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Economía

El sector agropecuario volvió a expresar su rechazo al impuesto a la riqueza

Desde Confederaciones Rurales Argentinas dijeron: “El incremento de impuestos sólo ha conseguido incrementar la desigualdad, el gasto público y la pobreza”. Además, la Cámara de Inmobiliarias Rurales se pronunció en contra del proyecto

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En las horas previas al inicio del debate en el Congreso de la Nación, los dirigentes de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), una de las entidades del campo que conforma la Mesa de Enlace, volvieron a expresar sus críticas al impuesto a la riqueza, que busca aprobar e implementar el oficialismo, con el objetivo de morigerar el impacto de la pandemia del coronavirus.

A los representantes de los productores agropecuarios les preocupa que la puesta en marcha de la iniciativa, significaría un aumento de la presión impositiva. Al respecto, dijeron: “Si la intención es lograr el desarrollo productivo, el incremento del ingreso de divisas al país y por sobre todas las cosas, mejorar la situación en la que estamos sumergidos la gran mayoría de los argentinos, no hace falta ser un especialista para poder afirmar que el incremento de la carga tributaria, no es el camino”.

Y agregaron: “La historia reciente nos muestra que la baja de impuestos incrementa la producción; por el contrario su incremento, sólo ha conseguido incrementar la desigualdad, haciendo crecer el gasto público y la pobreza. Multiplicar la riqueza sólo es posible favoreciendo la posibilidad de generar recursos a través del trabajo y no destruyendo los capitales productivos”.

El documento de CRA también contempla la opinión de especialistas y constitucionalistas quienes han calificado el proyecto oficial como “inconstitucional y confiscatorio”. Y agregaron: “La retroactividad que plantea el proyecto es referida a que se valuaría sobre el patrimonio existente al 31/12/2019, sin tener en cuenta la capacidad contributiva actual del contribuyente, y no contempla la posibilidad de que el mismo haya tenido que reducir su capital en este año, en el que nadie trabajó con normalidad”.Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (Foto: Télam)Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (Foto: Télam)

“Es confiscatorio porque no sólo logrará apoderarse de la pequeña porción de utilidad que pueda quedar, luego de pagar el resto de los tributos, sino que se devora parte del patrimonio. Si al 31/12/19, era poseedor de un patrimonio nacional, que supere, los $ 200 millones, no significa que pueda pagar hoy 4 millones, se deberá pedir un préstamo personal, con un costo que puede llegar al 110%, ¿para pagar el impuesto a la riqueza?”, manifestaron los dirigentes de CRA.

Además, en el comunicado, los integrantes de la entidad, que preside Jorge Chemes, señalaron: “El proyecto deja afuera todas las excepciones que contempla el impuesto a los Bienes Personales, es decir incluye tenedores de bonos nacionales, provinciales y municipales, dinero en cuentas bancarias de ahorro, los inmuebles rurales de las personas físicas, las maquinarias agrícolas por el valor de compra, todo ajustado por inflación y sin tener en cuenta las deudas que aún se estén pagando por estos bienes”.

Mariana Martínez, coordinadora de la Comisión de Legislación e Impuestos de CRA, sostuvo que un productor de la zona núcleo con 200 hectáreas y una máquina, “se considera rico y lo mismo le sucede al dueño de una PyMe industrial, propietario de inmueble, instalaciones y maquinarias con tecnología, ¿no son éstos los actores que generan trabajo y crecimiento a nuestro país?

Más críticas

Las críticas de CRA se suman a la de otras entidades y sectores que rechazan el proyecto de los diputados del Frente de Todos. Los integrantes de la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) advirtieron que el mercado ” necesita nutrirse de señales positivas y de aliento para el desarrollo de las industrias y el fortalecimiento de la producción y el consumo, para con ello retomar el camino del tan esperado crecimiento y el incremento de los puestos de trabajo”.

Además, señalaron que el nuevo impuesto, “puede producir en el corto y mediano plazo efectos contrarios al buscado. Esto no solamente ante la posibilidad de que este extraordinario aporte se convierta en un impuesto más de los diversos ya existentes. Ejemplos que logran demostrar que la excepción se ha convertido en regla abundan en esta materia”.

