El trabajo en la Cámara de Diputados de la provincia comenzó el año como se esperaba, con cortocircuitos desde un primer momento entre el oficialismo y la oposición, que dificultan el día a día y la gobernabilidad dentro del recinto. Luego de lo que fue las elecciones de autoridades, donde el oficialismo se hizo con la presidencia y después accionó para ceder las vicepresidencias a las dos facciones minoritarias: el Frente Integrador y la Corriente de Expresión Renovada (CER).
Al dejar sin el pan y sin la torta al Frente Chaqueño, el bloque de Juntos por el Cambio encendió la polémica, y la discusión se extendió por varios días, pero después se “apagó”, producto de que en este caso nunca hubo nada escrito, y todo pasaba por “buenos gestos” de representación en cuanto a las facciones más votadas en las elecciones que definían la conformación legislativa.
Distinto es el caso de la nueva polémica. La sesión del miércoles 20 de marzo tuvo, en el orden del día, la definición de representantes del Legislativo en el Consejo de la Magistratura, órgano máximo de control para las definiciones de la Justicia provincial, buscando garantizar la independencia del Poder Judicial y el principio de separación de poderes.
Sucede que en dicha sesión, se dieron varias situaciones que despertaron acaloradas discusiones en el recinto, que pusieron en duda la existencia de quorum para avanzar en la votación y en la definición de los representantes de la Cámara. En primer término, cuando se daban las condiciones para avanzar en la elección de autoridades, el legislador Darío Bacileff Ivanoff emitió su voto hacia la propuesta del Frente Chaqueño, Rubén Guillón, pero luego procedió a retirarse del recinto, haciendo caer el quorum, algo que comunicó el secretario de la Legislatura, Rubén Darío Gamarra.
Dejando de lado la advertencia, el oficialismo siguió adelante con la elección de autoridades y terminó decretando la elección de la legisladora Griselda Ojeda, del CER, para integrar el Consejo como consejera titular, y a la oficialista Maida With como suplente, ya en medio de gritos y reclamos de la oposición mayoritaria, que entendía que no debía darse por válido el acto electoral.
Al parecer, el mandato del Ejecutivo a cargo del gobernador Leandro Zdero era lograr los representantes a cualquier precio, pero la oposición estuvo rápida de reflejos y se presentó ante la Justicia para evitar lo que entendieron como un atropello, y un acuerdo entre el “Zorro” y el bloque opositor minoritario para dejar afuera de los puestos de control a la oposición mayoritaria.
Pero ahora, todo volvió a foja cero, ya que el Superior Tribunal de Justicia decretó una medida cautelar de no innovar y ordenó a la Cámara de Diputados que suspenda los efectos jurídicos y actos consecuentes del punto seis del temario de la sesión 3 que tuvo lugar el 20 de marzo, hasta tanto resuelva la cuestión de fondo.
Esta definición, por el ordenamiento jurídico, hace retrotraer las cosas al estado anterior a la situación planteada, para resguardar los derechos constitucionales, por lo que la Legislatura deberá volver a iniciar los procesos internos para propiciar una nueva elección, que debe darse bajo las condiciones que corresponden, para lograr la definición de las autoridades, situación que podría dilatarse de repetirse las conductas y actitudes de las partes.
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