La Policía del Chaco tiene órdenes precisas de convocar al Comando de Operaciones Especiales (COE) en situaciones de crisis entre las que se cuentan los casos de salud mental. Así lo pudo corroborar LITIGIO, tras acceder a la directiva emitida por el subjefe de Policía, Manuel Silva.
Dirigido a los supervisores de Zona Metropolitana I, II, III, IV, V, VI, XXII, XXIII, XXIV y XXV, como así también al jefe de Departamento del Servicio 911 y al jefe de la División Unidad Seguridad Hospitalaria, la orden tiene fecha del 10 de junio pasado y fue retransmitida por el Director General de Seguridad Metropolitana, Carlos Fernández.
En la misma, se recoge la directiva firmada por el subjefe Silva quien reconoció que se deben tomar mayores recaudos a la hora de intervenir en situaciones de alto riesgo debido a que se vienen observando “falencias en el desempeño del servicio”.
Para eso, enumeró tres puntos que los jefes policiales del Área Metropolitana deben cumplir y hacer cumplir. El punto uno establece que “al tomar conocimiento de un acontecimiento como ser tentativa de suicidio, toma de rehenes y/o cualquier otra situación en la que se halle en inminente peligro la vida de cualquier persona, inmediatamente deberá acudir al lugar del hecho el jefe de la Comisaría que por jurisdicción corresponda, quien con la urgencia del caso realizará un relevamiento de la situación que se le presente, para posteriormente activar el protocolo de intervención tendiente a disponer de las medidas preventivas y necesarias para procurar el resguardo de la vida en peligro”.
Posteriormente, se informa que el jefe de la Comisaría comunicará lo que está ocurriendo a sus superiores, sin perjuicio de dar inmediata intervención a la Directora de Abordaje Territorial, quien “se encargará de disponer un equipo de trabajo del Cuerpo de Operaciones Especiales (COE) a cargo del Jefe de Departamento, por intermedio de quien se articulará los mecanismos idóneos para la intervención del caso en particular, por donde se analizará si correspondiere la concurrencia de un mediador, franco tirador, entre otros. Como así también de forma similar a través del Director de Bomberos, quien se encargará de brindar un grupo de trabajo con personal especializado para el hecho”.
Finalmente, el punto tres de la directiva indica que el jefe de la Comisaría será el encargado de solicitar y dar inmediata intervención a la Fiscalía que en turno corresponda, como así también la presencia de personal de salud con la respectiva ambulancia situados en el lugar. Además, se deberá informar de manera inmediata vía telefónica a la jefe de Policía, Fernando Romero y al subjefe “quienes confirmarán la orden del traslado e intervención del grupo especializado del COE”, adelantando de manera verbal para seguidamente te detallar pormenorizadamente vía plantilla de WhatsApp.
Esta directiva policial tuvo gran implicancia en el caso de G.K.C., la empleada judicial que fue retirada a la fuerza de su domicilio del barrio Provincias Unidas, en Resistencia, el 7 de octubre pasado para ser internada contra su voluntad por sus problemas no tratados de salud mental. En esa ocasión, se puso el foco de las críticas en la actuación de la Policía del Chaco y principalmente en la presencia del COE en dicho operativo, por considerarla desproporcionada.
Órdenes
¿Cómo fue la secuencia completa de aquel día en donde la policía ingresó por la fuerza? El 7 de octubre se realizó por la mañana una reunión intersectorial de manera virtual solicitada por la Defensora General, Alicia Alcalá, teniendo en cuenta la situación de riesgo en la que se encontraba G.K.C., quien decidió discontinuar su tratamiento y no recibir al equipo de salud mental que la visitó tres días antes. De la reunión participaron representantes del Ministerio de Salud del Chaco, la Dirección de Salud Mental, autoridades policiales, el Órgano de Revisión de Salud Mental y el Servicio de Salud Mental del Hospital Perrando.
El encuentro virtual tuvo como fin coordinar estrategias de intervención para asegurar que la paciente reciba el tratamiento adecuado, acordando una nueva intervención de urgencia en su domicilio y posterior internación. Se justificó la medida en el hecho de que la mujer, en las condiciones en que se encontraba, era un riesgo para sí y para terceros.
