En algo se parecen la marcha universitaria con el segundo paro general de la era Milei. Después de una demostración de fuerzas que hicieron millones de personas, la dirigencia que negocia con el gobierno pisa el freno de mano. El razonamiento que prima es el de enviarle un mensaje a Javier Milei, pero no ir a la confrontación directa ni incentivar en la calle el cuestionamiento al rumbo del gobierno. Al contrario, la intención es aprovechar la huelga que protagonizaron cientos de miles de trabajadores y tuvo un aporte decisivo de los gremios del transporte para darle tiempo a la ultraderecha de La Libertad Avanza.
Las diferencias de fondo entre los jefes sindicales y la realidad heterogénea de un mosaico laboral astillado sólo quedan de lado ante el espanto que genera la política económica de los paleolibertarios. Pero todo se da sobre un fondo en el que la mayoría del gremialismo ve a la sociedad todavía expectante y teme quedar a contramano del clima de época.
A la temperatura inestable de la calle se suma la confusión política. En la CGT repiten que ellos no pueden suplir la ausencia de liderazgo político y el vacío de poder que domina a la oposición a Milei, con el PJ en el rol de espectador y el viejo kirchnerismo entregado a una incomprensible pelea interna, que lo aleja cada vez más de la realidad.
Si algo une a los sectores moderados del sindicalismo es la certeza de que la dirigencia política del peronismo especula y se borra después de la derrota electoral. La excepción es Cristina Ferámdez de Kirchner, a la cual la cúpula de la CGT quiere ver superada por nuevas voces desde hace una década.
El problema para los negociadores como Héctor Daer es que del lado de Milei no hay nada para ofrecer salvo malas noticias. Eso lleva a que incluso dirigentes como Andrés Rodríguez y Gerardo Martínez -la construcción cayó 42,2% en marzo- avalen medidas de fuerza que siempre prefirieron evitar. Mientras la brutal recesión provoca cada días nuevas suspensiones y despidos, la dirigencia sindical prevé que los conflictos más duros serán contra el regreso del Impuesto a las Ganancias. «Una cosa es no tener algo, otra cosa es perderlo después de que te lo dieron hace seis meses», dice un sindicalista del viejo moyanismo que ve el presente como un deja vu de los años noventa.
Es lo que acaba de advertir Gustavo Idígoras, el presidente de la poderosa CIARA-CEC. Según los números de la cámara que reúne a las grandes cerealeras, en medio de la temporada exportadora, la huelga general le costó al sector 7 millones de dólares en concepto de multas porque las agencias marítimas penalizan con 100 mil dólares a cada barco que no sale a tiempo. Mucho para el agronegocio; poco si se compara con lo que pierde la Argentina por el derrumbe de la actividad que incentiva el gobierno.
El líder de los Aceiteros Danie Yofra expresa el reverso de Idigoras. Dice que la huelga fue «imponente y eficaz» porque los sindicatos que tienen impacto económico pararon al 100 por ciento contra el gobierno de empresarios que preside Milei. Yofra contradice la lógica que prima en gran parte del liderazgo sindical. «Tenemos mucha más fuerza de lo que nosotros mismos pensamos. El deber es organizar esa bronca para enfrentar al gobierno», dice.
La reforma laboral que negociaron a través de Miguel Ángel Pichetto con el secretario de Trabajo Julio Cordero -ex jefe del Departamento Jurídico de Techint- dirigentes como Daer y José Luis Lingieri no sólo extiende el período de prueba, elimina indemnizaciones y legaliza el fraude laboral, sino que golpea el nivel de afiliación de gremios con el invento del «trabajador independiente con colaboradores». Hasta Armando Cavalieri, el prematuro aliado de Sandra Pettovello, lo sufre en el ámbito de comercio, uno de los más golpeados por la crisis.
Entre los datos salientes de la huelga, un activista sindical afirma que hubo un alto nivel de adhesión en las fábricas con bajo nivel de organización. Para los que están registrados bajo convenio, es imposible ser indiferente a la agresividad del plan Milei y la desaceleración de la inflación que festeja el gobierno es hija de la recesión que agiganta la amenaza del desempleo.
