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Economia

Advierten que menos del 10% del gasto se puede ajustar sin tocar jubilaciones o salarios

La mayoría del gasto público se destina a salarios, jubilaciones, asignaciones sociales y otras partidas que se actualizan con la inflación pasada.

La reducción del déficit que se propone Guzmán a partir del entendimiento con el FMI implica una profunda y creciente revisión del gasto público para hacer recortes ya que, sin esto y solo con crecimiento de la economía, el déficit del 2022 será igual o mayor al de 2021.

El primer obstáculo para esto es la naturaleza de las partidas del gasto. Así lo advirtió este viernes el economista y director del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la UB, Víctor Beker a partir de un informe de un informe de la Oficia de Presupuesto del Congreso Nacional: “sólo el 10% del gasto de la Administración Pública Nacional tiene flexibilidad” a la baja en términos nominales, mientras que más del 60% son gastos rígidos que dependen de alguna normativa para su actualización.

“Esta proporción ha venido disminuyendo en los últimos años, tornando el gasto público cada vez más rígido y reduciendo el margen de acción para reducirlo o reordenarlo”, aclaró Beker.

“En efecto, durante el período comprendido entre 2010 y 2021, los gastos rígidos, mayoritariamente compuestos por jubilaciones y pensiones, remuneraciones al personal, intereses de la deuda y asignaciones familiares, entre otros, fueron aumentado su peso en el presupuesto, alcanzando un máximo del 80% en 2019, tras tocar un mínimo del 57,9% en 2014”, detalló el economista.

“No lo digo yo, lo dice el Congreso. El margen de acción para la reducción discrecional del gasto es muy poco. En cambio, el único mecanismo que permite reducir todo el gasto en términos reales independientemente de la normativa es la inflación creciente”, sintetizó Beker en diálogo con LPO.

El margen de acción para la reducción discrecional del gasto es muy poco. En cambio, el único mecanismo que permite reducir todo el gasto en términos reales independientemente de la normativa es la inflación creciente

Es que los ingresos tributarios evolucionan siguiendo la inflación presente y la mejora en la actividad y el gasto público lo hace en función de la inflación pasada. “Entonces para hacer crecer más los ingresos que los gastos, la inflación tiene que ser mayor a la del año pasado. Esto es lo que viene pasando y es el principal instrumento que tiene el Gobierno para cumplir la reducción del déficit que se propuso. Cuanto mayor es la diferencia entre la inflación pasada y la presente, más se logra comprimir el déficit en términos reales”, acotó.

En efecto, como consignó este medio, inflación mediante y gracias a la suspensión de la fórmula de actualización de haberes aprobada durante el gobierno de Macri, entre 2019 y comienzos 2021 el Gobierno logró una reducción del gasto en jubilaciones superior al 6% en términos reales.

Fue esta también el mecanismo con el que se redujo el peso de los salarios en el presupuesto en 2020, pero en 2021 los salarios en general y los de los empleados públicos en particular volvieron a ganarle a la inflación después de tres años de pérdida sistemática del poder adquisitivo.

Por eso, para los analistas, para que este año las cuentas cierren y el Gobierno logre reducir el déficit al 2,5% del PBI va a ser necesario al menos 50% de inflación para que no haya crecimiento real del gasto en jubilaciones, asignaciones sociales y salarios. Y que, además, haya un fuerte aumento en las tarifas para que la suba de los costos de generación de energía no haga crecer los subsidios a la energía. Pero para 2023, las exigencias van a ser mayores y obligar a revisar las partidas más rígidas a la baja.

“Según la estimación de la Oficina de Presupuesto, en 2021, los gastos con rigidez alta afectaron aproximadamente al 63,6% del gasto total; los clasificados como de rigidez media participaron con el 24,8%; y el resto, es decir el 11,5%, correspondió a aquellos gastos más factibles de reasignar. Estrictamente, si nos limitamos a los gastos clasificados como sin rigidez y con fuentes de financiamiento sin afectación, sobre los que el Gobierno tiene mayor margen de acción, éstos representaron apenas el 9,8% del gasto total”, precisó Beker.

 

“Entonces queda poco no indexado y es escaso el margen de decisiones que se pueden modificar en el año corriente”, agregó el especialista para el que el Gobierno este año cuenta con la ventaja de contar con el Presupuesto de 2021 en lugar de uno de 2022. Esto debido a que, por su nominalidad, implica mayores restricciones para el gasto.

“De todos modos, supongo que una vez cerrado el acuerdo, el Gobierno va a presentar ante el Congreso un nuevo Presupuesto para 2022 con las pautas y políticas para llegar al déficit primario acordado”, concluyó.

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