una escuela de cadetes, una escuela de suboficiales y de disponer del predio para su entrenamiento correspondiente”, explicó. 

“Esto redunda en beneficio de los 500 mil habitantes de la Ciudad, que todos los días vemos que tenemos focos ígneos y debemos seguir invirtiendo en la capacidad de nuestros bomberos. Y esto tiene un costo y una inversión. Y creo que debemos darles un respaldo como ciudadanos, como Defensoría, para que ellos puedan seguir instruyéndose y principalmente seguir defendiendo los intereses de la comunidad”, consideró el ombudsman local.

También participaron de la reunión: Cristian Federico Godoy, presidente de Bomberos Voluntarios San Fernando; Américo Arias, presidente de Bomberos Voluntarios Zona Sur; el comandante mayor de Bomberos Voluntarios Zona Sur, Carlos Roberto Prono; y la jefe de Cuerpo Bomberos Voluntarios San Fernando, oficial principal María Gómez.

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El Senado convirtió en ley el proyecto que refinancia las deudas de las provincias con Anses

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La Cámara de Senadores convirtió este viernes en ley por unanimidad, en el marco de una sesión especial, el proyecto de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Sistema Integrado Previsional, que contempla la refinanciación de las deudas que las provincias tienen con la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).

El expediente obtuvo el respaldo tanto del oficialismo como de la oposición durante la segunda sesión de la semana, debido a que en la víspera la Cámara alta también se abocó al análisis de otras iniciativas de ley.

El proyecto de defensa de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema integrado Previsional Argentino contempla la refinanciación de las deudas que las provincias tienen con la ANSES.

Uno de los principales ejes de la iniciativa establece que 21 de las 24 jurisdicciones (las que no firmaron el acuerdo con el gobierno de Mauricio Macri fueron Santa Fe, Córdoba y San Luis) podrán renegociar los préstamos otorgados con el respaldo del FGS con un bono a mediano y largo plazo, y mientras se desarrolle la negociación no se le descontarán fondos de la coparticipación.

Otro punto clave es que se cambia el sistema de financiamiento de la ley de Reparación Histórica para evitar que para pagar el retroactivo se utilicen los activos del FGS, y se fija que deberá ser cubierto con recursos del Tesoro Nacional.

El expediente establece que habrá un plazo de ocho meses para negociar los préstamos entre las provincias y la Anses, que se cancelarán con un bono donde se definirán los vencimientos y en el que se tendrá en cuenta la suma del capital adeudado e intereses devengados y exigibles a la fecha de suscribirse el acuerdo de refinanciación.

Se determinó que la deuda en concepto de capital se cancele íntegramente al vencimiento, mientras que los intereses se pagarán con una tasa del 1 por ciento anual y se calcularán sobre el capital, que será ajustado con la tasa que rige para los plazos fijos, en lugar del CER como se había establecido en el proyecto original del Gobierno.

También introduce cambios en el mecanismo de financiamiento del pago de la Reparación Histórica a jubilados sancionado durante el gobierno de Cambiemos, para evitar la venta de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

En ese sentido, el proyecto fija que no se podrán vender activos del FGS para financiar el pago de los retroactivos de jubilaciones prevista en la ley de Reparación Histórica aprobada en la administración de Mauricio Macri, que ahora deberán ser abonados con fondos propios de Anses y del Tesoro nacional.

Además, se establece que el FGS deberá priorizar aquellas inversiones que tengan impacto directo en la economía real promoviendo la sostenibilidad del sistema previsional.

Con respecto a los créditos otorgados a jubilados, el proyecto determina que la Anses no podrá realizar una capitalización de intereses en los préstamos vigentes cuyos cobros hayan sido suspendidos a partir del 1º de enero de 2020.

También establece que la reanudación del cobro de las mismas se hará desde la cuota siguiente que correspondía abonar al tomador del crédito del momento en que quedó suspendido el pago, respetando las condiciones financieras originales en las fue otorgado y con las modificaciones acordadas que favorecen al deudor.

La iniciativa también crea el Fondo Fiduciario Público “Programa de Inversiones Estratégicas” que tendrá como meta invertir en sectores estratégicos del Estado para generar empleo como política de desarrollo económico en pos de la sostenibilidad de la economía real.

Durante la sesión de esta tarde, el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, el pampeano Daniel Lovera, afirmó que “este proyecto pretende alterar la fuente de financiamiento, haciendo que los mismos sean soportados con los recursos del SIPA y con las reasignaciones presupuestarias que determine el Ministerio de Economía”.

“De ese modo podemos cubrir a los beneficiarios de la reparación y preservar los recursos direccionándolos a su principal objetivo”, explicó Lovera y agregó que “se trata de un paso necesario para lograr un sistema previsional fuerte y solidario”.

En tanto, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el cordobés Carlos Caserio, aseguró que la iniciativa busca “jerarquizar el Fondo de Garantías de Sostenibilidad” como “una estrategia muy significativa que es bueno para ANSES y los jubilados”.

