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Economía

Por la demora en recategorizar, monotributistas enfrentan un aumento de hasta el 895%

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Para los 3,6 millones de monotributistas el próximo 20 de enero se vence el plazo para la recategorización y no habrá postergación. Sin actualización en las escalas, incluso quienes hayan perdido frente a la inflación solo por tener una mayor facturación en términos nominales deberán cambiar de escala, y en muchos casos, directamente de régimen, lo que implica pagar hasta un 895% más de impuestos de un año para el otro.

En el caso de los contribuyentes de la categoría K, el salto en la escala implica directamente saltar al régimen general, es decir, pasar a ser Autónomos. En algunos casos, la recategorización la hace la Afip de forma automática excluyendo a los contribuyentes del régimen simplificado y en otros la hace el contribuyente voluntariamente. Pero no hace falta estar tan arriba en la escala, incluso un contribuyente que esté en el escalón H con un aumento del 20% de su facturación queda fuera del monotributo sin actualización de escalas.

Formalmente, la AFIP no tiene herramientas para actualizar las escalas como sí las tenía antes de 2017, cuando el Congreso votó la ley 27.430. Desde entonces el cambio en las escalas quedó atado a la movilidad jubilatoria. Tras su congelamiento, la AFIP exceptuó del salto automático del régimen simplificado al general a 18 mil contribuyentes. Y para ellos -y los que también queden al límite de facturación entre un régimen y otro- propone con un nuevo proyecto de Ley una instancia intermedia con un ahorro de casi $900 mil de impuestos por cuatro años.

Un contribuyente en la escala K actualmente paga $14.700 por mes y al pasar a Autónomos actualmente debe pagar $942.000 al año por haber mantenido su nivel de facturación en pesos, un aumento del 434%. Para un comerciante de la escala H que aumentó su facturación un 20%, podría también salirse del régimen, dejar de pagar $94.637 al año y pasar a pagar arriba de $942.100, es decir un 895% más. De sancionarse la nueva ley con la redacción actual, este contribuyente podría mantenerse en el monotributo pagando un adicional de casi $35.000 por cuatro años -sobre los $14.700 mensuales- gracias a un “ahorro” de $907.000 en forma de crédito fiscal por IVA y Ganancias.

Mientras que un monotributista también de categoría H que presta servicios y está registrado en la categoría H que durante 2020 facturó un 40% más que el tope máximo, debería pasar a pagar una suma cercana a los $1.136.000 anuales. “Las modificaciones propuestas le permitirán que la transición sea más armónica ya que podrá computar parte de sus gastos a cuenta de IVA y Ganancias de manera que terminaría abonando $649.900. El proyecto de ley representará un ‘ahorro’ de unos $487.000”, ejemplificaron desde la Afip.

De esta forma, los 18 mil contribuyentes que quedaron en el limbo entre el régimen simplificado y el general podrán elegir si seguir en el monotributo y enfrentar una pago adicional o bien pasar al régimen general y hacer uso de ese ahorro. Esta opción también será válida para otros contribuyentes siempre y cuando el exceso sobre el límite de facturación sobre la categoría máxima no sea mayor al 50%.

“De haber querido, podrían haber pensado en el momento del congelamiento de las jubilaciones en alguna forma de actualización o exención para el monotributista, un aumento en los límites de cada categoría sin aumentar las cuotas o bien una corrección de suma fija como se les dio a los jubilados. Que no se actualicen las tablas no le conviene a nadie, menos a la Afip y a la Anses, porque lo que se promueve es la subfacturación”, dijo a LPO el contador y tributarista Iván Sasovsky, experto en Fiscalidad Internacional por la Universidad de Santiago de Compostela.

Que no se actualicen las tablas no le conviene a nadie, menos a la Afip y a la Anses, porque lo que se promueve es la subfacturación

“Incluso si se actualizara por inflación, para algunos sectores no sería un reflejo de su realidad porque parte de los precios que componen el IPC están planchados como el transporte, mientras que la comida subió mucho más. Entonces para un verdulero, la actualización de su tope de facturación por la inflación del Indec, no refleja su realidad. El problema de fondo es que el monotributo nació para darles un marco tributario a los contratados del Estado y no está pensado para el pequeño comerciante o el prestador de servicios, si no, seguiría una lógica comercial”, agregó.

En el Gobierno remarcan que lo positivo del proyecto de ley viene a resolver el problema del “puente” entre un régimen y otro y creen que los cuestionamientos por la falta de actualización podría haberse dado también en julio -cuando es la otra actualización semestral- o en cualquier otro momento. A la vez, enfatizan que la agenda legislativa estuvo muy golpeada por la pandemia y así y todo este “puente” que es un pendiente de larga data está teniendo una primera respuesta. ” Buscamos subsanar un problema estructural y que el salto ese sea más armónico”, dijeron a este medio.

