Los descargos de Rocío Bonacci y Lourdes Arrieta por haber visitado a Alfredo Astiz y otros genocidas detenidos en el penal de Ezeiza reavivaron las chances de que el peronismo consiga el número para dictaminar a favor de la creación de una comisión investigadora, en el plenario de Peticiones, Poderes y Reglamento y Asuntos Constitucionales, presididas por Silvia Lospennato y María Eugenia Vidal.
La presentación de esa documentación se produjo este martes, 20 minutos después del horario de inicio de la reunión plenaria en el Anexo del Congreso, una desprolijidad que irritó por igual a la radical Karina Banfi y Lospennato. Solo el descargo de Arrieta tiene 23 páginas de extensión y ambas diputadas se quejaron de que no habían tenido tiempo de trabajar debidamente en su análisis.
En ese contexto, los diputados de Unión por la Patria (UP) encontraron en los párrafos de Bonacci y Arrieta una serie de argumentos que les permitieron sostener la importancia de promover una investigación. El presidente del bloque, Germán Martínez, sostuvo: «el deseo nuestro, interno, es que aquellos que han sido los responsables de esta visita puedan ser apartados de la Cámara, ahora no sabemos si eso va a ser así porque no hubo ninguna instancia de investigación».
Por lo demás, también se presentaron los descargos de María Fernanda Araujo y Alida Ferreyra, quien alegó que se presentó en el pabellón de los represores en calidad de abogada penalista. Su colega por el FIT Christian Castillo advirtió cuando avanzó el debate que no puede ejercer como letrada mientras ocupe una banca.
Para colmo, un quinto descargo llegó a la Presidencia de Peticiones, Poderes y Reglamento pero no tenía firma. Se estimaba que pertenecía a Guillermo Montenegro, otro de los integrantes de la expedición a Ezeiza. El dato revelaba que el único que no había hecho uso de su derecho al descargo era Beltrán Benedit, el principal apuntado como responsable de la visita.
Como sea, las explicaciones por escrito de Bonacci y Arrieta habrían estropeado los planes de Lospennato. En los pasillos del Congreso, se rumoreaba que su intención era cerrar el debate este martes y planchar el tema si no había firmas para los dictámenes.
Fuentes libertarias deslizaron que la diputada del PRO «hace buena letra porque se quiere quedar con el cargo de (Martín) Menem». Desde el partido amarillo abonaron la hipótesis: «Mauricio (Macri) está embelesado con Lospennato ahora», reconocieron.
Como informó LPO cuando estalló el escándalo, el oficialismo había tratado de clausurar la discusión votando un repudio en recinto en la primera sesión de agosto pasado pero el peronismo se negaba a respaldar un texto lavado que licuaba responsabilidades. En medio de un acalorado intercambio en Labor Parlamentaria, habría sido la propia Lospennato quien se ofreció a discutir la iniciativa en la comisión que preside, ante la negativa de otros colegas a revisar lo actuado por los libertarios y determinar los cargos que correspondieran.
Desde entonces, la bancada de UP empujó el esclarecimiento con las herramientas parlamentarias, aunque los detalles de la visita y los planes de impunidad que un sector del gobierno tramaba para los represores cobraban estado público por la indiscreción de los propios miembros del bloque de La Libertad Avanza (LLA), sumidos en una interna antológica y despiadada. Fue lo que manifestó Cecilia Moreau cuando planteó que «en definitiva, esto es una sanata para no investigar lo que pasó, que es el plan de impunidad que los diputados de LLA pusieron de manifiesto e hicieron público», y agregó: «en esto nos metieron los diputados de LLA, que fueron los que filtraron las reuniones».
La nueva carambola libertaria, la de presentar los descargos fuera de tiempo y mal, le dio vida al intento de UP por darle volumen político a la denuncia cuando parecía que la cuestión volvía a diluirse. Si bien LPO recogió optimismo en el entorno de uno de los legisladores involucrados en la excursión, cuyo cálculo es que no les dan los números a la oposición para avanzar contra ellos, un diputado aliado de la Casa Rosada comentó que el peronismo va a ir a fondo, por lo menos, contra Benedit.
En esa tarea podrían terminar colaborando sectores de la UCR más cercanos a la memoria de Raúl Alfonsín y el alegato del fiscal Julio Strassera en el Juicio a las Juntas que a Javier Milei. La bronca de Banfi podría ser, incluso, sintomática del malestar que la bancada de Rodrigo De Loredo experimenta frente a Balcarce 50 por la ferocidad del Presidente para capturarle diputados, como los cinco que blindaron el veto contra los jubilados.
Una situación parecida atraviesa Encuentro Federal, conducido por Miguel Pichetto. El rionegrino se resistió en su momento a que se fiscalice con quién se reúnen los legisladores pero, si la creación de una comisión investigadora llegara a recinto, podría cosechar apoyos inesperados.
La incertidumbre matemática empezaría a despejarse recién en el próximo plenario de comisiones. Por eso, la legisladora Paula Penacca expresó este miércoles en FM La Patriada que «para avanzar en la investigación y determinar las sanciones correspondientes para los diputados de LLA que se reunieron con genocidas, se necesita de la voluntad de todas las fuerzas políticas, pero el PRO, la UCR y el bloque de Pichetto parece que prefieren mirar para otro lado».
Martínez, en ese sentido, apeló a la liturgia peronista para decir que «legislar también es persuadir». «Diseñar mayorías es persuadir, no se equivoquen, no es solamente apretar, no es solamente dar vuelta diputados», desafió, y concluyó: «Nosotros, desde el minuto uno, sinceramente queremos persuadir a aquellos que todavía tienen posiciones ambivalentes».