“El horizonte que tenemos por delante es construir una Argentina inmensamente productiva que deje de lado todo el sistema especulativo que debe ser canalizado por otro lado”, afirmó el legislador mediterráneo.

Por su parte, el senador bonaerense Esteban Bullrich, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, aseveró que el FGS “sigue la tendencia de la Argentina: cuando a la Argentina le va bien, al fondo le va bien y viceversa. Pero esta ley no basta”.

“Debemos pensar que estamos frente a un sistema que es deficitario y esa condición debe ser atendida, porque sino el fondo nunca va a alcanzar”, agregó el senador de Juntos por el Cambio.

Por último, Bullrich defendió la fórmula del cálculo de las jubilaciones aprobadas durante el gobierno de Mauricio Macri y que la administración de Alberto Fernández decidió suspender.

“El gobierno está ‘defaulteando’ a los jubilados por no seguir la fórmula que se sancionó en algún momento. El oficialismo puede decir que piensa en los jubilados futuros, pero no en los presentes”, añadió el senador bonaerense.

A su turno, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, el radical Luis Naidenoff, defendió la política previsional del gobierno del ex presidente Mauricio Macri, al argumentar que “parecería ser que, según el oficialismo, el derrumbe del FGS nace con una decisión política de la reparación histórica”.

“La decisión del destinar el dinero del blanqueo a la reparación no fue una mala decisión política”, afirmó Naidenoff.

Si bien elogió la decisión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de incorporar al sistema previsional a millones de jubilados que no registraron aportes, Naidenoff advirtió que “no puede ser lo mismo quien aporta que quien no aporta: tal vez hubiera sido mejor que quienes ingresaron al sistema tuvieran un beneficio inferior a la mínima de quien aportó durante 30 años”.

Finalmente, el jefe del bloque oficialista, José Mayans, recordó que cuando terminó el gobierno de Fernández de Kirchner, el FGS tenía un valor de 65 mil millones de dólares y que cuando Macri dejó el poder “había caído a 35 mil millones de dólares”.

“Por el camino se les cayeron treinta mil millones de dólares. El equivalente a las reservas argentinas. Eso fue producto de muchas arbitrariedades”, concluyó Mayans.

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Rechazan reabrir la causa por supuesto enriquecimiento ilícito contra Cristina Kirchner

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La jueza federal María Eugenia Capuchetti decidió no reabrir la causa por supuesto enriquecimiento ilícito contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien en 2009 había sido sobreseída por el entonces juez federal Norberto Oyarbide.

La decisión de la magistrada se produjo luego de que la Unidad de Información Financiera (UIF), única querellante en el caso, desistiera del recurso con el cual el mismo organismo había reclamado durante el gobierno de Mauricio Macri que se reabriera la causa.

“Tendré por desistida su pretensión de nulidad por cosa juzgada fraudulenta y, consecuentemente, estaré a lo resuelto a fs.(fojas) 351/359 toda vez que actualmente no existe ninguna parte acusadora que reclame el resurgimiento de la acción penal”, sostuvo la jueza Capuchetti en el fallo al que accedió Télam.

El desistimiento de la UIF fue acompañado por la fiscalía a cargo de Eduardo Taiano por lo que, sin impulso de ninguna de las partes, la suerte del expediente quedó sellada.

A pesar de ello, la jueza emitió un fallo de 25 páginas en el que dejó algunas consideraciones sobre el eventual uso de la “cosa juzgada írrita”.

Se trata del expediente que se inició en julio 2009 por una denuncia presentada por el abogado Enrique Piragini basada en artículos periodísticos que indicaban que la entonces presidenta había incrementado su patrimonio en un 158 por ciento el año anterior, de manera injustificada.

A mediados de diciembre de 2009 se presentó en el expediente el informe contable del que participaron los oficiales de la Corte Suprema, María del Carmen Penedo y Alfredo Antonio Peralta, junto con el contador Víctor Alejandro Manzanares propuesto oportunamente por la defensa quienes concluyeron que el incremento patrimonial operado durante 2008 estaba debidamente justificado.

A partir de ese informe, el juez Oyarbide dispuso en su momento el sobreseimiento de Cristina Fernández y de quien fuera su marido, el también expresidente Néstor Kirchner.

El año pasado la UIF y la Oficina Anticorrupción solicitaron que esa decisión fuera declarada “fraudulenta” luego de que el ex juez declarara en el marco del caso de los cuadernos que había sufrido presiones para resolver rápido en relación a aquel expediente.

Los dos organismos públicos citaron también en sus respectivas presentaciones las declaraciones el contador Manzanares, en calidad de arrepentido, en la causa de los cuadernos cuando sostuvo que había dialogado con el juez Oyarbide sobre cómo debía ser el informe que debía presentar.

Sin embargo, tras el cambio de gobierno, la actual gestión de la UIF consideró que “no existe elemento alguno que permita conmover las sólidas bases sobre las cuales se asienta la cosa juzgada, por lo que mucho menos puede serle predicable el calificativo de írrita o fraudulenta” y que “aún si suscribiéramos jurídicamente a la doctrina (…) queda desierta cualquier hipótesis favorable para su aplicación al caso”, según reconstruyó la jueza Capuchetti en su fallo.