El gobierno de extrema derecha denuncia una extorsión de los que se escondieron con la escalada inflacionaria que marcó la retirada del peronismo y se ampara en la realidad de los millones de trabajadores precarios que viven en la informalidad desde hace años, sin ser representados por las centrales sindicales. Sin embargo, el paro no debería leerse desconectado de un cuadro general en el que las pymes salen a la calle en defensa de la industria que cayó en marzo el 21,2% interanual, el abandono estatal genera un accidente de trenes en la línea San Martín y en Santiago del Estero un grupo de vecinos incendia la sede de la Empresa Distribuidora de Electricidad (EDESE) en repudio a los aumentos de tarifas.
A casi 900 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, Quimilí está marcada por los contrastes de las zonas ligadas al agronegocio. Es un pueblo donde la soja impulsa un alto nivel de vida para un sector, mientras el comercio vive una crisis abrupta, producto del derrumbe de la actividad económica y la suba de tarifas. Según el intendente de la localidad, Diego Pinto, los vecinos y comerciantes que se organizaron para no pagar recibieron facturas que oscilan entre un millón y dos millones y medio de pesos. Lo mismo se vive en otras ciudades de Santiago como Los Juríes y en otras provincias argentinas.
Es temprano para saber si el descontento expresa espasmos aislados en medio de la transformación que pretende Milei o se asemeja al malestar que creció hasta arruinar el sueño del reformismo permanente que tenía Mauricio Macri.
La contracara del rechazo a Milei la expresó el mismo día del paro Alejandro Bulgheroni en el Alvear Palace Hotel del barrio de Recoleta. De mayor afinidad histórica con el radicalismo que el resto de su familia, el presidente de Pan American Energy no ahorró elogios para el ex panelista y dijo que es el primero en 60 años que tiene claro las problemáticas y las soluciones. Abajo lo aplaudía su esposa Bettina Guardia, flamante embajadora de la marca País libertaria.
Con intereses en sectores estratégicos de la economía, Bulgheroni y Paolo Rocca son dos de los grandes defensores del Régimen Incentivo a las Grandes Inversiones que ofrece beneficios extraordinarios para inversiones que superen los 200 millones de dólares en minería, petróleo y gas. Como parte de su expansión, el Grupo Techint se desplaza desde su negocio industrial a las actividades extractivas a las que antes les proveía insumos. La inversión en el yacimiento Fortín de Piedra de Vaca Muerta durante los años de la resolución 46 de Aranguren fue un redituable primer paso. Ahora, el imperio de la familia Rocca se perfila para ingresar en una nueva etapa basada en el litio. En octubre del año pasado, Tecpetrol compró Alpha Lithium, una canadiense que cotiza en Bolsa y explora salares con alto potencial en el norte argentino.
En el Congreso afirman que el RIGI puede permitirle a los grupos locales asociarse con multinacionales para acceder al financiamiento que les resulta más esquivo, después de haberse endeudado bajo Macri y haber cancelado parte de esa deuda gracias a los dólares baratos que les facilitó el autodestructivo Frente de Todos.
Fundar es una de las organizacionesque denuncia la inviabilidad del RIGI, el proyecto que diseñó un reconocido abogado corporativo. La entidad que preside Martin Reydó advierte que, con el objetivo de atraer inversión extranjera directa, se inaugura un régimen de excepción por un plazo de 30 años. Otorga fabulosos beneficios impositivos para unos pero renuncia a desarrollar sectores productivos locales, como hacen Chile con el litio o Indonesia con el níquel.
Se trata de un régimen a medida que se lleva 70 de las 182 páginas que tiene la Ley Bases. Rebaja la alícuota de Ganancias del 35% al 25%, fija retenciones cero a todas las exportaciones que surjan de las inversiones y reduce a cero el arancel para la importación de bienes de capital y maquinarias que pueden ser usadas. Además, autoriza a no dejar un solo dólar en el país a partir del tercer año de la inversión, el momento en el que por lo general los proyectos empiezan a madurar. Por último, renuncia a la jurisdicción nacional porque otorga a las empresas el derecho a acudir directamente al CIADI para arbitraje.
