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Economía

Luego de acordar con los privados, el gobierno se prepara para la negociación con el FMI

La disyuntiva: ¿Acuerdo Stand By como hizo Macri o de Facilidades Extendidas que da más tiempo para pagar aunque exija reformas estructurales?

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El acuerdo con los acreedores alcanzado esta madrugada todavía debe materializarse en un canje que, bajo el nuevo cronograma, será el 4 de octubre. Los plazos indican que hasta el 24 de agosto la nueva invitación estará abierta para que la acepten tanto los fondos pertenecientes a los tres grupos de acreedores que se abroquelaron detrás de Larry Fink como otros fondos institucionales y bonistas minoristas. Por lo pronto, con un piso del 70%, el Gobierno ya tiene los números para un canje parcial y podría incluso llegar a uno sin holdouts si el porcentaje de adhesión sigue subiendo.

Por eso, este martes, Kristalina Georgieva felicitó a los fondos, a Alberto Fernández y  a Martín Guzmán por el acuerdo alcanzado en principio que será la antesala de las negociaciones con el FMI.

Antes, el Gobierno deberá cerrar otra etapa del canje de la deuda bajo ley argentina, cuyo monto prácticamente duplica al de la deuda bajo ley extranjera. Para eso Diputados, aprobó ayer el comisión el dictamen con el que darle hoy la media sanción que le falta al Canje de la Deuda bajo ley local. En su implementación se incorporarán las mejoras que ayer Guzmán acordó con los acreedores. Con lo cual, esta etapa también queda políticamente cerrada este martes.

Para el Gobierno la aceptación local del canje rondará el 95%

En cambio, se abren las discusiones con el Fondo Monetario, el otro gran acreedor de la Argentina al que hay que empezar a pagarle el año próximo y que es la llave para destrabar también las deudas con otros acreedores institucionales como el Club de París con el que ya entramos en default.

En el mercado dan por descontado que el camino con el FMI es avanzar hacia una Extended Fund Facility, un tipo de préstamo que da más años para su repago y podría darle Alberto Fernández los años de plazo de gracia que no consiguió con los acreedores, pero en el Gobierno no creen que sea la única alternativa.

“Tenemos que ver qué tipo de programa y qué plazos” dijo a este medio una importante fuente del Gobierno que no descartó que el camino a elegir sea un tercer Stand By, el tipo de préstamo que ofrece el FMI que menos condicionalidades de políticas económicas tiene, pero  con la peculiaridad de que sería uno más largo que los habituales.

‘Tenemos que ver qué tipo de programa y qué plazos’ dijo a LPO una importante fuente del Gobierno que no descartó que el camino a elegir sea un tercer Stand By, pero más largo que los habituales.

En el Gobierno hay menos urgencia por cerrar con el FMI, antes que nada porque los vencimientos del acuerdo actual no son hasta el año próximo y segundo porque tal vez lo más difícil de negociar ya se consensuó: y es la idea que apurar el equilibrio fiscal en recesión como hizo Dujovne no devuelve ni la confianza de los mercados ni contribuya a la estabilidad política. Por elcontrario, los dos Stand By acordados con Macri durante la gestión de Lagarde en el FMI, terminaron de implosionar la economía del país.

En palabras del economista Martín Kalos, director de Epyca Consultores: “El FMI ya avaló explícitamente los criterios básicos de sustentabilidad y capacidad de repago que Guzmán viene pregonando con los acreedores privados, lo cual va a ser el punto de partida para sentarse a negociar y el objetivo es que la deuda en su conjunto mantenga esos criterios”. 

“Con el FMI no se puede negociar ni una quita de intereses ni una reducción de capital, con lo cual la renegociación va ser básicamente el alargamiento del plazo de pago, entonces la pregunta relevante es ¿en qué van a convertir el crédito Stand By? Este tipo de crédito no pone condicionalidades, sino que es un acuerdo para financiar desequilibrios financieros y cambiarios transitorios. La realidad argentina mostró que ese diagnóstico era incorrecto. Por el contrario era una crisis de deuda que llevó a una reestructuración. Las otras líneas de crédito que tiene el FMI son los Extended Funds Facilities, que dan más tiempo, pero a cambio exigen reformas estructurales”, agregó Kalos.

