La dinámica de las negociaciones salariales entró en una complejidad de difícil resolución, por un lado, por la crisis económica y, por el otro, por la propia impericia de un gobierno que justifica sus actos, generalmente, en la administración anterior y posterga las decisiones de fondo. Un poco de todo eso sucede en la paritaria de los choferes de colectivos, donde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) advirtió que, si el lunes próximo no se liquida el aumento salarial acordado, dispondrá un cese de actividades que dejará sin transporte público el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
El gremio, que encabeza Roberto Fernández, declaró el «estado de alerta y movilización» ante la advertencia de las cámaras empresariales, que informaron que no podrán pagar la suba salarial pactada porque el gobierno no gira los fondos, donde todos tienen un argumento válido, pero quién pagará los «platos rotos» será el usuario.
Tanto la UTA como los representantes de las patronales elevaron el reclamo al ministro de Economía, Luis Caputo, para que destrabe la situación, ya que hasta ahora fracasaron todas las gestiones realizadas tanto ante la secretaría de Transporte como de Trabajo.
Acuerdo entre el gremio y las empresas, pero «no hay plata»
En un comunicado, explicó que «frente a las declaraciones vertidas por los representantes del sector empresario, que indican el no cumplimiento del acta acuerdo firmada por las partes con fecha 02/02/2024 y que fuera homologada con fecha 19/02/2024, alegando no contar con fondos suficientes para ello por decisiones técnicas de la secretaría de Transporte, la UTA se declara en estado de alerta advirtiendo a la población que, de verificarse dicho incumplimiento, a partir del próximo lunes 8 del corriente se verá afectada la normal prestación del servicio en el área del AMBA».
Se estima que el cese de tareas no se aplicará a partir de la cero hora del lunes, sino que la representación gremial esperará ver si se paga el aumento y, a partir de allí, podría disponer el paro desde la media mañana o el medio día. También está en duda la duración de la medida de fuerza, ya que, si el objetivo es que se liquide el incremento, la huelga podría ser por tiempo indeterminado.
Después de un fin de año con protestas y negociaciones, el 2 de enero el gremio pactó subas que fijaron un salario básico conformado de 597.000 pesos a partir del 1 de enero y de 737.000 pesos a partir del 1 de febrero.
El acuerdo se logró luego de que el gobierno asumiera el compromiso de «actualizar la estructura de costos vigentes» en base al cual se calculan los subsidios que el Estado Nacional paga a las empresas, algo que después puso en cuestión. Asimismo, el sindicato y las patronales establecieron un cálculo que lleva el básico a casi 1.000.000 de pesos a pagar en los primeros días de abril.
Las cámaras reclaman el pago de subsidios para liquidar los aumentos
El vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA), Luciano Fusaro, explicó a iProfesional que las compañías no cuentan con «ingresos suficientes para cubrir los costos de la actividad» y pagar el aumento para marzo que reclama el gremio, por lo que ve que la medida de fuerza será un hecho, salvo que intervenga el gobierno con un aporte para abonar la diferencia entre los 737.000 pesos y el casi millón de pesos que demandan los colectiveros.
Como lo hizo la UTA, las cámaras de transporte le enviaron una carta documento a Caputo e intimaron al Gobierno a cancelar «urgentemente» la deuda de compensaciones (subsidios) impagas a la fecha, que según denuncian asciende a 50.278 millones de pesos.
Fusaro remarcó que a pesar del aumento de tarifas de transporte que aplicó el Ejecutivo en febrero «las empresas reciben cada vez menos dinero» y agregó que actualmente percibe 624,63 pesos por usuario, un 67 por ciento de lo cual responde a subsidios y el resto lo abona el pasajero. Las empresas demandan una deuda de 10.000 millones de pesos que mantiene el gobierno en concepto de subsidios, la cual tanto la UTA como las patronales reclaman su pronto depósito.
El empresario subrayó que «hemos agotado todas las instancias de negociación y comprendemos la situación del trabajador, pero no podemos pagar el aumento, salvo que el gobierno tome cartas en el asunto y se haga cargo de la diferencia».
Carta de la UTA a Caputo para evitar el cese de actividades
En una carta dirigida a Caputo, la UTA solicitó la intervención de los funcionarios de la secretaría de Transporte para «convocar a todas las partes involucradas y evitar que medidas extremas, no deseadas por las partes, afecten la necesaria paz social».
Avisó que el sector empresarial ahora se niega a cumplir con el convenio ya que, «no puede asumir el pago de los salarios del mes de marzo en las condiciones convenidas, debido a motivos de índole económica que atribuyen a las decisiones de la Secretaría de Transporte«, a cargo de la cartera de Economía.
Fernández indicó que se requirió «insistentemente» a la Secretaría de Transporte la intervención, «con la única finalidad que aclare la situación y evite conflictos innecesarios entre el Estado, el sector empresario y nuestros trabajadores».
El titular de la UTA expresó que los salarios «deben abonarse el cuarto día hábil de cada mes y su falta de pago en tiempo y forma, impide a la autoridad de Trabajo dictar una conciliación obligatoria», por lo que el gremio se encuentra liberado para llevar a cabo una medida de fuerza.
