La vicepresidenta Victoria Villarruel y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, opinaron sobre el caso de la presa trans que violó y embarazó a otra reclusa en una cárcel de Córdoba
La vicepresidenta Victoria Villarruel manifestó su rechazo a la ideología de género al opinar sobre el caso de la presa trans que violó y embarazó a una reclusa en una cárcel de Córdoba, y sostuvo que aquel que está a favor “es un degenerado”. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se manifestó en la misma sintonía.
“Esto es claro y simple; el que esté a favor de la ideología de género es un degenerado/a, y el que esté a favor de sexualizar a los niños es un pedófilo en potencia. Nuestro gobierno los va a combatir hasta que no nos quede sangre en el cuerpo”, advirtió Villarruel.
Cúneo Libarona, en tanto, sostuvo que “los presos de sexo masculino jamás deberían estar junto a los presos de sexo femenino en el mismo pabellón”. “La perversa ideología de género nos hizo perder el sentido común. El autopercibimiento es algo meramente personal, fuera de la esfera del Estado”, afirmó.
El caso
La causa a la que se refirieron la vicepresidenta Villarruel y el ministro Cúneo Libarona tiene como protagonista a Gabriel Fernández, preso a raíz de las denuncias que presentaron algunas de sus parejas por violencia de género y maltrato.
En medio de un largo proceso, el hombre anunció que se autopercibía mujer y su defensa reclamó que debía ser tratada como tal. Y la ley vigente así lo obliga. Ese repentino cambio de percepción de género desencadenó una situación insólita: con su nueva identidad, Gabriela, rechazó las acusaciones y sostuvo que no podía ser imputada por violencia de género si era una mujer. Volvió a la cárcel frente a nuevas imputaciones y alojada en un pabellón de mujeres violó a una interna que quedó embarazada.
La Justicia no solo acaba de confirmar su prisión preventiva y ordenó avanzar hacia el juicio oral por violencia de género para Gabriela. También, dispuso su traslado a un lugar especial, donde se respete su identidad, pero al mismo tiempo no se ponga en peligro a otras internas.
“Para brindar completitud a los derechos de la aquí imputada, se vulneraron o se pusieron en riesgo los derechos de 481 mujeres”, sostuvo el fallo al que accedió este medio.
“Paradójicamente, nos encontramos ante un supuesto contrario al previsto, es decir, la imputada, quien se autopercibe mujer y perteneciente al grupo LGBTI, es la que convierte en víctimas o presas de sus necesidades o gustos a sus compañeras, aprovechando, claro está, que se encuentra alojada en un establecimiento que no estaría preparado para esos casos de excepción, al menos por el momento”, consideraron los jueces Carlos Salazar, Patricia Farías y Maximiliano Davies, de la Cámara de Acusación de Córdoba, en la orden que los magistrados firmaron para trasladarla a un lugar en donde no esté en contacto ni con mujeres ni con hombres.
Para su resolución, los jueces Salazar, Farías y Davies tomaron en cuenta un antecedente que data de 2019. Aquel año, en Gran Bretaña, se abrió una unidad penitenciaria para reclusos transgénero después de que Karen White, una prisionera transgénero, agrediera sexualmente a dos mujeres mientras se encontraba en prisión preventiva en la cárcel de New Hall, en Wakefield. White, que nació varón y ahora se identifica como mujer, fue descrita por un juez como un “depredador” que representaba un peligro para las mujeres y los niños.
Sobre Gabriela pesan una serie de causas y acusaciones: privación ilegítima de la libertad calificada por el vínculo –primer hecho–; privación ilegítima de la libertad calificada por el vínculo y por mediar violencia y amenazas, lesiones leves calificadas (tres hechos), amenazas calificadas, amenazas simples y daño, todo en concurso real”, además de desobediencia a la autoridad. Ahora, se le sumó la acusación de abuso sexual.