“La definición de qué es una reforma estructural también va a formar parte de la negociación, de qué es lo que exija el Fondo y que Alberto Fernández esté dispuesto a ceder. En rigor ya hay ciertos puntos que están en boca de ambos, por ejemplo una reforma tributaria que incluya repensar el sistema previsional -caballito de batalla histórico del FMI- que es un problema de larga data en la Argentina y que también contemple algún criterio de inclusividad, algo que el gobierno de Alberto Fernández ya ha planteado. Seguramente también se planteen reformas productivas para el cambio estructural algo que seguramente esté más del lado del gobierno que de la agenda del FMI”, apuntó el economista.

La definición de qué es una reforma estructural también va a formar parte de la negociación, pero ya hay ciertos puntos que están en boca de ambos, por ejemplo una reforma tributaria que incluya repensar el sistema previsional.

En el Gobierno saben que un Stand By tiene un período máximo de 3 años y un período de reembolso que va de 3 años y 3 meses a los 5 años, mientras que una Extended Funds Facility (EFF o Servicio Ampliado del Fondo, SAF) tiene un período que va hasta los 4 años, pero con un período de repago que llega a los 10 años con pagos en doce cuotas semestrales iguales.  Pero igual apelan a no entrar en las condicionalidades tradicionales del FMI y van a ver si consiguen evitarlas mediante un Stand By más largo que el promedio habitual para estos créditos. “Tenemos que ver”, reiteraron fuentes oficiales ante la consulta de LPO.

En conferencia de prensa, Guzmán aseguró que quiere un programa “bien diferente con el FMI” del que acordó el Gobierno anterior tanto en  materia de política fiscal como de política monetaria, dijo.

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Marcó del Pont: “No vamos a reproducir las prácticas persecutorias del Gobierno anterior”

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La titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, detalló hoy que en los primeros nueve meses del año 504 contribuyentes concretaron la baja de impuestos por cambio de residencia fiscal y ratificó la decisión de la actual administración de “no reeditar las prácticas persecutorias” llevadas adelante por el Gobierno anterior.

“No vamos a reproducir las prácticas persecutorias llevadas adelante por el Gobierno anterior. Desde la AFIP tomamos conocimiento de estas prácticas y, a partir de distintas denuncias públicas, ya dimos intervención a la justicia penal y las áreas técnicas correspondientes. Nuestro Gobierno no va a reeditar las prácticas persecutorias”, dijo Marco del Pont a Télam.

Al ser consultada sobre la cantidad de contribuyentes de que iniciaron trámites de residencia fiscal, la titular de la AFIP precisó que durante los primeros nueve meses del año 504 personas humanas concretaron la baja de impuestos por cambio de residencia fiscal.

En lo que respecta a Uruguay, la funcionaria detalló que los pedidos de baja de impuestos por cambio de residencia fueron presentados por 229 contribuyentes en los primeros nueve meses del año, equivalente al 46% del total.

En líneas generales, estos números contrastan con publicaciones y declaraciones formuladas durante las últimas semanas desde distintos sectores -medios de comunicación, estudios contables y cámaras empresarias- respecto a la presunta existencia de un incremento sustancial en materia de cambio de residencia fiscal.

“Observamos un incremento en la cantidad de personas que tramitaron el cambio de residencia fiscal que lejos está de manifestar una conducta generalizada. Desde la AFIP monitoreamos en forma permanente el cumplimiento de las condiciones estipuladas en la ley para el cambio de residencia fiscal con el objetivo de evitar maniobras elusivas”, subrayó Marcó del Pont.

