En las vísperas del receso invernal, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Walter Lara Correa hizo lugar a una cautelar que presentaron las organizaciones sociales junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para que el Ministerio de Capital Humano reanudara la distribución de alimentos en los comedores comunitarios. Pese a darle luz verde a su reclamo, el magistrado corrió a los movimientos sociales del pleito al reconocer solo al CELS como parte contra el ministerio. El alcance del fallo todavía no está claro: en Capital Humano no había descontento; en las organizaciones sociales, satisfacción.
En febrero, la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), una organización que nuclea a varios movimientos sociales –entre los cuales se encuentra el Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE) que lidera Juan Grabois– solicitó una medida cautelar para que la cartera que dirige Sandra Pettovello reactivara de manera “inmediata” el reparto de alimentos en los comedores comunitarios. En las organizaciones, afirman que dejaron de recibir mercadería a fines del año pasado y apuntan contra Pettovello, cuyo ministerio absorbió las funciones del extinto Ministerio de Desarrollo Social.
Con su fallo, Lara Correa reconoció la verosimilitud del reclamo -junto con el peligro en la demora-, señaló al ministerio como responsable de las políticas de seguridad alimenticia y, sin dejar de otorgarle un margen de acción a Capital Humano, lo instó a que se apegara a las políticas de seguridad alimentaria vigentes. “Corresponde hacer lugar a la medida cautelar peticionada por la Sra. Defensora Pública Oficial [Florencia Plazas quien representa a niños, niñas y adolescentes] y, en consecuencia, dispóngase que el Estado Nacional – Ministerio de Capital Humano no innove respecto de los planes y programas”, se lee en el fallo. “Ello -sigue-, sin perjuicio, de las facultades del Poder Ejecutivo de reestructurar, revisar y auditar la ejecución de los diferentes programas y/o creación de nuevos”.
Es que el argumento que esgrime el ministerio en el terreno judicial es que la Justicia no puede inmiscuirse en el manejo de las políticas públicas. “Lo decidido -añade Lara Correa-, no pasa por alto que es incuestionable que no es función de la jurisdicción determinar qué planes concretos debe desarrollar el gobierno y, en estos términos, es que la Constitución Nacional le asigna facultades a los restantes poderes para que implementen los programas o alternativas destinadas a satisfacer el derecho a la alimentación”.
Grabois, afuera
La resolución de Lara Correa desplazó a la UTEP al reconocer solo al CELS como representante “adecuado” para las personas cuyos derechos se verían potencialmente afectados por la interrupción en la distribución de los alimentos. Es decir, solo el CELS pasará a representar a quienes asisten a los comedores comunitarios: “Posee condiciones profesionales, experiencia e idoneidad en el campo de los derechos humanos, para representar al colectivo”, se apunta en el fallo.
Sin embargo, en las filas de Grabois no acusaron recibo: no sienten que los hicieron a un lado -“tenemos la misma representación”, aducen- y entienden al fallo como favorable a su cruzada. “El fallo implica la inmediata restitución de la provisión de alimentos a los comedores comunitarios a través de todas las asociaciones que venían realizándolo”, interpretó el dirigente social en sus redes sociales.
En el ministerio que comanda Pettovello, la resolución de Correa estuvo lejos de provocar incomodidad. Para alguien que conoce los pormenores judiciales de la megacartera, se trata de un fallo “híbrido”, que no obliga a la cartera más que a ceñirse a las políticas vigentes.
Por pedido del juez, antes de su resolución, el Ministerio debió enumerar las distintas líneas de acción en materia alimentaria. En la información que facilitó el ministerio, sin embargo, no se detalla el grado de implementación de cada una de ellas. Por caso, como una de estas políticas, se identifican los fondos que el ministerio giró a dos organismos internacionales para la compra de alimentos (a la Organización de Estados Iberoamericanos y al PNUD): son más 20 mil millones de pesos, de los cuales, luego varios meses, solo fueron utilizados menos de 4 mil millones de pesos.
En esta línea, la resolución del juez Correa obliga al ministerio a presentar un informe mensual que de cuenta del desarrollo de los programas alimentarios para los comedores comunitarios.
“La solución cautelar alcanzada protege el interés público de las personas que asisten a los comedores y/o merenderos –y especialmente de los más vulnerables– al garantizar la prestación del servicio de calidad”, señala Lara Correa.
