La decisión de Cristina Kirchner de exigir cargos judiciales a cambio de apoyar las nominaciones como jueces de la Corte Suprema de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla complicó los planes del Gobierno y dislocó el escenario político en el Senado, en donde la posibilidad de un acuerdo entre Milei y el kirchnerismo cayó muy mal en los bloques de la oposición dialoguista, que han decidido aplicar el freno de mano y esperar a tener un panorama más claro antes de avanzar con el trámite de los pliegos de los candidatos.
“Resulta que los que dicen que están contra la casta ahora van a sentarse a negociar con [Eduardo] Wado de Pedro y con Cristina Kirchner, que intentó meter 50 jueces federales por la ventana antes de que terminara el mandato de Alberto Fernández”, se quejó en diálogo con LA NACION un senador que si antes no ponía objeciones a la nominación de Lijo, a pesar de los cuestionamientos morales y profesionales que pesan sobre el juez federal, ahora quiere saber qué tipo de negociación transcurre por debajo de la mesa entre el Gobierno y el kirchnerismo antes de tomar una decisión.
Más allá de las objeciones políticas, el principal motivo de la cautela y el silencio de la oposición dialoguista apunta a saber qué papel va a jugar en esta supuesta negociación reclamada por el kirchnerismo. No quieren ser simples partenaires y ver cómo Milei y Cristina Kirchner se reparten cargos judiciales sin tener participación alguna.
El primer resultado del cambio de escenario quedó reflejado en el congelamiento del dictamen de la Comisión de Acuerdos a favor de Lijo que la semana pasada había empezado a circular y que, según fuentes legislativas bien informadas, había llegado a reunir la firma de tres senadores. Desde que el juez federal defendió su pliego en audiencia pública ya han pasado más de diez días y el despacho, paso necesario para que se pueda discutir su nominación en el recinto, sigue sin avanzar.
La publicación por parte de LA NACION del reclamo kirchnerista de una nueva negociación a cambio de los cargos en la Corte cayó como un rayo que fulminó el trámite legislativo. Así, el peronista salteño antikirchnerista Juan Carlos Romero (Cambio Federal) reiteró su postura de que no firmaría el despacho hasta que no lo hicieran los senadores de Unión por la Patria. Por su parte, los radicales Martín Lousteau (Capital), Maximiliano Abad (Buenos Aires) y Mariana Juri (Mendoza), miembros de la Comisión de Acuerdos, decidieron esperar hasta que se aclare el panorama antes de decidir si apoyaban a los candidatos del Gobierno.
Pero la situación fue empeorando con el correr de las horas. Así, por ejemplo, en un despacho de Pro se escucharon críticas a la exsenadora María de los Ángeles Sacnun, uno de los nombres que supuestamente pretendería impulsar Cristina Kirchner al máximo tribunal a cambio de darle el apoyo a Lijo de los senadores que le responden.
“No pienso darle mi voto a una persona que creó cientos de cargos judiciales a pedido de Cristina Kirchner a medianoche en una sesión por zoom en plena pandemia”, estalló el legislador. Sacnun era la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales cuando se trató la finalmente fallida reforma judicial durante el gobierno de Alberto Fernández. En esa función tuvo la misión de anunciarle al Senado el festival de creación de juzgados federales y cargos judiciales que se le introdujeron al proyecto de ley que había aprobado la Cámara baja. El texto volvió, así, modificado en segunda revisión a Diputados, de donde nunca más pudo salir hasta que perdió estado parlamentario.
El dictamen todavía nonato de Lijo tiene una historia por demás interesante que sirve para graficar un trámite legislativo que es absolutamente sui generis para la historia del Senado pero que suena lógico si se toma en cuenta que es la primera vez que una fuerza política gobierna en minoría en ambas cámaras legislativas.
A contramano de lo que es tradicional, el que se encargó de buscar apoyos para el dictamen de Lijo no fue un senador o un miembro del oficialismo en la Cámara alta, sino que lo hizo un funcionario del Poder Ejecutivo. Según fuentes legislativas confiables, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, fue quien anduvo recorriendo despachos en la Cámara alta tratando de reunir firmas para el escrito que fundamenta el apoyo a la nominación del polémico juez federal para ocupar un sitial en el máximo tribunal del país.
Un dato llamativo, uno más, es que en el Senado nadie quiere decir quién redactó el dictamen que impulsa la designación de Lijo. Algunas versiones hablan de que fue escrito en una oficina del Poder Ejecutivo. Otras sostienen que se cocinó en el Senado. Ambos escenarios excluyen la intervención de la bancada oficialista de la Cámara alta, que conduce el jujeño Ezequiel Atauche.
Rolandi trajinó los pasillos de la Cámara alta en la tarde del último martes y sólo consiguió el apoyo de tres de los 17 miembros de la Comisión de Acuerdos. La Casa Rosada necesitará reunir nueve rúbricas si pretende que alguna vez los pliegos de Lijo y García-Mansilla lleguen al recinto del Senado.
