El inminente traspaso de administración de las bases e instalaciones antárticas al Ministerio de Defensa enciende las alarmas dentro de la Cancillería.
La molestia gira alrededor de dos situaciones: la incertidumbre de los trabajadores y las consecuencias de esta decisión en lo que se especula puede ser una pérdida de soberanía que deja al país al borde del incumplimiento del Tratado Antártico y la ley 18.513.
En el primer caso, el ministerio de Luis Petri quedaría a cargo del control de la política científica y militar de las 13 bases en ese territorio dejando sin actividad a la Dirección Nacional del Antártico que está bajo la órbita del Ministerio que conduce Diana Mondino.
«Dicen que es un traslado logístico pero nadie explica nada y hay preocupación», afirman fuentes diplomáticas preocupadas por la situación. Además, remarcan el desconocimiento de la áreas del Ministerio al darle conformidad a este traspaso «sin saber las consecuencias que pueden tener».
El segundo es el más delicado porque el traspaso implicaría una militarización que contradice las prácticas de otros países del mundo y podría generar riesgos. «Chile y Reino Unido usan buques civiles porque la administración de Defensa no funcionó. Estamos yendo a contramano del mundo», apuntan fuentes especializadas en el tema.
En ese sentido, una mayor presencia militar podrían generar una hipótesis de conflicto que expone al país a observaciones, multas y sanciones por parte de otros países miembros del Tratado Antártico porque se trata de un continente dedicado a la ciencia, el cuidado de medio ambiente y la paz.
El Tratado Antártico, firmado el 1 de diciembre de 1959 y al que Argentina adhiere, regula las relaciones entre los Estados signatarios en relación con la Antártida. Este acuerdo incluye disposiciones fundamentales como el uso exclusivo de la Antártida para fines pacíficos (Art. I), la garantía de libertad para la investigación científica y la cooperación en ese ámbito (Art. II), y el compromiso de las Partes Contratantes de intercambiar observaciones y resultados científicos sobre la Antártida, los cuales deben estar disponibles libremente (Art. III).
La impulsora de este cambio de orientación es la Secretaria de Malvinas, Paola Di Chiaro, que se asesora constantemente con militares. «En el expediente del traspaso no hay indicios de que pase por la DNA, lo cual presenta una irregularidad porque la DNA es el área sustantiva y la autoridad de aplicación, sumando a que sacan funciones y competencias», remarcan las fuentes.
En ese sentido, en el convenio de traslado al que accedió LPO se acuerda la cantidad de plazas científicas, el uso de instalaciones que en la Cancillería dicen «es una mentira». «Si hoy (aún teniendo una administración mixta) nos cuesta la planificación y negociar las plazas científicas, con la ejecución de este traspaso al MINDEF, la DNA perdería totalmente el poder de negociación», alertan.
A su vez, cuestionan que «¿Para qué transferir también el Patrimonio de DNA? Esto claramente demuestra lo desfinanciado que está el Comando Conjunto Antártico (COCOANTAR). Ellos solo deben ocuparse de conducir las operaciones logísticas, pero no la administración total de las bases e instalaciones antárticas «.
«El proyecto de resolución no tiene sentido dado que hay leyes que se deberían derogar y una resolución interministeria no mata Ley. Desde el punto de vista del informe técnico, es una irregularidad en sí mismo y un atropello a leyes nacionales y a un Tratado Internacional», concluyen.
Otra paradoja que llama al atención es la diferencia de la velocidad de algunos expedientes. Mientras el traslado de competencias impulsados por Di Chiaro ya se circula en todas las oficinas, el nombramiento de la Directora Nacional de la Antártida, Cynthia Hotton, se encuentra cajoneado desde el mes de junio.
En el fondo de las sospechas aparece la decisión del gobierno de alinearse con Estados Unido y la OTAN, lo que incluye el abandono paulatino del reclamo por las Islas Malvinas.
Como reveló en exclusivo LPO, el ministerio de Defensa designó a un funcionario de la embajada de Estados Unidos como director de ciberseguridad, un decisión inédita que muchos consideran una entrega de la soberanía, en este caso de los datos de la población.
En el caso de las bases, el temor es que se utilicen pretextos de falta de capacidad logística o algún argumento similar para decir entregar alguna de esas bases a potencias extranjeras.
Fuente de Defensa aclararon a LPO que «de ninguna manera» se busca cambiar la orientación para militarizar la Antártida sino que el objetivo es unificar la logística para que funcione mejor.
En ese punto, remarcan que las dos bases de Cancillería (las otras 11 las maneja Defensa) son las peores en términos de funcionamiento y de infraestructura.
