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Economía

El 2020 finalizará con casi 63% de la infancia en situación de pobreza en la Argentina

Estimaciones actualizadas del organismo internacional para la infancia y que toma en cuenta la caída del PBI generada por la pandemia estima que la cantidad de chicas y chicos pobres pasará de 7 a 8,3 millones al finalizar 2020.

Axel

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Al finalizar 2020, habrá 1,2 millones pobres más entre los niños, niñas y adolescentes de Argentina en relación al año anterior, según un informe presentado hoy por Unicef que actualiza las estimaciones realizadas en mayo, cuando la organización pronosticaba que 750 mil niños, niñas y adolescentes (NNYA) caerían en esa situación para la misma época, por la pandemia de coronavirus.

Las nuevas proyecciones alertan que, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020, la cantidad de chicas y chicos pobres pasará de 7 a 8,3 millones, lo que en términos porcentuales implica que casi el 63% de los NNYA estará en esa condición a fin de año, muy por encima de la estimación del 58.6% realizada en mayo.

En tanto, se espera que la pobreza extrema crezca de 1,8 a 2,4 millones, afectando al 18.7% de los NNYA al final del período analizado.

La pobreza extrema aumenta más en términos relativos, porque se incrementa un 33% mientras que la pobreza general está aumentando un 18%, lo que implica que los más afectados por esta situación son los que están en la indigencia“, dijo Sebastián Waisgrais, especialista en Inclusión Social de Unicef.

No obstante “estos valores cambian significativamente” en función del lugar de residencia, el nivel educativo o de ingresos de los padres, evidenciando las “desigualdades”.

Estos datos forman parte del informe “Actualización de la estimación de pobreza infantil” que Unicef elabora sobre la base de datos oficiales del Indec y los nuevos pronósticos de evolución del PBI realizados por el FMI, que en el caso de Argentina prevé una caída de la actividad del 9,9%, es decir, “significativamente” más alta que la previsión anterior, que era de sólo el 5,7%; y una recuperación “más lenta” durante el 2021.

Durante la videoconferencia que reunió hoy a una treintena de medios de todo el país, la organización presentó también los resultados de la “Segunda Encuesta de Percepción y Actitudes de la Población. Impacto de la pandemia y las medidas adoptadas por el gobierno sobre la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes” realizada sobre la base de 2.525 encuestas telefónicas a hogares con NNYA de todo el país.

La encuesta muestra que, más allá de la apertura de actividades, de la flexibilización de la cuarentena en parte del país y los programas de asistencia, 2,6 millones de hogares (45%) tienen sus ingresos laborales reducidos por la cuarentena.

Esta persistencia en la reducción de ingresos “no se da por la pérdida de empleo, que sigue estable en torno al 7%, sino por la disminución de la cantidad de horas de trabajo o de las ventas o changas” al interior de los hogares.

En cuanto al nivel de endeudamiento, la encuesta muestra que el 25% de los hogares tienen al menos una deuda y que el 15% tuvo que recurrir a un préstamo o al fiado para comprar alimentos, pero esa proporción aumenta al 25% si pertenece a barrios populares y al 22% para los titulares de la AUH.

Además, el porcentaje de hogares que dejó de comprar algún alimento por falta de recursos disminuyó levemente del 28 al 26%, pero la concurrencia a comedores populares aumentó (pasó del 8% al 10%) y mejoró notablemente el acceso: en abril el 8% de las personas que concurrieron a un comedor reportaron problemas para llegar o retirar viandas, indicador que en julio se redujo al 1%.

Por otro lado, el informe muestra que Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) alcanza ahora al 47% de los hogares con NNYA frente al 22% que lo recibía en abril, lo que implica que son 2.8 millones los hogares donde al menos un miembro lo recibe, con un impacto total de 13 millones de personas.

También se incrementó la cobertura de los programas alimentarios -como la tarjeta Alimentar-, que en julio alcanzaron al 36% de los hogares frente al 19% en abril.

El especialista aseguró que “el 57% de los hogares tienen hoy alguna transferencia de protección de ingresos” frente al 40% de la medición anterior, pero llamó la atención sobre el “error de exclusión” que hace que haya un 20% a los que les rechazaron el IFE.

La representante de Unicef Argentina, Luisa Brumana, señaló que la continuidad de los programas de protección social “es clave para evitar que más hogares caigan en la pobreza extrema”, por lo cual “deben redoblarse los esfuerzos para que ninguna familia en condiciones de vulnerabilidad se quede por fuera”.

A 140 días de implementarse en el país el ASPO, en julio disminuyó casi 10 puntos porcentuales la población que considera que la cuarentena obligatoria puede evitar el contagio de coronavirus, pasando del 96.2% en abril al 87% de julio.

“Son valores todavía elevados, que dan cuenta que el conjunto de la sociedad está valorando la cuarentena de manera positiva“, dijo.