Es por eso, que desde la Cámara sostienen que para mitigar a la pandemia se necesita del esfuerzo de todos los argentinos, y no solamente de un sector. Al respecto, rechazaron “el castigo a quien mayor tributa, conforme a su capacidad. Todo esto provocará que se busquen otros horizontes al momento de invertir o reinvertir las ganancias, ya que de las pérdidas el Estado nunca es socio. Por todo ello, le pedimos a nuestros legisladores priorizar debates serios y responsables en pos de atraer inversiones y retener a las ya existentes incentivándolas y apoyándolas”, manifestaron en un comunicado.Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina (Juan Vargas)Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina (Juan Vargas)

Otro de los dirigentes del campo que se pronunció en contra del nuevo impuesto, fue el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, quien dijo a Infobae: “Cualquier impuesto, se lo llame así o no, es una nueva exacción y me parece que va en contra de lo que necesitamos para encontrar soluciones de fondo, que básicamente pasa por encarar un cambio en la estructura del gasto público, que es muy alto en relación al tamaño de la economía”.

Por su parte, la Cámara Argentina de Comercio (CAC) manifestó su preocupación respecto de lo que significará una nueva carga sobre las personas humanas con grandes patrimonios, “que incrementaría una presión impositiva ya de por sí muy elevada”.

“La CAC entiende que la progresividad es una característica bienvenida de los esquemas impositivos, pero también que antes de avanzarse con una obligación extra debe tenerse en cuenta que en el país ya existen tributos que están en función de la capacidad económica del contribuyente, como lo son el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto sobre los Bienes Personalesgravando este último los mismos bienes sobre los que se intenta aplicar el gravamen que se proyecta, y cuyas alícuotas se incrementaron en hasta 9 veces en el último año”, afirmó la entidad mediante un comunicado.

Además, planteó que la entidad está convencida de que la expansión de la actividad, la reducción de la pobreza y la corrección del déficit fiscal, para ser sostenibles, requieren de la existencia de un “sector privado dinámico y moderno, lo que difícilmente se logrará si se siguen incrementando las cargas que sobre él recaen, con el riesgo adicional de generar algún grado de éxodo tributario a jurisdicciones con un tratamiento más favorable”.

Sector empresario

La Asociación Empresaria Argentina (AEA), la entidad que agrupa a los dueños y ejecutivos de las empresas más importantes del país, emitió días atrás un comunicado en el que subraya el rol crucial del sector privado para generar empleo y reducir la pobreza, entre otros objetivos de desarrollo del país.

El comunicado, titulado “Instituciones para el Desarrollo” dice en su primer párrafo: “Argentina necesita imperiosamente crecer y desarrollarse en forma sostenida. El camino más eficaz para generar empleos, ingresos y reducir la pobreza es la movilización plena de las energías del sector privado, es decir, permitir y estimular tanto a individuos como a pequeñas, medianas y grandes empresas a emprender, a desarrollar nuevos proyectos, a invertir, a innovar y a conquistar mercados externos”.

Para lograr esos objetivos, sigue diciendo la entidad empresaria, “la condición necesaria es contar con instituciones fuertes en el marco de la Constitución; asegurar la plena vigencia de la República; la división de poderes; una justicia verdaderamente independiente y la libertad de prensa”.Para llevar a cabo eficazmente la tarea de volver a poner en marcha el aparato productivo del país debe además garantizarse el derecho de propiedad y evitarse la aplicación de impuestos confiscatorios que alejen de la Argentina a empresas y personas, señaló un informe de AEA.

El párrafo siguiente es aún más explícito. “Un ejemplo claro de una medida injustificada –dice- es lo determinado en el reciente Decreto 690/20 mediante el cual se introduce un cambio radical en las reglas de juego del sector de las tecnologías de la información. Esta disposición afecta negativamente a una industria que ha incorporado innovaciones y realizado inversiones significativas en los últimos años y que, además, tiene un papel decisivo en el funcionamiento de todas las actividades económicas del país”.

“Para llevar a cabo eficazmente la tarea de volver a poner en marcha el aparato productivo del país, así como para alentar nuevas inversiones es fundamental evitar los controles de precios, así como el congelamiento de tarifas que tensionan la ecuación económica de las empresas. Debe además garantizarse el derecho de propiedad y evitarse la aplicación de impuestos confiscatorios que alejen de la Argentina a empresas y personas”, dice otro pasaje, que critica inequívocamente varios aspectos de la política económica del gobierno del presidente Alberto Fernández.

La crítica de AEA a los controles de precios apunta directamente a uno de los pilares de la política económica del gobierno. Su referencia a los “impuestos confiscatorios” hacen eco con manifestaciones de empresarios y tributaristas que criticaron el recientemente presentado proyecto de “impuesto a la riqueza” y la impugnación del decreto 690, sobre el sector de telecomunicaciones, fue explícito.

