La Justicia Federal ha iniciado una investigación sobre desmontes ilegales en la provincia del Chaco, luego de una denuncia presentada por la Asociación de Abogados Ambientalistas. El fiscal federal Patricio Sabadini ha solicitado a la jueza Zunilda Niremperger la instrucción formal del caso y el cese inmediato de las actividades de extracción forestal en las áreas afectadas.
Iniciaron una causa federal por desmonte
La denuncia, que data del 3 de julio de 2024, ha desencadenado una investigación que involucra a varios funcionarios y exfuncionarios de la provincia del Chaco. Los imputados incluyen al actual Ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible, Hernán Javier Halavacs; el ex Director de Bosques y actual empresario forestal, Miguel Ángel López; el ex Subsecretario de Desarrollo Forestal y actual asesor legal del Ministerio de Producción, Luciano Olivares; el intendente de El Espinillo, Zenón Cuellar; el ex director de Bosques Hernán Brumswig; y los diputados provinciales Atlanto Honcheruk y Juan José Bergia.
En diálogo con Noticiero 9 el fiscal Sabadini detalló que la investigación ha revelado una serie de irregularidades vinculadas a la deforestación y la desviación de fondos destinados a la protección de los bosques nativos. «La causa se inició a partir de la denuncia presentada por la ONG ambientalista. La investigación ha permitido identificar importantes irregularidades en la gestión de autorizaciones para la deforestación y el manejo de fondos», explicó Sabadini.
El proceso judicial abarca tres franjas cronológicas: una anterior a la sanción de la Ley 4005 en abril de este año, otra relacionada con su implementación, y una tercera posterior a la sanción. Sabadini destacó que «actualmente se están investigando a siete personas y se han solicitado casi 100 medidas cautelares», y añadió que «es fundamental verificar si existieron irregularidades en la gestión y si los fondos fueron mal utilizados».
La investigación también está revisando antecedentes relacionados con la deforestación en la provincia de Salta, que podría estar vinculada al caso. Según Sabadini, «se han deforestado más de 400.000 hectáreas, lo cual es alarmante». El Departamento Almirante Brown es la zona más afectada por los desmontes ilegales.
En cuanto a las posibles sanciones, el fiscal mencionó que «las empresas involucradas podrían enfrentar multas significativas y pérdida de concesiones». Además, los funcionarios implicados podrían enfrentar cargos por corrupción y manejo indebido de fondos públicos. «Vamos a pelear hasta las últimas consecuencias por la competencia federal en esta causa», afirmó Sabadini.
Finalmente, el fiscal enfatizó la necesidad de seguir investigando para determinar la responsabilidad de todos los implicados. «Es crucial que se realicen investigaciones exhaustivas para identificar a todos los actores involucrados y asegurar que se tomen las medidas adecuadas», concluyó.