Al referirse a los tiempos de la causa y la eventual posibilidad de reabrirla, la magistrada remarcó que “la lucha contra los diversos tipos de criminalidad no debe darse sacrificando principios jurídicos básicos; aún en casos como el presente, en donde desde sectores de la opinión pública se intenta persuadir a la justicia a dirigir sus decisiones en un determinado sentido sin que se lleve a cabo un análisis jurídico crítico del caso o, incluso, dejando situaciones procesales inconclusas por largos períodos de tiempo en detrimento de los imputados”.

“Teniendo en cuenta que ésta causa fue iniciada hace más de 11 años, luce más que oportuno lo afirmado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a que si bien el principio de igualdad requiere que el tiempo razonable del proceso y la consiguiente limitación de derechos sean de pareja exigencia por parte de cualquier persona, deben cuidarse especialmente aquellos casos que involucran funcionarios públicos”, sostuvo la magistrada.

Y, en ese sentido, remarcó: “Pues en la sana lucha contra la corrupción y la deseable persecución de los delitos contra la administración pública no es admisible que aquellos principios se perviertan desviándose en un recurso lesivo a la democracia, mediante el sometimiento a una indefinida situación procesal a personas políticamente activas, con el resultado de excluirlas de la lucha política democrática”.

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Pichetto viajó a Entre Ríos para apoyar a la familia Etchevehere: “Juan Grabois es un problema para la Argentina”

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El ex senador y actual auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, se trasladó hoy hasta el frente de la estancia Casa Nueva, en Entre Ríos, para acompañar al dirigente rural y ex ministro de Agroindustria durante el gobierno de Cambiemos, Luis Miguel Etchevehere. Lo hizo en el marco del conflicto familiar que lo enfrenta con su hermana, Dolores, por la ocupación de un predio de 160 hectáreas por parte de militantes del referente de CTEP, Juan Grabois.

Para Pichetto, el dirigente social “es un verdadero problema para la Argentina” por “su pensamiento, su visión guevarista, y esta idea estúpida de la reforma agraria”. Ante la consulta de los medios presentes en el lugar, consideró que Grabois es un “protegido” del papa Francisco, y le pidió al Sumo Pontífice que “le ordene que deje de tomar tierras, porque afecta a la imagen del país”.Miguel Ángel Pichetto, junto a Luis Miguel Etchevehere y sus hermanos, frente a la estancia Casa Nueva (Franco Fafasuli)Miguel Ángel Pichetto, junto a Luis Miguel Etchevehere y sus hermanos, frente a la estancia Casa Nueva (Franco Fafasuli)

En la misma línea, el compañero de fórmula de Mauricio Macri en las elecciones presidenciales de 2019, señaló que Dolores Etchevehere “está encerrada (en el campo) con ocupantes ilegales y usurpadores” e insistió con sus críticas hacia la Iglesia, el presidente Alberto Fernández y el gobierno de Entre Ríos.

El presidente tuvo la oportunidad ayer, y dijo que era un problema de ricos. Esperábamos una defensa de las libertades, de la constitución, y me produce una gran decepción ese análisis superficial; hoy es esto, mañana otro campo, y después otro, y esto´produce una gran inestabilidad”, enfatizó.

Pichetto comparó la usurpación del predio de Casa Nueva con lo que sucede en Guernica, en la provincia de Buenos Aires, o en Villa Mascardi, “donde algunos se autodenominan mapuches”, y acercó a la familia Etchevehere el saludo personal del ex presidente Mauricio Macri.

“Vengo en representación de un espacio mucho más amplio, a traer el mensaje de Macri, de (Elisa) Carrió, de (Alfredo) Cornejo; planteo una solución pacífica, el respeto a ley, no a la violencia, la vicepresidenta ha convocado a un diálogo, ese diálogo tiene que nutrirse de la paz social y la no violencia”, agregó.

Tras el rechazo del juez subrogante de La Paz, Raúl Flores, al pedido de desalojo solicitado por la querella y el Ministerio Público Fiscal (MPF), las partes acusadoras apelaron y será la titular del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, Carolina Castagno, la que resolverá hoy el conflicto de la familia Etchevehere.

La audiencia en los Tribunales de calle Laprida al 200 comenzó hoy poco antes de las 9:30. El primero en hablar fue el fiscal Oscar Sobko. Con barbijo de manera preventiva, comenzó a exponer la situación. A su lado, con máscara, se encuentra la fiscal Mónica Carmona. La jueza Castagno, también con máscara, lo escucha atento. “Vinimos a solicitar el respeto y el cumplimiento del estado de derecho”, le dijo.

El silencio del gobierno es notable. Necesitamos un mensaje claro en torno a la ocupación ilegal de tierras en todo el país. Un mensaje conciso del gobierno y de la Iglesia. Necesitamos paz social”, subrayó el ex candidato a vicepresidente en su cuenta de Twitter.Share

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