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Economía

Cuáles son las dos alternativas que evalúa el Gobierno para fortalecer las reservas del BCRA

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El Gobierno está en tiempo de descuento en materia cambiaria, coinciden los analistas económicos. Ni el refuerzo del cepo de la semana pasada hizo que el Banco Central (BCRA) pudiera dejar de intervenir en el mercado para contener la cotización del tipo de cambio oficial. Las ventas de dólar ahorro por el momento siguen frenadas, pero la demanda por importaciones no logra ser cubierta por una oferta escasa. Por lo tanto, la presión sobre las reservas se hace cada vez más pesada.

En este contexto, el Gobierno tiene en carpeta dos alternativas para fortalecerlas y tener mayor poder de fuego para intervenir en el mercado. Según fuentes oficiales, se analiza activar el swap de monedas con China y negociar con un pool de bancos un Repo (repurchase agreement, según sus siglas en inglés), que es un préstamo de corto plazo para darle liquidez al BCRA. La administración de Mauricio Macri utilizó ambos mecanismos en el inicio de su gestión, con Federico Sturtzenegger al frente de la entidad monetaria y Alfonso Prat Gay en Economía, para reforzar las reservas tras la salida del cepo.

En el primer caso, el Banco Central ya encaminó gestiones preliminares para activar el swap de monedas con el Banco Central de China por un monto estimado entre USD 1.500 y USD 2.000 millones. El único antecedente de utilización del swap es de diciembre de 2015, cuando el BCRA canjeó los yuanes chinos por 3.000 millones de dólares líquidos.

El gran interrogante para concretar el Repo es cuál sería el activo que la Argentina entregaría en garantía para que los bancos acepten.
En esta oportunidad, se elegiría un camino diferente: en lugar de cambiar yuanes por dólares, se utilizarían los yuanes para pagar las importaciones chinas de, al menos, los próximos 6 meses. De esa forma, el Banco Central se ahorraría el gasto de esos dólares de sus reservas. La operación no aumentará sus reservas brutas, pero sí sus reservas líquidas o netas, las que puede usar para intervenir en el mercado si fuese necesario.

Resguardar esos USD 2.000 millones dentro de sus reservas no será gratuito. Por la activación del swap, el BCRA deberá pagar un interés estipulado por la tasa Shibor (la tasa interbancaria de China) más un plus que dejarán la tasa en algo menos del 6%. El swap entre ambos bancos centrales cuenta con la ventaja de que mientras no es activado, no genera tasa de interés alguna y permite aumentar las reservas brutas sin costo. Las reservas del BCRA, gracias a este mecanismo, tienen hoy USD 18.000 millones entre sus activos. La activación del swap en circunstancias como las actuales es uno de los motivos por los que esta clase de acuerdos fueron sostenidos a lo largo de distintos gobiernos.

No obstante lo informado a Infobae por fuentes oficiales, un vocero del BCRA negó que la entidad tenga en sus planes activar el swap de monedas con su similar de China o que hubiera hecho gestiones en ese sentido.

Desde comienzos de julio, el BCRA debió vender en el mercado de cambios cerca de USD 3.000 millones para contener el tipo de cambio, a pesar de dos factores que deberían jugarle a favor en su pelea con el mercado: el rígido control de cambios y el superávit comercial.
La segunda alternativa que está evaluando el Gobierno es avanzar con el Repo. Según afirmaron fuentes oficiales, ya se está gestando una negociación con los bancos HSBC y Bank of America, los dos colocadores de los nuevos bonos del canje, y con el UBS, y el objetivo sería obtener un préstamo por unos USD 6.000 millones. El gran interrogante es cuál sería el activo que la Argentina entregaría en garantía para que los bancos acepten. “Si fuera contra oro, podría ser. Si no, lo veo difícil”, sentenció un importante operador del mercado.

Desde comienzos de julio, el BCRA debió vender en el mercado de cambios cerca de USD 3.000 millones para contener el tipo de cambio, a pesar de dos factores que deberían jugarle a favor en su pelea con el mercado. El primero es el rígido control de cambios, endurecido la semana pasada, que restringe la venta de dólares tanto para empresas como para personas. El segundo es el comercio exterior, que en virtud de la caída de las importaciones viene registrando un saldo favorable.