En cuanto los controles de salud y vacunación, el 28% de las familias encuestadas señaló que desde que se implementó la cuarentena “tuvo que dejar de asistir”, y un 40% de los hogares pudo retomarlos en las regiones del país donde se flexibilizó.

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Marcó del Pont: “No vamos a reproducir las prácticas persecutorias del Gobierno anterior”

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La titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, detalló hoy que en los primeros nueve meses del año 504 contribuyentes concretaron la baja de impuestos por cambio de residencia fiscal y ratificó la decisión de la actual administración de “no reeditar las prácticas persecutorias” llevadas adelante por el Gobierno anterior.

“No vamos a reproducir las prácticas persecutorias llevadas adelante por el Gobierno anterior. Desde la AFIP tomamos conocimiento de estas prácticas y, a partir de distintas denuncias públicas, ya dimos intervención a la justicia penal y las áreas técnicas correspondientes. Nuestro Gobierno no va a reeditar las prácticas persecutorias”, dijo Marco del Pont a Télam.

Al ser consultada sobre la cantidad de contribuyentes de que iniciaron trámites de residencia fiscal, la titular de la AFIP precisó que durante los primeros nueve meses del año 504 personas humanas concretaron la baja de impuestos por cambio de residencia fiscal.

En lo que respecta a Uruguay, la funcionaria detalló que los pedidos de baja de impuestos por cambio de residencia fueron presentados por 229 contribuyentes en los primeros nueve meses del año, equivalente al 46% del total.

En líneas generales, estos números contrastan con publicaciones y declaraciones formuladas durante las últimas semanas desde distintos sectores -medios de comunicación, estudios contables y cámaras empresarias- respecto a la presunta existencia de un incremento sustancial en materia de cambio de residencia fiscal.

“Observamos un incremento en la cantidad de personas que tramitaron el cambio de residencia fiscal que lejos está de manifestar una conducta generalizada. Desde la AFIP monitoreamos en forma permanente el cumplimiento de las condiciones estipuladas en la ley para el cambio de residencia fiscal con el objetivo de evitar maniobras elusivas”, subrayó Marcó del Pont.

La funcionaria reiteró que en la actual administración “no vamos a reproducir las prácticas persecutorias llevadas adelante por el Gobierno anterior. Desde la AIFP tomamos conocimiento de estas prácticas y, a partir de distintas denuncias públicas, ya dimos intervención a la justicia penal y las áreas técnicas correspondientes. Nuestro Gobierno no va a reeditar las prácticas persecutorias”.

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Quienes hayan cobrado parte de su salario con el ATP no podrán acceder a la compra de dólar ahorro

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Las personas que hayan accedido al cobro de parte de su salario a través del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) no podrán acceder a la compra de dólar ahorro, confirmaron a Télam fuentes del Banco Central (BCRA).

La medida forma parte de las restricciones adoptadas a mediados de septiembre por el BCRA para limitar la venta de dólares a particulares que, entre otras, incluye a todo aquel beneficiario de programas de asistencia estatal.

“Los que reciben el ATP no pueden comprar dólares”, apuntaron a esta agencia fuentes de la autoridad monetaria que dirige Miguel Ángel Pesce.

A pesar de haber sido comunicado al momento de los anuncios, muchas personas advirtieron el alcance de esta restricción recién este martes, luego de que el lunes terminara de actualizarse en los bancos los sistemas de compra de dólar vía home banking y demás plataformas digitales, tras casi dos semanas de demoras para la aplicación de las nuevas normativas fiadas por el BCRA.

Cuánta gente cobró el ATP 5
Según datos de la Anses, el ATP 5, que correspondió a los salarios de agosto, alcanzó a 1,3 millones de trabajadores con una inversión $ 25.501 millones y, desde su inicio en abril como sostén del empleo de empresas afectadas por la pandemia de coronavirus, complementó el pago de 8,7 millones de salarios por un total de $ 176.199 millones.

En total, se calcula que cerca de 2,5 millones de personas accedieron al cobro del salario complementario en algunas de sus cinco rondas ejecutadas hasta el momento.

El 15 de septiembre el BCRA emitió la Comunicación “A” 7105, en la que detalla que aquel “beneficiario de algún plan o programa caracterizado como de ayuda social, incluyendo los subsidios de carácter alimentario” no podrá acceder al cupo de US$ 200 dólares para atesoramiento.

Asimismo, fijó que la adquisición de moneda extranjera estará disponible para los que reciban prestaciones de la seguridad social derivadas de la relación laboral, como las asignaciones familiares; tengan ingresos por estar en relación de dependencia; sean titulares de haberes previsionales; o sean trabajadores autónomos, monotributistas o de casas particulares.

“Las entidades deberán requerir documentación respaldatoria de los ingresos y/o activos del cliente y/o toda otra documentación que les permita evaluar la razonabilidad de que el cliente efectúe ahorros en moneda extranjera”, detalló la comunicación “A” 7015.

