La Casa Rosada propone la disolución del marco legal para la coordinación del Estado sobre las exposiciones televisivas de los candidatos. Actualmente, participan los que superan el piso de votos del 1,5% en las PASO.
El Gobierno propone cambios en los debates presidenciales, eliminar los espacios de publicidad y recortar los fondos del Estado para las campañas electorales en la reforma que enviará al Congreso. El Ejecutivo analiza convocar a sesiones extraordinarias para impulsar su tratamiento. “Está bajo análisis, no está definido, pero queremos que se trate este año”, expresó a TN un alto funcionario.
Se trata de un proyecto de ley que incluye tres propuestas: la derogación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), cambios en la composición jurídica de los partidos políticos (Ley 23.298) y modificaciones en su financiamiento (Ley 26.215).
La Casa Rosada propone la disolución del marco legal para la coordinación del Estado de los debates presidenciales. Según la ley actual, los participantes se eligen a través del piso de votos del 1,5% en las PASO. La mesa técnica de Balcarce 50 no tiene en carpeta una propuesta para reemplazar el régimen que buscan desregular.
“La idea es dejarlo liberado a la coordinación de los candidatos porque no hay forma de elegir quién participa y quién no. Si se aprueba el proyecto, se van a tener que poner de acuerdo entre ellos y hacerlo”, manifestó a este medio un integrante de Nación.
La propuesta del Gobierno incluye la eliminación de los espacios de publicidad para los candidatos electorales, que distribuye la Vicejefatura de Gabinete de Interior entre las agrupaciones políticas. Se trata de los espacios que brindan los medios y el Estado.
El Ejecutivo impulsa también la derogación de los aportes extraordinarios del Estado hacia los partidos políticos durante la campaña. Se distribuyen actualmente en proporción al total de electores de las veinticuatro provincias que eligen diputados.
La Casa Rosada mantendrá el Fondo Partidario Permanente para financiar el funcionamiento de los partidos políticos por fuera del cronograma electoral. Tiene una asignación presupuestaria de $2930 millones y se compone de multas que se recauden por el incumplimiento de la Ley 26.215, la liquidación de bienes de partidos políticos extinguidos, donaciones, reintegros partidarios y aportes privados.
El proyecto contiene también el aumento del límite de aportes privados en campaña: buscan elevarlo de $40.000.000 a $300.000.000 por persona jurídica. Proponen además eliminar el tope de gasto de los partidos políticos.
El Gobierno promueve la inscripción digital de afiliados junto al endurecimiento de las reglas de caducidad de los partidos. Quieren elevar del 2% al 3% el piso que deben tener en alguna de las dos últimas elecciones previas para continuar funcionando.
Apuntan a aumentar también de 5 a 10 los distritos en los que debe funcionar cada partido para calificar para el plano nacional. Pretenden reducir la composición actual, que comprende 49 partidos nacionales y 733 distritales. Impulsan también que cuenten con un mínimo de 35.000 afiliados.
Otra de las modificaciones que incluye el proyecto de ley es la extensión de los delitos electorales a las elecciones internas de los partidos. Contiene la incorporación de un fiscal a la Cámara Electoral y la posibilidad de que los partidos soliciten veedores judiciales.
La Casa Rosada busca también aumentar las multas a las irregularidades en el financiamiento de los partidos y prohibir los aportes de individuos procesados y vinculados al lavado de activos. Quieren además ampliar la posibilidad de que las agrupaciones tengan los fondos en bancos privados.
