Nicolás Maduro quiere aprobarla ya. La llamada “Ley Contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares” que impulsa la Asamblea Nacional busca imponer nuevas reglas para la futura participación política en Venezuela. El objetivo es claro: inhabilitar a cualquier dirigente o partido que tenga expresiones afines a esa ideología totalitaria. Pero la oposición afirma que se trata de una táctica más del chavismo para criminalizar y silenciar a la oposición.
De hecho, el gobierno acusa hoy de fascista a la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), liderada por María Corina Machado y que reivindica su triunfo en las elecciones presidenciales del 28 de julio.
De aprobarse la ley, según temen dirigentes de la oposición, todos los partidos que conforman esa alianza podrían ser inhabilitados. Hoy el chavismo se inclina a considerar fascista a todo aquel que no concuerde con sus posiciones ideológicas y no acepte el contestado triunfo de Maduro en los últimos comicios.
“Esta ley actúa como un instrumento para criminalizar la disidencia y limitar la participación política, debilitando las garantías electorales y el espacio para la sociedad civil. Al prohibir reuniones políticas y sancionar a quienes apoyen medios independientes, el régimen busca silenciar a la oposición y transformar a los ciudadanos en súbditos sumisos. Están intentando instalar un totalitarismo. Por ello es fundamental que la comunidad internacional reconozca la ley por lo que realmente es: una amenaza directa a la democracia y los derechos fundamentales”, dijo a TN Elisa Trotta, la exrepresentante en la Argentina del autoproclamado expresidente venezolano Juan Guaidó.
Qué busca la Ley Contra el Fascismo
La oposición denuncia que este proyecto busca facilitar la ilegalización de los partidos políticos opuestos al oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y el llamado Polo Patriótico, conformado por varias agrupaciones chavistas como una alianza electoral. Pero no solo eso. También asegura que la ley servirá para prohibir manifestaciones y hasta para cerrar medios de comunicación.
“Es una táctica más de la dictadura chavista para consolidar el poder del régimen de Nicolás Maduro”, afirmó Trotta.
Tras la proclamación oficial de Maduro como ganador de las elecciones, en medio de denuncias de fraude de la oposición y de gobiernos de la región, como el de Javier Milei, el chavismo reprimió las protestas callejeras y detuvo a más de 2200 personas. La violencia causó 25 muertos. Maduro y la dirigencia opositora se acusan mutuamente y se responsabilizan de esas muertes.
En ese escenario de creciente tensión, el presidente ordenó cercar a la oposición no solo con arrestos e intimidaciones. También puso en marcha un paquete de medidas legislativas para acorralar a cualquier disidencia interna. El primer paso fue la aprobación de una ley para regular las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), como hizo Vladimir Putin en Rusia.
La Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Organizaciones Sociales, aprobada por el Parlamento, prohíbe a esos grupos no oficiales recibir aportes económicos destinados a organizaciones políticas o realizar aportes económicos a dichas formaciones, así como promover el “fascismo, la intolerancia o el odio”. Además, establece como causales de disolución el incumplimiento de estas prohibiciones, declarado por decisión judicial, y la falta de pago de cualquier multa impuesta “de conformidad con esta ley, una vez agotados los recursos judiciales disponibles”.
Edmundo González Urrutia, el abanderado presidencial de la PUD, dijo que se trata de “un peligroso instrumento de censura y arbitrariedad que atenta contra los derechos humanos y obstaculiza el camino que nos hemos trazado a una transición democrática”.
Ahora, es el turno de la Ley contra el Fascismo.
Qué dice la Ley contra el Fascismo
Maduro ordenó acelerar la aprobación de esta ley “porque Venezuela tiene que ser un país de leyes, de instituciones, de respeto a la Constitución, a la ley y a la paz”.
La norma está compuesta por 30 artículos. En concreto, contempla una serie de sanciones contra quienes realicen actos que las autoridades juzguen como “fascistas, neofascistas o expresiones similares”. Los que caigan en esa percepción podrían recibir una multa o ser condenados a prisión. Las penas oscilarían entre 8 a 12 años de cárcel para quienes impulsen actos de violencia y entre 6 a 10 años para aquellos que hagan apología del “fascismo”. Para el caso de los partidos políticos, el castigo es su disolución.
También se prevén sanciones para medios de comunicación. En ese caso, se revocará la concesión a los canales de televisión o emisoras de radio que difundan mensajes “fascistas”.
El gobierno argumenta que sectores opositores “acuden a la violencia como forma de acción política, contrariando abiertamente los postulados constitucionales que, entre otras cosas, protegen el ejercicio democrático de la voluntad popular”.
“El presente proyecto de ley busca establecer los medios y mecanismos para preservar la convivencia pacífica, la tranquilidad pública, el ejercicio democrático de la voluntad popular, el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, frente a expresiones de orden fascista, neofascista o de similar naturaleza que puedan surgir en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela”, reseña el proyecto.
El chavismo suele poner como ejemplo de actitudes “fascistas” el frustrado golpe de Estado que sufrió Hugo Chávez en abril de 2002. En esa ocasión, la asonada logró remover por varias horas del poder al fallecido exmandatario venezolano. Entre los dirigentes que acudieron al Palacio de Miraflores tras la asonada se encontraba María Corina Machado.
Pero también cataloga como “fascistas” las masivas protestas populares, motorizadas por la oposición y reprimidas por el gobierno, de 2014 y 2017, y las actuales manifestaciones masivas contra la proclamación de Maduro como ganador de las elecciones, en las que no presentó siquiera un acta electoral que avalara su triunfo.
El proyecto plantea prohibir las reuniones o manifestaciones que hagan apología del fascismo, neofascismo o expresiones similares, una definición vaga que puede llevar a la justicia, que la oposición asegura que está cooptada por el chavismo, a cualquier disidente y a todas las agrupaciones opositoras.
La investigación estará a cargo del Ministerio Público, en manos del combativo fiscal general Tarek Saab, un férreo defensor del gobierno que ha advertido con imputar por asesinato a Machado por las 25 muertes ocurridas durante las recientes protestas.
La eventual cancelación del registro de partidos políticos “fascistas” será potestad del Consejo Nacional Electoral (CNE), el mismo que ha proclamado a Maduro presidente sin mostrar las actas electorales. Pero la decisión final de disolverlos quedará para la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
