La Cámara Federal de Casación se apresta a definir si confirma la condena a 6 años de prisión de la expresidenta Cristina Kirchner en la causa conocida como Vialidad por el delito de fraude con las licitaciones de obras públicas en Santa Cruza. El tribunal deberá resolver si ratifica la pena, la reduce o si -como pretende el fiscal- la eleva a 12 años de prisión con el delito de asociación ilícita.
Por ahora hay posturas divergentes entre los camaristas que deben decidir. Uno de ellos, Gustavo Hornos, se inclinaría por endurecer el fallo e incorporar el cargo de asociación ilícita, que reclamó el fiscal de Casación Mario Villar, del mismo modo que el fiscal del juicio oral Diego Luciani.
Pero la posición de Hornos es por ahora bastante solitaria. Los otros dos jueces que deberán intervenir son Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. Borinsky está analizando el asunto y primaría la idea de que no correspondería aplicar la pena máxima para el delito de fraude, incluso tomando las 45 licitaciones como un solo hecho de fraude, tratándose de una persona primaria y sin antecedentes penales.
Borinsky, de hecho, participó en un fallo del 1° de agosto pasado que dejó firme la responsabilidad penal del exministro kirchnerista Julio De Vido por la tragedia ferroviaria de Once, pero se pronunció a favor de que se revise la pena de 5 años y ocho meses de prisión porque se aplicaron agravantes que no correspondían y no se aplicaron atenuantes que si correspondían. Un anticipo de lo que puede ser su voto en esta causa de Vialidad.
Es un misterio, en tanto, el voto del juez Barroetaveña, que espera que termine Borinsky de delinear sus argumentos para pronunciarse. Son 14 imputados y 13 condenas que hay que revisar. A esta altura de la deliberación, hay una certeza: el fallo está dividido. Si Barroetaveña -juez con experiencia en juicios orales y valoración del monto de las penas- suma sus argumentos a los de Borinsky, es posible que Cristina Kirchner se vea beneficiada en la causa Vialdiad con una reducción de la condena.
En cualquier caso, si la pena se eleva o se reduce, los jueces están analizado si antes de fallar corresponde convocar a una audiencia destinada a conocer en persona a los imputados antes de dictar una sentencia que puede implicar que queden presos. Este tipo de audiencias están más destinada a los delincuentes comunes que a los exfuncionarios conocidos por todos, acusados de delitos de corrupción o condenados por delitos de cuello blanco.
Los jueces que deben votar llegan a esta instancia con situaciones diversas. Hornos ya votó en el pasado en otros expedientes con posiciones duras contra el kirchnerismo;
Borinsky, en tanto, no oculta su aspiración de ser Procurador General de la Nación, si es que lo postula el presidente Javier Milei, o juez de una Corte ampliada. Pero para llegar al eventual cargo necesitaría de los votos del kirchnerismo, pues hace falta alcanzar dos tercios de los senadores, incluidos los kirchneristas. Borinsky acaba de regresar de Roma, donde se entrevistó con el papa Francisco, junto con sus colegas Daniel Petrone y María Eugenia Capuchetti. Hablaron del proyecto del nuevo Código Penal y recibieron la bendición del Papa. Borinsky espera que sea suficiente para hacer realidad sus aspiraciones.
Barroetaveña llega a la votación en la causa Vialidad golpeado por las repercusiones negativas que tuvo su voto en el caso de los cuadernos de las coimas. Allí se pronunció por evitar que Ángelo Calcaterra, el primo del expresidente Mauricio Macri, vaya a juicio oral con el resto de los empresarios, pues entendió que sus aportes fueron electorales, y no una coima para mantener los contratos de obra pública.
La fiscalía y la Unidad de Información Financiera pidieron la nulidad del fallo, en junio pasado, pero la Sala demora un pronunciamiento.
La condena y la resolución
Cristina Kirchner fue condenada el 6 de diciembre de 2022 en la causa Vialidad por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu a seis años de prisión. Gorini y Giménez Uriburu votaron por condenarla por el delito de fraude contra la administración pública. Y Basso, en minoría, se había pronunciado por sumar el delito de asociación ilícita, como lo reclamó el fiscal Luciani.
La Casación realizó entre febrero y el 9 de mayo de 2024 seis audiencias con el fiscal ante la Casación Mario Villar y los abogados defensores de los condenados y absueltos. Ahora deberán decidir.
Villar reclamó elevar a 12 años de prisión la pena de la expresidenta y que se la condene no solo por fraude al Estado, como lo hizo el tribunal oral, sino como jefa de una asociación ilícita por las 51 licitaciones irregulares. También, que se confirme su inhabilitación absoluta para ocupar cargos públicos. La otra idea es que se considere cada una de las 51 licitaciones como un hecho de fraude en particular y se agraven la pena en función del concurso de delitos.
El fiscal pidió que sean condenados por asociación ilícita Cristina Kirchner, como jefa, y como organizadores el exsecretario de Obras Públicas José López; el exministro de Planificación Federal Julio De Vido; el extitular de Vialidad Nelson Periotti, y el empresario Lázaro Báez. Asimismo, pidió que sean condenados Abel Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas; Héctor Garro, expresidente de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz, y Carlos Santiago Kirchner, exfuncionario de Planificación Federal y primo del expresidente Néstor Kirchner.
Para el fiscal Villar se deben aplicar las penas que pidió en el juicio oral el fiscal Diego Luciani: 12 años de prisión para Lázaro Báez, 10 años para De Vido y José López, seis años de prisión para Periotti; cuatro años para Fatala y tres años de prisión en suspenso para Garro. Respecto de Carlos Kirchner, Luciani pidió dos años de prisión en suspenso por administración fraudulenta.
Los jueces de la Casación escucharon también al abogado de Cristina Kirchner, Alberto Beraldi, que reclamó la absolución de su asistida. También argumentaron los abogados de De Vido, Periotti, Fatala, José López y Carlos Kirchner.
