Dos enviados de Mauricio Macri y Horacio Rosatti confluyeron en una actividad pastoral de la Iglesia, cuyo impulso remite directamente al Papa Francisco, frente a la preocupación de jueces, fiscales y curas villeros ante el avance del narcotráfico en los barrios populares.
Convocados por Monseñor Oscar Ojea, titular de la diócesis de San Isidro, el procurador bonaerense, Julio Conte Grand, hombre de Macri, coincidió con Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, en una jornada de discusión en el predio de la parroquia San José en San Justo.
La actividad reunió a más de 1500 personas, pertenecientes a organizaciones sociales, y también contó con la participación de la defensora de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, y los jueces de la Casación Alejandro Slokar y Ángela Ledesma. La jornada se inscribió en la misma línea de la convocatoria lanzada por el Padre Pedro en la Semana de Mayo, informada por LPO, bajo el nombre de Pastoral Judicial.
Fuentes del Poder Judicial resaltaron que este evento se produjo al cabo de una semana complicada para el gobierno por las tres derrotas parlamentarias sufridas, con la Bicameral de Inteligencia, la anulación del DNU de la SIDE en Diputados y la aprobación de la movilidad jubilatoria en el Senado. «La Iglesia, el Poder Judicial y las organizaciones sociales le están diciendo al gobierno que donde se retira el Estado avanza el narco», sostuvieron.
La presencia de Conte Grand y Robles, representantes de Macri y Rosatti, constituyen un mensaje en sí mismo al gobierno. El líder del PRO envió esta semana a sus legisladores a voltear el DNU de los fondos reservados ideado por Santiago Caputo y mandó a apoyar el aumento de las jubilaciones, que luego reprochó. En tanto, la discusión del pliego de Ariel Lijo en la Cámara Alta también podría leerse como un signo de alerta para el máximo tribunal, donde la postulación del magistrado y el abogado Manuel García-Mansilla para integrar la cabeza del Poder Judicial había caído mal cuando la Casa Rosada hizo el anuncio.
«La agenda fue propuesta por los habitantes de las barriadas, quienes alertaron por la crisis social que los golpea: falta de trabajo y de alimentos, criminalización y represión de los niños y la expansión del narco no solo en lo que hace a la problemática de la droga, sino como proveedor de trabajo, comida y servicios al interior de los barrios marginales, profundizando la fragmentación del tejido social», afirmó a LPO uno de los organizadores.
En ese sentido, Conte Grand asumió su responsabilidad como cabeza de uno de los poderes de la provincia. «Es imprescindible destacar la necesidad de proteger a los más chicos, a los más vulnerables porque son los que más nos necesitan y este Ministerio Público tiene ese mandato desde que yo presté juramento en el año 2016», reconoció.
Graham, por su parte, enfatizó: «Esta semana tuve que llegar hasta la Corte Suprema de Justicia para que, después de 7 meses, el Estado reparta los alimentos para que la gente pueda comer». Según la defensora, «la demanda que se escucha en los barrios es que falta justicia y acá nos convocaron para sensibilizarnos y ponernos en frente de las narices a la gente que sufre las consecuencias».
Ledesma aprovechó la ocasión para rechazar que se imponga prisión perpetua a menores, mientras que Slokar consideró que «la justicia, ante todo, es un derecho, esencialmente de los más débiles». «Frente a las penurias de una crítica situación social, que muestra luces de máxima alarma, un mínimo ético-juridico es atender lo más frágil, como en un naufragio: mujeres y niños primero», completó.
Ojea llamó a pensar «dinámicas de trabajo que contribuyan a sacar a los chicos de las drogas y las adicciones, en esta situación de abandono de un Estado activo que facilita el poder de los narcos, que está creciendo cada vez más en los barrios». «Sigue siendo importante un Estado activo», dijo el religioso, en contraposición con la narrativa del gobierno.
