Diputados del Frente Chaqueño presentaron este miércoles en la fiscalía de primera instancia de Resistencia una denuncia de lavado de activos contra las autoridades...
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Diputados del Frente Chaqueño afirman que las maniobras involucraron empresas de reciente creación vinculadas al exfuncionario. "Todo esto son sospechas, pero las pruebas son...
El Juzgado Laboral Nº 1 de Resistencia hizo lugar a una medida cautelar y le ordenó al Ministerio de Producción del Chaco que mantenga en sus puestos laborales a 32 trabajadores y trabajadoras jornalizados del programa “Hábitat” y que participaron del concurso de pase a planta suspendido por el Superior Tribunal de Justicia. El gobierno de Zdero ya apeló la resolución judicial.
Es en la causa impulsada por concejales de la oposición que piden a la justicia que se declare inconstitucional y nula la aprobación de esa ordenanza con apenas seis votos cuando se requerían los dos tercios en el Concejo Municipal. En este caso, la Sala Primera de la Cámara Contencioso Administrativa no ha actuado con la misma celeridad con la que lo hizo a favor del Municipio cuando pidió la declaración de lesividad de los pases a planta.
En el marco del escándalo destapado por la presunta exigencia de “retornos” a contratados del InSSSeP para aportar a la caja política de la UCR, LITIGIO accedió a una serie de audios que forman parte del expediente judicial. En los mismos, se los escucha a quienes serían Raúl Cantero, comisario retirado y actual vocal en representación de los jubilados en el Directorio de la obra social estatal y a su hijo, Edgar, naturalizar el cobro de “peajes” como parte de las reglas del juego de la política partidaria, además de reconocer la existencia de más casos similares al denunciado.
La presentación fue realizada por el Sindicato de Camioneros del Chaco contra el mandatario chaqueño, Leandro Zdero; el jefe de Policía provincial, Fernando Romero, y el jefe de la División Infantería. Es por incumplir la ley que regula la actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas por echar con gas pimienta y empujones a ciudadanos y ciudadanas que marchaban contra la ley de Bases en Resistencia. Los denunciantes advierten que a través de la criminalización de la protesta se pretende instalar el “odio social” contra quienes se movilizan en defensa de sus derechos.
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La importancia de contar con apoderados que estén alineados con los principios y valores de un movimiento político es fundamental para garantizar la cohesión...