De todas maneras, la brecha creció fuerte desde los nuevos controles (llegó al 100%), por lo que la demanda de dólar ahorro podría mantenerse en tanto y en cuanto exista esa amplia diferencia.

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El BCRA anuló una resolución de la semana pasada y se normalizarán las transferencias en dólares

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El Banco Central dictó hoy una resolución que comenzará a destrabar parte del virtual feriado cambiario que rige desde la semana pasada. Eximió a los bancos del requisito de chequear en la web de la Anses si un titular de una caja de ahorro en dólares es beneficiario de un plan social antes de hacerle una acreditación en esa moneda. La decisión permitirá normalizar las transferencias en dólares en beneficio de personas físicas que tanto bancos privados como públicos habían suspendido desde la semana pasada.

El miércoles 15, dentro de una serie de normas tendientes a endurecer los controles cambiarios, el BCRA emitió la comunicación A7105 que obligaba a los bancos a hacer esa consulta previa, “excepto que se solicite para acreditar transferencias que provengan del exterior”. Desde las entidades financieras se quejaron bajo el argumento de que resultaba inviable chequear en forma manual en la web de la Anses en forma previa a cada transferencia.

Ocho días después, el Central emitió la Comunicación A7112, que corrige a la anterior disposición y señala que habrá consultas “excepto que provengan de transferencias”, incluyendo a todas por igual.

La misma traba normativa que desde el mismo día impidió las compras de dólar “solidario”, también impidió la realización de transferencias en dólares cuyos receptores fueran personas físicas (no afectó, en ningún caso, a cuentas de empresas). Los bancos pidieron que la Anses mande los datos “empaquetados” o a través de algún servicio en línea para sumarlos a sus sistemas y así cumplir con la normativa.El BCRA dispuso que todas las transferencias de cuentas nominadas en moneda extranjera se podrán cursar sin necesidad de validación previa. 

La Anses manifestó en ese momento que “mantiene activa” una web de acceso público y que los bancos pueden averiguar por esa vía quién es beneficiario de un plan social. Posteriormente, el organismo previsional acordó cederle la información al BCRA para que éste disponga un mecanismo de consulta para los bancos que evite el chequeo manual. Esa decisión servirá para reactivar la venta de dólar ahorro.

La medidas fue comunicada por el BCRA a través de un comunicado en el que la entidad señaló que “dispuso que todas las transferencias de cuentas nominadas en moneda extranjera se podrán cursar sin necesidad de validación previa. La decisión fue tomada por el Directorio e informada a través de la comunicación A7112, que modificó la comunicación A7105, eliminando la condición de que las transferencias tengan origen en el exterior”.

“De esta manera, las aperturas de cajas de ahorro en moneda extranjera que se realicen para la acreditación de una transferencia y la acreditación de fondos en cuentas ya habilitadas no requerirán de la validación establecida en la comunicación A7105”, concluyó el parte de prensa del Central.

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Economía

El Gobierno prorrogará otros 60 días la prohibición de despedir sin justa causa

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El Gobierno nacional oficializará este jueves la extensión por otros 60 días de la prohibición de producir despidos “sin justa causa y por razones de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor”, por lo que el decreto regirá hasta fines de noviembre, informó a Télam el Ministerio de Trabajo.

La prohibición de producir cesantías se publicará este jueves en el Boletín Oficial, según aseguraron las fuentes oficiales, en el contexto de un decreto que firmará el presidente Alberto Fernández “en acuerdo general de ministros”, aseguró.

La decisión fue adoptada en el contexto de “la emergencia pública económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social” determinada por la Ley 27.541, la ampliación de la emergencia sanitaria dispuesta por decreto 260/20 y las medidas de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de “distanciamiento social” de los decretos 297/20 y 520/20.

También el decreto presidencial prorrogará la prohibición de suspender por causas de “fuerza mayor o ausencia o disminución de trabajo” por ese plazo, a excepción de las realizadas según el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), según especificaron a esta agencia las fuentes laborales.

La medida ratificará también que “los despidos y suspensiones que se dispongan y violen las disposiciones adoptadas no producirán ningún efecto”, y que “se mantendrán vigentes las relaciones laborales y sus condiciones actuales”.

La prórroga de despidos y suspensiones no se aplicará a las contrataciones realizadas con posterioridad a su vigencia, pero la medida “no será de aplicación en el sector público definido en el artículo 8 de la Ley 24.156 y sus modificatorias, con independencia del régimen jurídico al que esté sujeto el personal de los organismos, sociedades, empresas o entidades que lo integran”.

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