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Los radicales ahora se dividen por la decisión de la Corte Suprema de presidir la Magistratura

Negri pide que vuelva a presidir el organismo, pero algunos de sus dirigidos se oponen. También lo rechazan en Evolución. El PRO sí la acepta. El rol del Gobierno.

La nueva conformación del Consejo de la Magistratura se convirtió en otro tema de discordia en Juntos por el Cambio, porque mientras sus referentes legislativos impulsaron la vuelta de la Corte Suprema a la conducción del organismo, hay quienes se oponen, presentaron sus proyectos y están dispuestos a abrir el debate.

Uno es el radical Fernando Carbajal, ex juez federal de Formosa y enemigo del gobernador Gildo Insfrán; y otro es de autoría de Carla Carrizo, que integra el bloque Evolución, referenciado en Martín Lousteau. La coalición cívica también tiene presentado uno similar, pero está dispuesto a revisarlo para no abrir otra grieta interna.

Si para abril no hay una ley sancionada volverá la vieja composición de la Magistratura, con el presidente de la Corte al frente del organismo encargado de seleccionar y juzgar a los jueces. El Gobierno se resiste a su retorno, la dejó afuera de su proyecto enviado al Senado y tiene la chance de negociar un texto alternativo con un sector de la oposición desde la semana que viene, si incluye el tema en sesiones extraordinarias.

 

La Magistratura debe cambiar su composición antes de abril a partir de un fallo de la Corte que la declaró inconstitucional por no cumplir el artículo 114 de la Constitución, que solicita un equilibrio de representación de los órganos políticos, los jueces y los abogados, con participación académicos y científicos.

Si para abril no hay una nueva ley, la Magistratura vuelve a la vieja composición, con la Corte en la presidencia. El radical Carbajal y Carrizo, de Evolución, creen que no es conveniente. Elisa Carrió piensa lo mismo pero está dispuesta a negociar.

Por la ley que rige desde 2006 está integrado por seis legisladores (3 por cámara), tres jueces, dos abogados, un académico y un representante del Poder Ejecutivo. Para cumplir con el fallo, el proyecto del gobierno agrega dos abogados, un juez y un académico, pero deja afuera a la Corte, que lo presidía hasta la reforma ahora anulada.

El jefe de la UCR Mario Negri fue el primero en pedir que vuelva a ocurrir: el 12 de enero presentó un proyecto para que  la Magistratura tenga 20 asientos y la presida el titular de la Corte, Horacio Rosatti. Los otros serían el representante del Ejecutivo, 8 legisladores, cuatro abogados, cuatro jueces y dos académicos de facultades de derecho.

Fernando Carbajal, diputado de la UCR.

 

 

 

“Hay que terminar con el vicio acarreado de la ley de 2006, que estableció un predominio de los estamentos políticos sobre los no políticos”, señaló el cordobés. “¡Es una chupada de medias a la Corte!”, lo definió el diputado oficialista Rodolfo Tailhade, su ex compañero en la Magistratura.

 

 

 

Uno de los tesoros que tiene la presidencia de la Magistratura es la administración de los fondos del Poder Judicial. Para el diputado Pablo Tonelli, del PRO, lejos de ser una concesión, es preferible que la Corte vuelva a acaparar los presupuestos tribunalicios para evitar confusiones.

“Hace unos años no hubiera pedido que la Corte volviera. Pero ahora sí, para resolver este problema presupuestario que tiene al Consejo sin poder pagar los sueldos y a la Corte con plazos fijos”.

 

Esto ocurre, explica el diputado, porque hay un decreto de Néstor Kirchner que le permite a la Corte recibir sus fondos y al parecer sobran. “Además, serviría para atenuar las disputas internas entre políticos o jueces, en las que cada uno defiende a los suyos”, agregó Tonelli, autor de otros de los proyectos de la oposición.

 

Los demás no tienen a la Corte adentro y podrían servirle al oficialismo para iniciar una negociación, aunque iniciadas las gestiones, la presión de los referentes de Juntos no tardaría en llegar.

De hecho, en la colación cívica ya avisaron que olvidarán el que presentan todos los años y excluye al máximo tribunal de la Magistratura. “En 2010 votamos con la oposición una ley con el Presidente de la Corte adentro. Si es por generar consenso, no tenemos problemas”, aclaró a LPO el jefe de la bancada Juan López.

No es el caso de Carabajal, que le informó a Negri de su proyecto y está a dispuesto a dar el debate, incluso con el oficialismo. “Esta ley tiene que salir por unanimidad, sino no sale”, explicó a LPO.

 

 

“Es una cuestión de orden practico: es imposible que una misma persona sea presidente de la Corte, de la magistratura y dicte falles en el tribunal. Lo que pasa es que termina ejerciendo un delegado sin funciones”, sostuvo quien fuera juez federal de Formosa hasta diciembre.

 

 

 

Su proyecto, de todos modos, es el más disruptivo: propone un consejo de 7 miembros, con un juez, un abogado, tres diputados y un científico. “El Senado y el Ejecutivo participan de los procesos que inicia la Magistratura por lo que no necesitan representación”, explica.

 

La iniciativa de Carrizo la presenta cada año desde 2017, es anterior al fallo de la Corte y debería adaptarse a las proporciones exigidas, pero parece más votable para el oficialismo. Propone cuatro jueces, ocho legisladores, cuatro abogados, un representante del poder ejecutivo y un académico.

 

En el bloque Evolución, que preside Rodrigo De Loredo y referenciado en Lousteau, ratifican que no creen necesario el retorno de la Corte. “Efectivamente no creemos que sea indispensable que presida el Consejo”, señalaron fuentes de la bancada a LPO.

Remarcaron que pelearán además por la paridad de género (presente en varios proyectos) y porque los representantes de legisladores no tengan que ser abogados sí o sí. Esos temas pueden ser escuchados por el Gobierno. Si la Corte queda afuera.

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