La funcionaria reiteró que en la actual administración “no vamos a reproducir las prácticas persecutorias llevadas adelante por el Gobierno anterior. Desde la AIFP tomamos conocimiento de estas prácticas y, a partir de distintas denuncias públicas, ya dimos intervención a la justicia penal y las áreas técnicas correspondientes. Nuestro Gobierno no va a reeditar las prácticas persecutorias”.

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Quienes hayan cobrado parte de su salario con el ATP no podrán acceder a la compra de dólar ahorro

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Las personas que hayan accedido al cobro de parte de su salario a través del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) no podrán acceder a la compra de dólar ahorro, confirmaron a Télam fuentes del Banco Central (BCRA).

La medida forma parte de las restricciones adoptadas a mediados de septiembre por el BCRA para limitar la venta de dólares a particulares que, entre otras, incluye a todo aquel beneficiario de programas de asistencia estatal.

“Los que reciben el ATP no pueden comprar dólares”, apuntaron a esta agencia fuentes de la autoridad monetaria que dirige Miguel Ángel Pesce.

A pesar de haber sido comunicado al momento de los anuncios, muchas personas advirtieron el alcance de esta restricción recién este martes, luego de que el lunes terminara de actualizarse en los bancos los sistemas de compra de dólar vía home banking y demás plataformas digitales, tras casi dos semanas de demoras para la aplicación de las nuevas normativas fiadas por el BCRA.

Cuánta gente cobró el ATP 5
Según datos de la Anses, el ATP 5, que correspondió a los salarios de agosto, alcanzó a 1,3 millones de trabajadores con una inversión $ 25.501 millones y, desde su inicio en abril como sostén del empleo de empresas afectadas por la pandemia de coronavirus, complementó el pago de 8,7 millones de salarios por un total de $ 176.199 millones.

En total, se calcula que cerca de 2,5 millones de personas accedieron al cobro del salario complementario en algunas de sus cinco rondas ejecutadas hasta el momento.

El 15 de septiembre el BCRA emitió la Comunicación “A” 7105, en la que detalla que aquel “beneficiario de algún plan o programa caracterizado como de ayuda social, incluyendo los subsidios de carácter alimentario” no podrá acceder al cupo de US$ 200 dólares para atesoramiento.

Asimismo, fijó que la adquisición de moneda extranjera estará disponible para los que reciban prestaciones de la seguridad social derivadas de la relación laboral, como las asignaciones familiares; tengan ingresos por estar en relación de dependencia; sean titulares de haberes previsionales; o sean trabajadores autónomos, monotributistas o de casas particulares.

“Las entidades deberán requerir documentación respaldatoria de los ingresos y/o activos del cliente y/o toda otra documentación que les permita evaluar la razonabilidad de que el cliente efectúe ahorros en moneda extranjera”, detalló la comunicación “A” 7015.

Otras medidas sobre la compra de dólares
Por otra parte, las restricciones de acceso al dólar para atesoramiento también incluyen un recargo del 35% en concepto de retención del impuesto a las Ganancias y el cómputo de las operaciones con tarjetas de crédito en el exterior dentro del cupo de los US$ 200.

Tampoco podrán acceder a la compra de dólares los cotitulares de cuentas en moneda extranjera y quienes hayan refinanciado cuotas de créditos personales, prendarios e hipotecarios, el saldo de la tarjeta de crédito a 12 meses o sean deudores de préstamos hipotecarios UVA.

El programa ATP entrega un subsidio por hasta el 50% del salario de los trabajadores -con un tope de hasta $33.750- de empresas que hayan registrado una facturación negativa en comparación al mismo mes de 2019, y un préstamo por igual porcentaje del salario -con tope de hasta $20.250- para las empresas con facturación de hasta 40% superior a igual mes del año pasado.

