La referente de ATECH advirtió sobre la judicialización que vendrá de aprobarse la Ley Finocchiaro, que busca declarar como esencial el servicio educativo.
La reciente aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que declara a la educación como servicio estratégico esencial ha generado una fuerte oposición por parte de los gremios docentes. La iniciativa, que ahora pasa al Senado, busca garantizar un mínimo de clases durante los días de paro docente, estableciendo guardias obligatorias en las escuelas.
Rosa Petrovich, representante de ATECH (Asociación de Trabajadores de la Educación del Chaco), expresó un rotundo rechazo a la medida. «Decididamente rechazamos de plano la iniciativa de la declaración de servicios esencial de la educación», afirmó Petrovich, argumentando que la educación «es un bien público social que lo debe garantizar el Estado sin vueltas».
La dirigente gremial criticó duramente la política educativa del gobierno actual, señalando recortes presupuestarios y la degradación del Ministerio de Educación a secretaría. «Esta media sanción tiene como objetivo político dificultar el derecho constitucional de huelga de los trabajadores de la educación», sostuvo Petrovich, calificándola como un intento de «amordazar la protesta legítima y justa de los educadores».
Petrovich advirtió sobre la probable judicialización del proyecto si llegara a aprobarse en el Senado. «Va a haber una judicialización lisa y llana de esta situación si llegara a aprobarse también en el Senado y quedar firme, porque esto se da de patadas con lo que establece la propia Constitución Nacional», explicó.
La sindicalista hizo hincapié en que para garantizar la calidad educativa y la cantidad de días de clase, se debe partir de una política educativa adecuada y un presupuesto suficiente. «Para garantizar la cantidad de días de clases y la calidad de la educación que realmente merecemos, debe partirse de la definición de una política educativa que tienda a eso, que no es lo que existe», argumentó.
Finalmente, Petrovich recordó que en la ley provincial de educación del Chaco se logró incorporar un artículo que establece que las medidas de fuerza convocadas por organizaciones gremiales legalmente constituidas no pueden ser objeto de declaración de emergencia educativa. «Antes lo llamaban emergencia educativa, ahora esencialidad», concluyó, sugiriendo que ambas medidas tienen el mismo fin de limitar la protesta docente.
El debate sobre esta ley continúa, mientras los gremios docentes se preparan para una posible batalla legal si el proyecto es aprobado en el Senado.
