La Justicia requirió los ingresos a la Casa Rosada y a la AFI y las llamadas entradas y salientes de Fabián Rodríguez Simón, sospechado de encabezar una mesa judicial para perseguir opositores y funcionarios judiciales durante el gobierno de Mauricio Macri.
El fiscal federal Franco Picardi busca conocer si existieron amenazas que forzaran la renuncia de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó.
El fiscal de Seguridad Social Gabriel de Vedia había confirmado el año pasado en el Senado que “Pepín” Rodríguez Simón le dijo en la Casa Rosada que si la entonces procuradora no renunciaba la “metería presa” junto a sus hijas.
La causa que investiga el accionar de la denominada mesa judicial está a cargo de María Eugenia Capuchetti, por eso Picardi le pidió a la jueza medidas de prueba para conocer los ingresos y egresos de Rodríguez Simón a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos durante 2016 y 2017.
Además el fiscal federal busca establecer si el ex asesor judicial de Macri visitó la Agencia Federal de Inteligencia en el mismo período. Para eso también le pidió a Capuchetti que solicite a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) un análisis de las llamadas entrantes y salientes de Rodríguez Simón.
Otra ex funcionaria que aparece involucrada en la causa es Ana Polero, cercana al ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich. La empresa Nosis confirmó que Polero, ex agente de la AFI, consultó en 2016 la base de datos de la compañía para obtener información sobre Gils Carbó y su hija, Damiana Alonso.