Ese mismo día, pero a las 13.15, el psiquiatra, Juan Funes y la psicóloga, Virginia Di Giussepe, llamaron a la policía. Fue tras intentar de manera infructuosa convencer otra vez a G.K.C. de trasladarla al hospital Perrando para que retome su tratamiento, en cumplimiento del oficio remitido por la Defensoría General en donde se ordenó dar “inmediata intervención” al Equipo Tratante Interdisciplinario del Servicio de Salud Mental a efectos de “garantizar el derecho a la protección de la salud mental y el pleno goce de los derechos humanos de la señora G.K.C.”.
Dicho oficio (que reitera el realizado el 19 de septiembre pasado) tuvo como base un informe firmado por el psiquiatra, José Agüero, del Instituto Médico Forense del Poder Judicial quien al evaluar la situación de salud de G.K.C., dentro del marco de su licencia laboral por enfermedad, le solicitó a la Defensora General que considere “la intervención urgente del Equipo Tratante Interdisciplinario con el fin de realizar una evaluación actualizada, valoración de indicadores de riesgo informados oportunamente por los profesionales de la salud mental y constatados en Juntas Médicas e instaurar el tratamiento más adecuado” para, eventualmente, reubicarla en otro puesto de trabajo, “antes de proceder a tramitar la restricción a la capacidad y la jubilación por invalidez”.
G.K.C. tiene diagnóstico de “trastorno psicótico con delirio crónico”. Fue denunciada en reiteradas ocasiones por sus compañeros de trabajo por violencia laboral. Tiene dos antecedentes recientes de internación involuntaria: una en octubre y otra en noviembre del año pasado.
En respuesta a la llamada, uniformados de la comisaría Undécima intentaron persuadir a la abogada que acompañe al personal de Salud. Con amenazas de denuncias para todos, les reiteró que no iba a salir bajo ninguna circunstancia. Mientras tanto, un grupo de vecinos comenzaron a acercarse al lugar. Todos coincidieron en que no iban a dejar que la policía y el personal de Salud se lleve a G.K.C., y decidieron apostarse frente a su casa para impedir el traslado.
En ese marco, cada vez más caldeado, el psiquiatra Funes les reiteró a los jefes policiales presentes que, en base a la Ley de Salud Mental Nacional y Provincial y el Protocolo de Actuación, la policía debía ingresar al domicilio para asegurar la vida y la integridad física tanto de G.K.C. como de su hermano, B.C.
Ante este pedido, los encargados del operativo policial se comunicaron con la fiscal en turno, Rosana Soto, preguntando qué hacer. La fiscal respondió que no iba a intervenir porque lo que ocurría ahí no era un delito, y lo que correspondía en este caso era aplicar el Protocolo de Actuación de la Ley de Salud Mental.
Minutos más tarde llegó el mediador policial, Cristian Ramírez, para intentar, una vez más, persuadir a la abogada para que voluntariamente se suba a la ambulancia. Pero la decisión de la mujer ya estaba tomada.
En simultáneo, se llamó al Cuerpo de Operación Especiales de la Policía y a un Grupo de Infantería para que procedan a realizar un cordón policial. Esto, con la intención de evitar que los vecinos (unos 20 para ese momento) obstruyan el operativo.
Luego de casi dos horas de tratar de convencer a la abogada que salga y de lidiar con los vecinos, la Policía decidió entrar. Primero, rompieron el portón de entrada, la puerta de acceso y otras aberturas más. Cuando ingresaron a la casa, vieron que G.K.C. y su hermano B.C. estaban subidos al techo del vecino, intentando escapar.
Lograron interceptarla y personal de salud le administró Haloperidol 5 mg (antipsicótico) y Lorazepam 4 miligramos (sedante). Luego, la subieron a la ambulancia y la trasladaron hasta el Hospital Perrando donde quedó internada durante diez días. Luego volvió a su domicilio. La mujer continúa con su tratamiento de manera ambulatoria y sigue con licencia médica desde febrero de este año.