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Casi dos empresas por día solicitaron el concurso preventivo de crisis desde que empezó la cuarentena

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La situación económica argentina está en momento crítico luego de varios meses de inactividad las empresas sienten fuertemente el golpe de la pandemia y la cuarentena, lo que hizo que apelaran a todas las herramientas posibles para evitar el cierre definitivo.

Una de las herramientas que las empresas utilizaban en estos períodos era el Proceso Preventivo de Crisis (PPC), un recurso contemplado por la Ley de Empleo 24.013 que permite a las compañías suspender o despedir personal por una caída en el trabajo, por fuerza mayor o por alguna razón que no sea responsabilidad del empleador.

Según datos del Ministerio de Trabajo de la Nación, durante la última semana laboral nueve empresas recibieron el PPC, lo que hizo que la sumatoria de procesos iniciados desde el pasado 20 de marzo alcanzara las 316 empresas.

Un dato no menor que hizo que el número no sea mayero fue la homologación de acuerdos entre los sindicatos y las patronales para reducir horas de trabajo, suspender y bajar los salarios a cambio de que no haya despidos.

Una mujer camina hoy frente a un local cerrado de la aerolínea chilena Latam, en Buenos Aires (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni
Una mujer camina hoy frente a un local cerrado de la aerolínea chilena Latam, en Buenos Aires (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni

A esto se le sumó la aparición de los los acuerdos del Artículo 223 Bis por empresa de la Ley de Contrato de Trabajo (suspensiones) por empresa que entre el 21 de septiembre y el 25 del mismo mes se sumaron 30 empresas contabilizando 1869 suspensiones desde el pasado 20 de marzo.

En el caso de la Resolución 397/20 que son los acuerdos entre la CGT y la UIA para los salarios y las suspensiones en el sector industrial, en la última semana se cerraron 7 acuerdos con los que ya suma 977 los casos durante 190 días de aislamiento. Por último, hay un ítem que se denomina Adhesiones que son acuerdos entre empresas y sindicatos para la reducción de la jornada y de los salarios como es el de la CGT/UIA pero para sectores que no son industriales. En este caso, fueron 750 en los últimos 5 días lo que contabilizaron 19940 desde que comenzó la pandemia.

La cantidad aceptada por el Ministerio no necesariamente refleja la cantidad de solicitudes presentadas por las empresas. Un caso testigo de esto fue el de Latam Argentina, que el Ministerio rechazó el pedido de apertura del proceso.

La contracara de esto es lo que sucedió con el call center de Atento, que el pasado 18 de agosto solicitó la apertura del proceso y ahora se encuentra negociando con el Ministerio de Trabajo de la Nación, la ATACC y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS).En todo 2019, un mal año para la actividad, se presentaron 120 empresas al procedimiento preventivo de crisis, y el anterior, 108 compañíasEn todo 2019, un mal año para la actividad, se presentaron 120 empresas al procedimiento preventivo de crisis, y el anterior, 108 compañías

La mediación con el call center de Atento se realiza en el Ministerio de Trabajo de la Nación porque desde febrero pasado que las provincias perdieron la facultad de homologar los Procedimientos Preventivos de Crisis por disposición del Ministerio de Trabajo de la Nación, debido a que podían afectar aportes y contribuciones que forman parte de la recaudación nacional.

En la comparación con el año pasado, el número representa una fuerte suba si tiene en cuenta que en todo 2019, un mal año para la actividad, se presentaron 120 empresas, y el anterior, 108 compañías.

Durante el 2019 se vivieron casos de empresas emblemáticas que solicitaron y actuaron dentro del marco del Proceso Preventivo de Crisis. En buena parte de los casos fueron compañías en donde el cambio de tendencia del proceso económico que comenzó a mediados de 2018 los afectó e hizo que en 2019 entraran en el PPC. En ese grupo apareció las pizzerías Romario, la embotelladora Femsa, la marca de zapatos Grimoldo, la cadena Ribeiro y la marca de ropa AY Not Dead consecuencia de la caída de la actividad, la suba de los costos y la fuerte devaluación.

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