El jurado de enjuiciamiento formado en La Rioja para tratar el caso de Norma Abate de Mazzuchelli, la jueza filmada pidiendo $8 millones en “reconocimiento” para tramitar una sucesión, tenía que empezar a debatir el pasado 2 de julio. Sin embargo, las autoridades del Tribunal Superior de Justicia provincial le aceptaron un nuevo recurso a la funcionaria y, entre gallos y medianoche, suspendieron el debate.
Desde entonces, el proceso está en una meseta y hay preocupación por el futuro de un caso con repercusión nacional que llevó al gobernador, Ricardo Quintela, a pronunciarse sobre la necesidad de que haya confianza del pueblo en la Justicia.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) suspendió el inicio del jury abruptamente, incluso después de haber anunciado con bombos y platillos el arranque y de haber acreditado para esta esperada audiencia a periodistas de todo el país. Además, en un comunicado oficial, el TSJ, presidido por la jueza Gabriela Asís, dejó en claro que se había podido fijar fecha tras “sucesivas sesiones donde se resolvieron todos los planteos formulados por la magistrada acusada, entre ellos las recusaciones planteadas”.
Sin embargo, en la víspera de la audiencia, el TSJ comunicó que se suspendía todo porque le habían aceptado un nuevo recurso a la defensa de Mazzuchelli. En esta oportunidad, se argumentó que “esto se realizó pensando en que el procedimiento se desarrolle con todas las garantías y obligaciones previstas por ley, y de esta manera prever cualquier nulidad que pudiera producirse con posterioridad al inicio del juicio e incentivando que estos órganos funcionen normalmente”. Hasta hoy no se resolvió ese recurso y el juicio político quedó congelado.
La Constitución provincial dice que si pasan 60 días hábiles desde la decisión de abrir el procedimiento de remoción y el jurado de enjuiciamiento constituido para ello no emite fallo, corresponde archivar las actuaciones y reponer al funcionario acusado. TN consultó al TSJ desde cuándo se interpreta que se computan esos 60 días y cuál es el contenido del recurso con el que Mazzuchelli logró frenar el jury, pero no hubo respuesta.
La jueza fue denunciada el 15 de mayo por Manuela Saavedra, la administradora de una sucesión familiar que tramitaba bajo su órbita. El expediente permanecía curiosamente aletargado y Saavedra fue a pedir información varias veces, hasta que, en su despacho, la jueza le pidió ocho millones de pesos por su labor en la sucesión, argumentando que su sueldo de funcionaria es bajo. Después le bajó el precio a cinco millones. Todo quedó filmado y grabado. Además, la jueza envió emisarios a presionar a la víctima para que pague por el “reconocimiento”, según las denuncias que Saavedra llevó a la justicia penal y a Telenoche Investiga.
“Hice una denuncia penal y pública a la vez, y hasta el momento no he conseguido ni una fecha cierta sobre desde cuándo hay que contar los plazos del juicio. Me siento avasallada en mis derechos como ciudadana. Uno concurre a un lugar y no saben qué responderle; concurre a otro y tampoco. Así que he presentado un escrito al jury y otro más, pidiendo que se me informe la fecha exacta de cuándo vencen los plazos. Espero respuesta como ciudadana”, dijo a Telenoche Manuela Saaverda.
“La jueza, por supuesto, va a aprovechar todos los recursos que está haciendo, que son dilatorios. Pero yo creo que un juicio político no puede caerse porque se venzan plazos. Si eso ocurriese, creo que seguramente hay un acuerdo de impunidad de la jueza y los organismos de poder, los que deciden. Espero que eso no suceda. Todos los ciudadanos están viéndose reflejados probablemente en mí, esperando respuestas de la Justicia. Creo que esto tiene que avanzar”, subrayó con indignación la víctima de Mazzuchelli.
El jurado tiene seis miembros y resuelve con una mayoría de dos tercios, con votos fundados de cada uno de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Por el poder judicial, la integrante es Asís, la presidenta del TSJ. Los escenarios posibles del jury son la remoción del cargo, la absolución o una sanción menor. Pero si pasan 60 días desde su apertura, se archiva el proceso. Esa es la estrategia de Mazzucchelli, al parecer.
Si el jurado entiende que no corresponde la remoción del juez o miembro del Ministerio Público enjuiciado, puede determinar otro tipo de sanciones, que la ley deberá prever. Si considera que el acusado es inocente, corresponde su reposición en el cargo. Y si transcurren sesenta días hábiles desde la decisión de abrir el procedimiento de remoción y no se dicta el fallo, corresponde archivar las actuaciones y reponer al juez suspendido, así lo determina la Constitución.
El gobernador Quintela, cuando Telenoche Investiga reveló el caso Mazzuchelli, emitió un fuerte pronunciamiento en sus redes sociales, con un mensaje sobre el Poder Judicial: “Los hechos acontecidos y denunciados públicamente son inaceptables y de una gravedad absoluta. La jueza Abate de Mazzuchelli, apuntada por pedir coimas para resolver distintos casos, está atentando contra la confianza del pueblo riojano en la Justicia; por ello, solicité la separación de su cargo y la investigación de esta situación”. Por ahora, el mensaje no tuvo eco real.
La insólita defensa de Mazzuchelli: “La cámara oculta es inteligencia artificial”
En cuanto a la causa penal, Mazzuchelli está imputada por presunta “concusión” en un expediente donde intervienen la jueza Cecilia Córdoba y el fiscal Luis González Aguirre. En este proceso, iniciado en mayo, todavía no se peritó ni el celular de Saavedra, de donde se tiene que extraer un audio aportado por ella además de la cámara oculta con el material en crudo. Uno de los escollos que tuvo esto es que La Rioja tenía vencida la licencia del software de los dispositivos UFED, que se utilizan para extraer información de dispositivos e incorporarla a los expedientes (incluso a causas mucho más complejas que ésta, donde hay en juego redes de pedofilia o de narcotráfico).
En las últimas semanas, el abogado defensor de Mazzuchelli aventuró en medios locales una insólita opinión: que “los videos son de dudosa captación, es un video de TN ya editado, retaceado, es fruto de una inteligencia artificial más que una prueba, si existe un video crudo esperaremos un perito informático”, dijo. Pero la denunciante aportó la cámara oculta en crudo desde que denunció a la jueza, el 15 de mayo. También ofreció su celular, con material en audio.
Mazzuchelli eligió como defensor a Gabriel Pavón, un polémico abogado cuyo estudio fue noticia recientemente en La Rioja, durante la cobertura periodística de una serie de allanamientos dispuestos por la PROCUNAR sobre estudios jurídicos que estarían ligados a la trama de corrupción conocida como “causa Apóstolo”, por el apellido de un fiscal procesado por haber beneficiado presuntamente a narcotraficantes.