Otras medidas sobre la compra de dólares
Por otra parte, las restricciones de acceso al dólar para atesoramiento también incluyen un recargo del 35% en concepto de retención del impuesto a las Ganancias y el cómputo de las operaciones con tarjetas de crédito en el exterior dentro del cupo de los US$ 200.

Tampoco podrán acceder a la compra de dólares los cotitulares de cuentas en moneda extranjera y quienes hayan refinanciado cuotas de créditos personales, prendarios e hipotecarios, el saldo de la tarjeta de crédito a 12 meses o sean deudores de préstamos hipotecarios UVA.

El programa ATP entrega un subsidio por hasta el 50% del salario de los trabajadores -con un tope de hasta $33.750- de empresas que hayan registrado una facturación negativa en comparación al mismo mes de 2019, y un préstamo por igual porcentaje del salario -con tope de hasta $20.250- para las empresas con facturación de hasta 40% superior a igual mes del año pasado.

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Casi dos empresas por día solicitaron el concurso preventivo de crisis desde que empezó la cuarentena

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La situación económica argentina está en momento crítico luego de varios meses de inactividad las empresas sienten fuertemente el golpe de la pandemia y la cuarentena, lo que hizo que apelaran a todas las herramientas posibles para evitar el cierre definitivo.

Una de las herramientas que las empresas utilizaban en estos períodos era el Proceso Preventivo de Crisis (PPC), un recurso contemplado por la Ley de Empleo 24.013 que permite a las compañías suspender o despedir personal por una caída en el trabajo, por fuerza mayor o por alguna razón que no sea responsabilidad del empleador.

Según datos del Ministerio de Trabajo de la Nación, durante la última semana laboral nueve empresas recibieron el PPC, lo que hizo que la sumatoria de procesos iniciados desde el pasado 20 de marzo alcanzara las 316 empresas.

Un dato no menor que hizo que el número no sea mayero fue la homologación de acuerdos entre los sindicatos y las patronales para reducir horas de trabajo, suspender y bajar los salarios a cambio de que no haya despidos.

Una mujer camina hoy frente a un local cerrado de la aerolínea chilena Latam, en Buenos Aires (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni
Una mujer camina hoy frente a un local cerrado de la aerolínea chilena Latam, en Buenos Aires (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni

A esto se le sumó la aparición de los los acuerdos del Artículo 223 Bis por empresa de la Ley de Contrato de Trabajo (suspensiones) por empresa que entre el 21 de septiembre y el 25 del mismo mes se sumaron 30 empresas contabilizando 1869 suspensiones desde el pasado 20 de marzo.

En el caso de la Resolución 397/20 que son los acuerdos entre la CGT y la UIA para los salarios y las suspensiones en el sector industrial, en la última semana se cerraron 7 acuerdos con los que ya suma 977 los casos durante 190 días de aislamiento. Por último, hay un ítem que se denomina Adhesiones que son acuerdos entre empresas y sindicatos para la reducción de la jornada y de los salarios como es el de la CGT/UIA pero para sectores que no son industriales. En este caso, fueron 750 en los últimos 5 días lo que contabilizaron 19940 desde que comenzó la pandemia.

La cantidad aceptada por el Ministerio no necesariamente refleja la cantidad de solicitudes presentadas por las empresas. Un caso testigo de esto fue el de Latam Argentina, que el Ministerio rechazó el pedido de apertura del proceso.

La contracara de esto es lo que sucedió con el call center de Atento, que el pasado 18 de agosto solicitó la apertura del proceso y ahora se encuentra negociando con el Ministerio de Trabajo de la Nación, la ATACC y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS).En todo 2019, un mal año para la actividad, se presentaron 120 empresas al procedimiento preventivo de crisis, y el anterior, 108 compañíasEn todo 2019, un mal año para la actividad, se presentaron 120 empresas al procedimiento preventivo de crisis, y el anterior, 108 compañías

La mediación con el call center de Atento se realiza en el Ministerio de Trabajo de la Nación porque desde febrero pasado que las provincias perdieron la facultad de homologar los Procedimientos Preventivos de Crisis por disposición del Ministerio de Trabajo de la Nación, debido a que podían afectar aportes y contribuciones que forman parte de la recaudación nacional.

En la comparación con el año pasado, el número representa una fuerte suba si tiene en cuenta que en todo 2019, un mal año para la actividad, se presentaron 120 empresas, y el anterior, 108 compañías.

Durante el 2019 se vivieron casos de empresas emblemáticas que solicitaron y actuaron dentro del marco del Proceso Preventivo de Crisis. En buena parte de los casos fueron compañías en donde el cambio de tendencia del proceso económico que comenzó a mediados de 2018 los afectó e hizo que en 2019 entraran en el PPC. En ese grupo apareció las pizzerías Romario, la embotelladora Femsa, la marca de zapatos Grimoldo, la cadena Ribeiro y la marca de ropa AY Not Dead consecuencia de la caída de la actividad, la suba de los costos y la fuerte devaluación.

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