El Gobierno da distintos pasos para desarrollar su plan económico. Entre ellos, está trabajando en el armado del Presupuesto para 2025, que será presentado a mediados de septiembre en el Congreso. En ese informe, el Ejecutivo piensa plasmar una hoja de ruta con una fuerte impronta fiscal -insistiendo en la necesidad de tener “déficit cero”- y los equipos técnicos revisan por estos días los “techos” de gasto que habilitarán a cada ministerio.
El presidente Javier Milei sorprendió este miércoles con algunas definiciones sobre el Presupuesto 2025 en su discurso ante empresarios en el Council of Americas. “Nuestra metodología se va a llamar déficit cero. Y déficit cero implica que el resultado financiero es cero. Por lo tanto, no necesito estar tomando nueva deuda. Es decir, la Argentina deja de tomar nueva deuda. Aviso que rollear la deuda no es nueva deuda”, dijo.
Este jueves retomó el tema en un congreso de inversiones inmobiliarias y dio algunos detalles más. “El Gobierno va a presentar un presupuesto que parte de la hipótesis del déficit cero. Eso quiere decir que no vamos a tomar nunca más deuda para financiar al fisco, lo que van a encontrar es el roll over de la deuda, pero no va a haber más toma de deuda para financiar el déficit financiero”, indicó.
“Eso implica que, para que el déficit sea cero, el resultado primario, o sea, el operativo, tiene que ser igual a los intereses. Una vez que aseguramos que el resultado primario sea igual a los intereses, se determinan los ingresos. El gasto público se va acomodando a los niveles de ingresos que tenemos. En caso de que los números vengan para abajo, la partida residual, dados los ponderadores iniciales, es cómo se van a ajustar, de modo tal que siempre se mantenga el resultado primario igual a los intereses y el déficit cero. Y en caso que los ingresos vengan para arriba, prepárense, porque empezamos con la baja de impuestos”, describió.
Más allá de los dichos del Presidente, la elaboración del Presupuesto ya se está trabajando en forma conjunta en la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, a cargo de Carlos Guberman, y el subjefe de Gabinete, José Rolandi. Los funcionarios elaboran los llamados “techos presupuestarios” o límites que tendrá cada Ministerio sobre sus gastos.
Lo cierto es que el Gobierno tiene tiempo hasta el 15 de septiembre para presentarle al Congreso el proyecto que muestra sus estimaciones sobre gastos e ingresos para el año próximo. La expectativa oficial es que el documento final esté listo antes de esa fecha tope.
Las primeras proyecciones del Presupuesto 2025
Más allá del detalle de las erogaciones puntuales de cada caso, en el Presupuesto se deben especificar una serie de metas sobre las principales variables macroeconómicas que calcula para el año entrante. En el avance presupuestario que fue presentado el 3 de julio, el Gobierno estimó que para el cierre de 2024 el PBI sufrirá una caída del 3,5%; que el dólar oficial se ubicará en $1061 a fin de año -y mantendrá el ritmo de devaluación del 2% mensual-, y que la inflación rondará el 130% en diciembre.
En ese documento, el equipo económico también anticipó algunos lineamientos para 2025. En primer lugar, estableció que “mantener el equilibrio fiscal será un compromiso ineludible” y luego fijó cuatro ejes para la gestión: “El equilibrio fiscal sostenido, el acompañamiento social sin intermediaciones, la modernización y simplificación del Estado, y el equipamiento y modernización de las áreas de seguridad y defensa”.
Además, mencionó entre sus objetivos la eliminación del financiamiento del Tesoro por la vía de la emisión monetaria, adelantó que se seguirá avanzando en la corrección de los precios relativos y precisó que se generarán “las condiciones de estabilidad necesarias para que pueda desarrollarse libremente el sector privado”.
En esa línea, planificó continuar con la reducción de los fondos fiduciarios y el proceso de achicar el déficit de las empresas públicas y su consiguiente pase a concesión y/o privatización. También se prevé profundizar el plan de la llamada desregulación económica, “con el objetivo de implementar un proceso de simplificación y desregulación que simplifique la acción privada”.
