El Gobierno analiza modificar el Programa Médico Obligatorio (PMO) una vez que termine el conflicto con las prepagas.
El PMO fue creado por el decreto 492 del año 1995 e incluye todas las prestaciones que la obra social o prepaga tiene que cubrir de manera obligatoria, cualquiera sea el plan de salud. El sistema público, en cambio, no lo cumple.
Tanto los sindicatos como las prepagas están de acuerdo en que hay que ir a una sistema más «razonable». En especial las obras sociales como la de Camioneros que están fundidas. Los sindicatos, que históricamente se nutrieron de los fondos de sus obas sociales, ahora están teniendo que costearlas con plata del gremio porque son deficitarias.
El PMO cubre tanto tratamientos básicos como de medicina avanzada, pero el problema principal es que también costea tratamientos onerosos cuya efectivad esté comprobada.
Cuando una prepaga o una obra social se niega a cubrir un tratamiento costoso en dólares, terminan pagando igual por los amparos que presentan los pacientes en la Justicia sólo con una prescripción de un médico.
En el Gobierno no hablan de cortar los tratamientos caros sino de estudiar alternativas menos costosas que no terminen fundiendo el sistema de salud.
Para modificar el PMO el Gobierno no sólo piensa en una ley sino en una ratificación de la Corte Suprema. Lo que quieren evitar es que los amparos pasen por encima de la ley.
Con este proyecto el el Gobierno se puede enfrentar a los laboratorios, que son los principales beneficiarios de la venta de prestaciones millonarias.
