La Cámara de Acusación de Córdoba ordenó que la detenida sea trasladada a una celda aislada para que no tenga contacto con nadie. Creen que “usó su identidad para ejercer una especie de dominio” sobre otras internas.
La Justicia de Córdoba tomó una decisión inédita sobre una presa. Gabriela Nahir Fernández había sido condenada con su identidad de varón por agredir a su pareja, cambió de género en la cárcel y por ese motivo, fue trasladado a un pabellón femenino del penal de Bouwer. En ese lugar, otra interna la acusó de haberla violado y como consecuencia, quedó embarazada.
Por ese motivo, la Cámara de Acusación ordenó la reclusión de Fernández en una celda aislada, donde no tenga contacto con hombres ni mujeres. “Para garantizar los derechos de la aquí imputada, se han puesto en riesgo los de 481 internas”, recriminó el fallo, firmado el 31 de octubre.
Denuncias reiteradas y violencia extrema: los antecedentes de la acusada
Fernández cumplía una pena por lesiones leves calificadas y privación de la libertad calificada en un pabellón masculino, tras ser detenida en 2016 con su identidad masculina. Al hacer un cambio de género, fue trasladada al de mujeres en 2018.
Al poco tiempo, ya con su DNI nuevo, salió en libertad condicional. En 2019, Fernández fue acusada por su entonces pareja y volvió a prisión. Un dato llamó la atención de los investigadores: la víctima denunció a esta persona con un nombre masculino.
“Una vez en libertad, surge confusamente que formula denuncias contra su pareja del momento adoptando su anterior identidad. Otras parejas de ese lapso en libertad también la denunciaron por hechos vinculados a violencia de género”, describieron los jueces.
En ese sentido, señalaron: “Paradójicamente, nos encontramos ante un supuesto contrario al previsto, es decir, la imputada, quien se autopercibe mujer y perteneciente al grupo LGBTI, es la que convierte en víctimas o presas de sus necesidades o gustos a sus compañeras, aprovechando, claro está, que se encuentra alojada en un establecimiento que no estaría preparado para esos casos de excepción, al menos por el momento”.
Una vez que entró de nuevo a la cárcel de mujeres, empezaron a acumularse acusaciones de amenazas y agresiones contra Fernández. La situación alcanzó un punto crítico cuando se denunció que había abusado de otra interna, que quedó embarazada, lo que motivó a la Justicia a revisar su situación carcelaria.
El fallo reciente describe a Fernández como una persona que, en lugar de adaptarse a las reglas del penal, “usó su identidad para ejercer una especie de dominio sobre otras internas”. En un entorno sin protocolos claros para casos como el suyo, los jueces señalan que Fernández impuso “viejos códigos carcelarios” en el pabellón, usando su género “binario” para intimidar y manipular al resto de las mujeres alojadas.
Según el expediente, Fernández no solo protagonizó conflictos reiterados dentro del penal, sino que también acumuló sanciones disciplinarias por comportamientos que “alteran constantemente el orden del pabellón”. La situación generó una fuerte preocupación en las autoridades, que finalmente decidieron que ella no podrá compartir celda ni con mujeres ni con hombres, dada la complejidad de su caso.
Una semana después de la denuncia, se autorizó al Servicio Penitenciario provincial al traslado del Establecimiento Penitenciario N°3 de mujeres a otro establecimiento por acumulación de sanciones disciplinarias.