De todas formas, y aunque uno sea consecuencia del otro, el puente para amortiguar el salto de régimen no soluciona la falta de actualización de las escalas para quienes permanecen en el monotributo. Tampoco revierte la tendencia a la expulsión de los contribuyentes del régimen simplificado a uno más engorroso, complejo y, sobre todo, mucho más costoso.

El monotributo, durante los años ’90 tenía un tope de 100 mil pesos, equivalente a 100 mil dólares y actualmente representa solo 17.400 dólares por los atrasos progresivos en la actualización de las escalas, detalló la consultora Focus Market. De esta forma, con el correr de los años la brecha entre regímenes se fue ampliando y hoy el tope es de $2.609.240,69 para la comercialización de bienes y de $1.739.493,79 para la prestación de servicios. “Hoy el régimen debería tener un tope actualizado por un mix entre inflación y evolución de la devaluación del peso frente al dólar, a la fecha de no menos de 12 millones de pesos”, señaló el informe de la consultora.

“El mayor perjuicio en la recategorización es para el que deba pasarse al régimen general, porque luego, por tres años no puede volver al monotributo y las diferencias son muy grandes. Insisto en que se podría haber pensado en una forma de actualización de emergencia incluso si son facultad del Legislativo porque las exenciones en favor del contribuyente históricamente no han tenido oposición judicial”, concluyó Sasovsky.

Es que incluso si en los siguientes años la mipyme pierde o su facturación vuelve a estar dentro de los parámetros del monotributo-una vez que se determine una nueva fórmula de actualización de las escalas- tiene vedado el regreso al régimen simplificado hasta 2024.

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Economía

El Banco Nación lanza una promoción para la compra de teléfonos celulares en 18 cuotas y sin interés

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El Banco de la Nación Argentina lanzó la promoción para la adquisición de teléfonos celulares en 18 cuotas sin interés con dos de las tarjetas que emite la entidad, Nativa Mastercard y Nativa Visa.

Quienes quieren aprovechar la campaña, deberán hacerlo rápidamente, pues la propuesta regirá del martes 2 al jueves de marzo. Se podrá acceder a través de la Tienda BNA, una plataforma desarrollada entre el BNA y Nación Servicios, una empresa del grupo Banco Nación.PUBLICIDAD

De la promoción participarán “importantes” cadenas comerciales de todo el país, afirmó en un comunicado la entidad que preside el economista Eduardo Hecker. Las cadenas ofrecerán miles de equipos móviles, con más de 40 modelos distintos cuyas marcas y disponibilidad se puede consultar en la Tienda BNA, en el sitio https://tiendabna.com.ar/.

Para vender mejor

Con la movida, la entidad oficial pretende facilitar el acceso a la telefonía móvil y reeditar el éxito de una campaña para la compra de netbooks y tablets en cuotas, sin interés, a través de la cual se vendieron más de 7.000 unidades.Los chicos podrán usar teléfonos, tablets y netbooks con fines pedagógicos Los chicos podrán usar teléfonos, tablets y netbooks con fines pedagógicos

La Tienda BNA tiene también una campaña de “línea blanca”, que se extendió hasta el 31 de marzo y un calendario de promociones para todo el año, que incluye oferta de productos y servicios, en cuotas, con descuentos y otros beneficios.

Los tiempos de la nueva campaña semejan los de la campaña “Vuelta al Cole”, que rigió del 5 al 7 de febrero, usó la misma plataforma y se adelantó diez días al inicio del ciclo escolar en la Ciudad de Buenos Aires y tres semanas al inicio del ciclo en la provincia de Buenos Aires. Con una inflación acumulada de 36,18% en 2020 y un aumento de la canasta de útiles escolares del 48%, la propuesta incluyó artículos de librería e indumentaria con descuentos de hasta 30% para compras en un pago (con tope de devolución de $ 1.800) y un 15% para compras a pagar en de 2 a 6 cuotas, en ese caso sin tope y sin interés.

En alguna medida, la nueva campaña para la compra de celulares implica una extensión de aquella, en la medida que los celulares y recursos como tablets y netbooks se han vuelto herramientas prácticamente imprescindibles en tiempos de pandemia, “distanciamiento” social y educación “remota”, que en el nuevo ciclo lectivo se mezclará con la modalidad educativa clásica, que en los nuevos tiempos empezamos a llamar “presencial”.