Fundar hizo una primera estimación de cuánto dejaría de percibir el estado nacional si se aprueba la ley Bases. Bajo la suposición de que se acogen al RIGI seis proyectos de litio y cuatro de cobre, sólo en el sector minero el Estado perderá de recaudar nada menos que 9000 millones de dólares.
«Se les está dando a las empresas más de lo que pedían», dice un consultor de diálogo permanente con las compañías interesadas en el negocio. Con él coincide a su manera un empresario de buena relación con el kirchnerismo que está interesado en el tema: «Los otros no te querían dar nada, estos te regalan todo», dice.
El arsenal de beneficios para las grandes compañías es tan grande que sólo reconoce un antecedente similar, la Ley de Inversiones Mineras 24.196 que sancionó el menemismo hace 31 años y se mantiene vigente. Sin embargo, el director del área de Recursos Naturales de Fundar, Carlos Freytes, dice que la aprobación del RIGI sería todavía peor. De acuerdo a su visión, el criterio del nuevo régimen responde a un consenso perimido, que desde hace años ya no existe.
Hoy el contexto es el de la competencia geopolítica global entre Estados Unidos, China y la Unión Europea por el acceso a los minerales críticos que son necesarios para la transición energética y tiene a grandes compañías de todo el planeta con los ojos en Argentina. En un tablero en el que se intenta dejar atrás una matriz energética basada en hidrocarburos para pasar a otra basada en electricidad y energías limpias. Eso aumenta la demanda de minerales como el litio, el níquel, el cobre, el cobalto y las tierras raras.
Para recortar la distancia que le lleva China, Joe Biden avanza con la Agenda 2030, Estados Unidos despliega la Critical Mineral Mapping Initiative y los representantes de países africanos y latinoamericanos discuten en seminarios con organismos como el Banco Mundial y la OCDE como hacen los países de la periferia global para aprovechar el momento, generar recursos fiscales y regular los daños al medio ambiente. «Hay una gran oportunidad para la región. En este contexto, no tiene ni pies ni cabeza, rifar recursos estratégicos y no renovables», afirma Freytes.
El noventismo tardío de Milei no aplica para hoy. Al contrario, puede resultar un error estratégico. Fundamentalista de mercado, el presidente no repara en un contexto global que podría aprovechar: quedó claro en Los Ángeles, cuando vendió a la Argentina como la nueva meca de Occidente y reeditó las selfies con Elon Musk.
El lobby de las grandes compañías penetra en la dirigencia política y el peronismo se divide ante una ley que tiene como principal damnificado al Estado argentino. Los gobernadores como el catamarqueño Raúl Jalil y el sanjuanino Marcelo Orrego creen que tienen una oportunidad porque esperan aprovechar el espacio fiscal que cede el Estado nacional para cobrar impuestos provinciales a las compañías que inviertan en los proyectos que están frenados desde hace varios años. Sin embargo, dos artículos de la Ley Bases, el 163 y el 192, funcionan como un cerrojo contra esa posibilidad.
La votación en el Senado es, de todas maneras, un enigma. Después de que Martin Lousteau, el resbaladizo Edgardo Kueider y el santacruceño José María Carambia dejaran a Milei sin dictamen, en la oposición afirman que los operadores de LLA están desesperados para juntar los votos. Los industriales metalúrgicos de ADIMRA irán al debate en comisión con la advertencia de que el RIGI pone en peligro 300 mil puestos de trabajo ligados a la producción nacional. Hasta el salteño Juan Carlos Romero, aliado fundamental de Victoria Villaruel, se permitió algunas críticas en las últimas reuniones. Pobre jamoncito debería evitar que la vicepresidenta eleve la tensión con su hermana, a días del 25 de Mayo.