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Casi el 70% de los productores agropecuarios asegura que los próximos 12 meses serán malos en lo financiero

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Casi el 70% de los productores encuestados por el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral consideraron que los próximos 12 meses serán financieramente malos para el sector. Además, el índice de confianza de los productores detuvo su recuperación, como consecuencia de la incertidumbre que genera la política agropecuaria del Gobierno. El primer Ag Barometer Austral del año registró un valor de 79 frente a 78 de noviembre 2020 y de 52 en su medición interanual de enero 2020.

A raíz de los datos sobre el índice de confianza de los productores, los especialistas de la Universidad Austral comentaron que habrá que aguardar la próxima medición para comprobar si todo esto significa un punto de inflexión en la serie, o bien si se retoma nuevamente el proceso de recuperación de confianza.

“Los niveles de confianza respecto de la situación presente y la situación futura están en los valores similares al tercer trimestre de 2019, momento en el cual había comenzado a verse el impacto del resultado de las elecciones presidenciales en la confianza de los productores”, comentaron.

Hay que recordar que la encuesta trasladó las respuestas de 406 productores, cuyo valor bruto de producción es igual o mayor a 200.000 dólares, sobre la situación financiera actual y futura de sus empresas, en base a las cuales construye un índice de confianza.

La incertidumbre política y económica que afecta a los productores, se profundizó en enero pasado con las declaraciones de la diputada oficialista, Fernanda Vallejos, que habló de la “maldición de exportar alimentos”. Algo que provocó el temor en el sector primario a nuevas intervenciones en el mercado y cierre de exportaciones, como sucedió con el cepo a las ventas al exterior de maíz que se anunció en diciembre pasado y luego el Gobierno retrocedió con la medida.Última reunión de Alberto Fernández y la Mesa de EnlaceÚltima reunión de Alberto Fernández y la Mesa de Enlace

A todo esto hay que sumar, la intención del Gobierno de aplicar medidas con el objetivo de desacoplar los precios internacionales de los locales, provocando la reacción de los dirigentes del campo advirtiendo que las materias primas tienen una baja incidencia en el precio final de los alimentos y que derivó en una reunión con Alberto Fernández, donde el presidente descartó más intervención en los mercados y un aumento de las retenciones.

“En un sector acostumbrado a los vaivenes de la política y a producir en un contexto desfavorable, el resurgimiento de estos debates implica pensar en medidas de adaptación a (nuevos) cambios en el contexto de rentabilidad”, manifestaron los especialistas de la Universidad Austral, señalando también que la encuesta mostró que el 25% de los productores ve con seguridad intervenciones, un 40% lo ve probable y menos del 15% de los productores no vislumbra intervenciones en el horizonte.

Ante el temor de que el Gobierno avance con medidas de restringir las exportaciones, el relevamiento señaló que “los productores ya comienzan a pensar estrategias que mejoren la rentabilidad ante posibles caídas en los precios de los granos como resultado del aumento de retenciones o cupos de exportación. Puntualmente para el caso del maíz, 39% de los productores manifiesta que seguirá vendiendo el maíz sin transformar, mientras que un 50% de los encuestados considera estrategias de transformación local de la producción”,

Diferentes índices

Sobre el índice de condiciones presentes, que contempla la actual situación financiera comparada con lo de hace un año atrás y las oportunidades que hay para realizar inversiones, el mismo no muestra mejoras sustanciales y alcanzó los 78 puntos, reflejando un aumento del 2,6% en comparación con la anterior encuesta y casi un 70% interanual. Por otro lado, el índice de expectativas futuras no presentó cambios importantes sobre la encuesta pasada y presenta una mejora interanual de casi el 43%.

A partir de esto, el 44% de los productores afirmó que su situación financiera está peor que hace un año atrás, mientras que el 38% respondió que se mantiene igual y un 18% mejor. Además, teniendo en cuenta la perspectiva de lo que pueda suceder de acá a un año, el 46% afirmó que estará peor y un 19% mejor.La encuesta también mostró el bajo porcentaje sobre si el actual es un escenario propicio o no para que los productores realicen inversiones La encuesta también mostró el bajo porcentaje sobre si el actual es un escenario propicio o no para que los productores realicen inversiones

En la perspectiva sobre los próximos 12 meses, teniendo en cuenta la economía agropecuaria en general, si los mismos serán buenos o malos en lo financiero, el 64% afirmó malos y el 36% buenos. Otras de las consultas fue sobre si en los próximos 5 años el sector agropecuario tendrá mayormente buenos tiempos o mayormente malos tiempos, el 52% señaló que serán malos tiempos y el 48% buenos tiempos.

Y en el terreno de las inversiones, como la incorporación de nuevas maquinarias, compra de tierras, aumentar las cabezas de ganado, capacidad de almacenamiento y bioenergía, entre otros aspectos, el 59% de los encuestados respondió que es un mal momento para realizar inversiones y el 41% un buen momento.

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La empresas de electricidad pidieron un aumento mayor de las tarifas para cubrir el costo del servicio

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La Secretaría de Energía de la Nación anunció que se iba a aumentar el costo de la energía eléctrica a un sector de grandes consumidores que verán llegar en sus boletas un aumento en el costo de la electricidad.

Sin embargo, el aumento autorizado es sólo para un sector de la cadena de la electridad: básicamente la generación de energía y no tiene impacto en el valor que cobran las empresas distribuidoras de electricidad.PUBLICIDAD

Así lo hizo saber la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (Adeera) quien mediante un comunicado señaló que el próximo aumento tarifario para algunos usuarios industriales que determina la Resolución SE 131/21 publicada el 24 de febrero de este año “es exclusivamente para pagar parte del costo de producir y transportar la energía, concepto que las distribuidoras trasladan a sus facturas en su justa medida y pagan con lo recaudado a la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (Cammesa)”.

La resolución a la que hace referencia es la que explica el avance de la Secretaría de Energía en la quita de un subsidio a los grandes consumidores de energía eléctrica con el fin de ahorrarse este año $35.000 millones y aliviar el gasto en subsidios. Esta medida afecta a 4000 comercios e industrias, que tendrán un aumento en sus tarifas eléctricas de entre 50% y 70%, y que probablemente trasladarán una buena parte de ese mayor costo a los precios finales.FILE PHOTO: Electric power cables are seen near an Energias de Portugal (EDP) power plant on the outskirts of Carregado, Portugal May 16, 2018. REUTERS/Rafael Marchante/File PhotoFILE PHOTO: Electric power cables are seen near an Energias de Portugal (EDP) power plant on the outskirts of Carregado, Portugal May 16, 2018. REUTERS/Rafael Marchante/File Photo

Así la entidad que agrupa a las empresas dedicas a cubrir el trayecto entre la producción y los electrodomésticos hogareños señaló que esta normativa “no tiene ninguna incidencia” en el negocio de la distribución de energía ya que la parte de la tarifa que corresponde al Distribuidor, denominado Valor Agregado de Distribución o VAD, “no se modifica. En la mayoría de las jurisdicciones del país el VAD se encuentra congelado desde hace al menos 2 años”.

A partir de este análisis es que la Asociación explica que los usuarios de las distribuidoras no pagan en la tarifa el costo total de la energía, ya que el Estado subsidia entre el 60% y 40% de ese costo según la categoría. “Esta Resolución establece principalmente una quita de subsidios a usuarios industriales denominados GUDI (Grandes Usuarios del Distribuidor) que son aquellos que no contratan su energía en el mercado mayorista y de hasta 300 KW de potencia”,

Al respecto, en 2018 el gasto medio en energía eléctrica sobre la facturación bruta de las principales 500 grandes empresas del país representa 1,5% para los usuarios de mayor demanda y 0,9% para los usuarios GUDI, que son los principales afectados por esta Resolución.La medida se adoptó para corregir "un manifiesto tratamiento desigual en materia de coste de la energía eléctrica" que había entre usuarios con un consumo diario de más de 300 kilovatios de electricidad. EFE/Fabián Mattiazzi/Archivo
La medida se adoptó para corregir “un manifiesto tratamiento desigual en materia de coste de la energía eléctrica” que había entre usuarios con un consumo diario de más de 300 kilovatios de electricidad. EFE/Fabián Mattiazzi/Archivo

Estos porcentajes en 2021 son menores porque la tarifa estuvo congelada desde 2019 y la inflación fue del orden del 40% anual. Además, en la comparación regional en América latina, las tarifas eléctricas del segmento comercial e industrial de Argentina son entre un 22% y un 25% más bajas que el promedio.

En este punto, la entidad que agrupa a todas las compañías distribuidoras de energía del país señaló que la producción y distribución de energía “tiene un costo y no es “gratis” o “económico” como algunos consideran”. Y que para que el sistema funcione es necesario “inversiones constantes” con el fin de garantizar las condiciones de calidad requerida por los usuarios, como así también para sostener la operación. “Este costo se paga ya sea a través de la tarifa o a través de subsidios, que se financian vía impuestos que pagan los ciudadanos, deuda que contrae el Estado o emisión monetaria. El nivel de subsidios incide directamente en el presupuesto nacional y el déficit por no incrementar la tarifa termina generando más inflación a futuro”.

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